Ecuador demandará a Colombia

Por presunta violación al derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la soberanía de su territorio, el procurador general de Ecuador, Diego García Carrión, en representación de su Estado, se apresta a demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia por los hechos presentados en la madrugada del 1º de marzo de 2008, cuando fue abatido en un operativo militar el segundo hombre de las Farc, conocido con el alias de Raúl Reyes.

El Espectador conoció por fuentes del vecino país que la petición formulada por el Estado ecuatoriano apunta a demostrar que no sólo varios oficiales de la Fuerza Pública colombiana ejercieron un indebido control en territorio de Ecuador para bombardear el campamento donde se encontraba Raúl Reyes, sino que en la acción le dieron muerte al ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina, sin que hoy exista una investigación judicial convincente sobre lo sucedido cerca de la frontera.

El documento, que se está preparando y que incluye abundantes anexos entre discos compactos, providencias, oficios e informes de prensa, sostendrá que la muerte de Aisalla Molina se produjo como una ejecución extrajudicial y que era un deber del Estado colombiano iniciar de oficio una investigación judicial sobre el caso. Según Ecuador, las irregularidades del operativo fueron más allá, pues además de ser alterada la escena de los acontecimientos, tres mujeres sobrevivientes fueron abandonadas a su suerte en el sitio.

La demanda ante la CIDH busca plantear que el Estado colombiano es responsable por violación al derecho a la vida, las garantías judiciales y la Convención de Derechos Humanos y, en consecuencia, pedirá una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos, una indemnización para la familia de Franklin Aisalla, una petición de disculpas al Estado ecuatoriano y que en el sistema educativo colombiano se desarrolle una campaña para insistir en la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.

Este diario supo que el Procurador ecuatoriano referenciará conceptos emitidos por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de acuerdo con los cuales las acciones militares implican ejercer un control efectivo sobre un área, y aunque se trate de una región fuera del territorio propio, el Estado que la adelanta debe asumir la responsabilidad sobre las consecuencias que se deriven de su acto. En otras palabras, se buscará probar que la Fuerza Pública colombiana debe responder por lo sucedido en la denominada ‘Operación Fénix’ de 2008.

Según Ecuador, sus permanentes requerimientos sobre lo sucedido a Franklin Aisalla Molina, han sido desatendidos y por eso la petición apunta a demostrar que han sido bloqueadas las acciones de la justicia ecuatoriana, y que el Estado colombiano se ha negado a individualizar a las personas que participaron en la acción. En el reclamo se asegurará que Aisalla murió por repetidos y sucesivos golpes en el cráneo y que esta muerte se encuadra dentro de los patrones de actuación de la Fuerza Pública colombiana en ejecuciones extrajudiciales.

La demanda de Ecuador abundará en detalles sobre lo sucedido en la madrugada del 1º de marzo de 2008, que se trató de un operativo planeado con muchas semanas de anticipación, el conocimiento que tenía toda la cúpula militar sobre la ubicación del guerrillero Raúl Reyes y los detalles del ataque mismo. En el documento se pretende concluir que el bombardeo dejó al menos 11 cráteres en la zona y que algunos peritos internacionales dieron cuenta de que 25 personas murieron, algunos en circunstancias inexplicables.

En cuanto a la presunta violación a la soberanía de Ecuador, la información conocida por El Espectador, que al parecer será formalizada en los próximos días ante la CIDH, manifiesta que se quebrantó la cartilla de seguridad que determina que en casos como el presentado en la frontera colombo-ecuatoriana, los dos Estados debieron actuar. Según Ecuador, sus autoridades no sólo no se enteraron, sino que los integrantes de la Fuerza Pública colombiana deliberadamente incursionaron a baja altura para eludir sus radares de control.

De esta manera, de concretarse la petición de Ecuador a la CIDH, se abriría un nuevo capítulo en las tensas relaciones internacionales entre los dos países, que precisamente hoy no tienen vínculos diplomáticos formales a raíz del operativo de marzo de 2008 en que fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes. Según el procedimiento legal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá examinar el caso y determinar si es admisible a la luz de la Convención Interamericana. De prosperar la acción, podría terminar en la Corte Interameriacna de Derechos Humanos.