“Ecuador está agraviado y herido”: Vicecanciller

¿Cómo vive Ecuador los hechos del 1º de marzo?

La invasión de Colombia dejó un sentimiento de pérdida y atropello. El tema de violación de nuestro territorio parecía superado a partir de un acuerdo que hicimos en el año 98 con Perú, luego del corto enfrentamiento del año 95.

¿Cómo cayeron las declaraciones de la OEA y del Grupo de Río?

Ecuador se sintió satisfecho con esos pronunciamientos, porque los argumentos ecuatorianos sobre temas de soberanía fueron recogidos en extenso. Reiteran en ambos casos nuestra soberanía y no excusan, bajo ningún punto de vista, la violación del Derecho Internacional. Los derechos se sostienen sobre la base de una ley. El principio de soberanía es un principio fundamental que está contenido en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de la OEA. Hubo también algo que fue de suma importancia para nosotros: la promesa de Uribe de que nunca más se permitiría la violación de nuestro territorio.
 
¿Qué opina usted de las declaraciones del ministro Santos?

Las declaraciones del ministro Santos sobre legítima defensa en el caso de la violación de nuestro territorio son un problema. El respeto a la soberanía es en esencia un derecho a la seguridad. Esas declaraciones nos cayeron como un baldado de agua fría porque no estamos seguros hoy si la historia se vuelva a repetir. Las declaraciones que el jefe de las Fuerzas Militares dio hace unos días en el sentido en que quien este con las Farc es objetivo militar del Ejército colombiano son, por decir lo menos, ambiguas. Esperamos que esas declaraciones vayan dirigidas a quien esté, en términos físicos, junto a combatientes de las Farc dentro del territorio colombiano. Colombia ha generado así una gran desconfianza. Primero afirmó: me porté mal. Pero luego remata: atacar en Ecuador era un deber. Yo espero que estas declaraciones oficiales vayan dirigidas a las Farc.

¿Cómo interpreta el caso Aisalla?

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de hacer respetar los derechos de todos sus ciudadanos. No es una opción; es una obligación constitucional. No actuar así sería un precedente nefasto. Toda persona es inocente mientras no sea declarada culpable. El juicio a Aisalla compete exclusivamente a tribunales ecuatorianos. Es claro: si un ecuatoriano ha infringido la ley en el Ecuador, tiene que ser juzgado por un tribunal ecuatoriano; igual pasa en Colombia. Se debe buscar que se esclarezcan los hechos por la vía judicial, que es la vía de todo Estado de Derecho. Hay que demostrar que el señor ha quebrantado la ley ecuatoriana antes de condenarlo.

Esto nos lleva al computador de “Reyes”…

El presidente Uribe ofreció al presidente Correa enviar los fallos de la Comisión Técnica que analiza los documentos del computador concernientes al Ecuador. El presidente Correa aceptó el ofrecimiento. Sin embargo, lo que se nos envió fue una trascripción en papel, un material que no fue procesado de acuerdo con normas legales existentes. Ese material para ser aceptado como prueba debe ser sometido a procedimientos judiciales estrictos que garanticen la legalidad. Los procedimientos del debido proceso aplican también aquí. Los documentos deben ser contrastados y probada la veracidad de las fuentes. Eso de que en la computadora de “Reyes” hay documentos que incriminan a determinadas personas no quiere decir ellas sean culpables por el hecho de aparecer ahí. Esos documentos no son una prueba en sí. Podrían reforzar una hipótesis, pero no son prueba suficiente. Inclusive puede darse el caso de que un documento haya salido realmente de una computadora, pero eso no quiere decir que su contenido sea fidedigno. En este asunto hay dos aspectos. El primero es que se debe probar que esos documentos sí estaban efectivamente en el computador. El segundo asunto consiste en identificar si lo que dice esa información corresponde a la realidad.

¿Ecuador respalda la demanda de México de indemnizar a los familiares de los muchachos muertos en la acción del 1º de marzo?

Cuando se quebranta el derecho a la vida —y se quebranta por el contexto de los acontecimientos—, la víctima tiene el derecho a la reparación, independientemente de si era miembro o no de un grupo al margen de las leyes colombianas y ecuatorianas. Debo repetirlo: Ecuador no reconoce ni formal ni legalmente a las Farc. Pero las víctimas tienen derechos básicos y los familiares pueden y deben reclamarlos. Incluso, quienes cometen delitos comunes están cobijados por el derecho. Para Ecuador esto es muy claro. El caso de las colombianas heridas está en manos de la justicia ecuatoriana.

¿Se reanudarán relaciones a corto plazo?

Ecuador estuvo interesado en hacerlo. Colombia fue quien en primera instancia manifestó su interés de reanudar relaciones con el Ecuador. El Ecuador cree que es útil que haya relaciones entre los dos Estados en los niveles político, diplomático y comercial. De eso no hay duda alguna. Cuando los motivos que dieron paso a la ruptura se modifican, las relaciones vuelven a su cauce. Lamentablemente, a pesar de nuestra buena disposición, vino toda esa campaña dirigida y premeditada de Colombia contra Ecuador, orientada a difundir una imagen del Ecuador que los ecuatorianos no sólo no compartimos, sino que nos agravia y nos hiere. El Gobierno Nacional ha repudiado claramente y en repetidas veces la acción de las Farc. No está de acuerdo con sus métodos, ni medios, ni vías, y mucho menos si esas acciones tienen lugar en territorio ecuatoriano. Ecuador sabía tanto del lugar donde se hallaba “Reyes” como Colombia puede saber del sitio donde está “Marulanda”. En Colombia está el “Mono Jojoy” y está “Marulanda”. ¿Por qué no los atrapan?