La megaobra incluye un canal húmedo y otro seco, un ferrocarril, dos aeropuertos, una zona de libre comercio y un oleoducto para transportar principalmente petróleo del Caribe al Pacífico. El proyecto de ley que entrega al consorcio chino HK Nicaragua Canal Development Investment Co., con sede en Hong Kong, la concesión para la construcción y gestión de la monumental obra por un período de 50 años, prorrogable por otros 50, deberá ser aprobado mañana o a más tardar el jueves por la Asamblea Nacional del país centroamericano.
Y aunque se da por descontado que el proyecto reunirá sin inconvenientes los votos que necesita en el Legislativo —64 de los 92 escaños están en manos de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente, Daniel Ortega—, ya comienzan a escucharse las primeras voces disidentes.
Miembros del opositor Partido Liberal califican de “engaño la intención de otorgar al consorcio chino, una empresa desconocida y creada hace 10 meses, la concesión para construir y operar durante un siglo el canal”. “Se pretende otorgar una concesión, privilegios, exoneraciones y exenciones de impuestos a una empresa desconocida”, denunció asimismo el disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y exigió informes sobre los dueños, capacidades técnicas y económicas de HK.
Para darle peso jurídico al megaproyecto, el gobierno y los inversionistas chinos crearon tres sociedades anónimas: la principal, HK Nicaragua Canal Development Investment Co., con sede en Hong Kong, que para operar en Nicaragua constituyó la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A. (Edgisa), con sede en Managua, y HKND Group Holding Limited, inscrita en Gran Caimán el 7 de noviembre de 2012. El director de HK Nicaragua y Edgisa es Wang Jing, un empresario chino que aparentemente dirige el consorcio legal Wang Jing & Co., que cuenta con nueve oficinas en China, incluidas las ciudades de Guangzhou, Shanghái y Pekín, pero no Hong Kong.
“Lo que están haciendo es una empresa de papel, porque el representante de la firma, Wang Jing, no es un inversionista sino un abogado”, denunció el Partido Liberal Independiente (PLI).
En el proyecto de ley enviado al parlamento se explica que Edgisa es una sociedad anónima debidamente constituida según las leyes de Nicaragua el 15 de noviembre de 2012. Sin embargo, los opositores denuncian que el proyecto es una ilusión, una fachada que podría esconder oscuros negocios, pues la inversión asciende a US$40.000 millones, un monto 25 veces mayor que el presupuesto de gastos de Nicaragua, y el Gobierno no ha presentado ningún estudio de factibilidad económica y tampoco ambiental. El proyecto será sometido hoy a consultas y, según Ortega, será aprobado mañana, “día en que el sueño se convierte en realidad”.
Por El Espectador
