La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció el viernes en conferencia de prensa que “el gobierno ecuatoriano ha decidido que vamos a acogernos al plazo de garantía de hasta 30 días para no hacer el desembolso” que debería realizarse el sábado.
El plazo consta en el acuerdo de contratación de la deuda y no representa ninguna penalidad para Ecuador.
Los bonos 2012 representan 1.250 millones de dólares y tienen un interés de 12% anual. Cada año, Ecuador debe cumplir dos pagos de 30,6 millones de dólares, uno el 15 de mayo y otro el 15 de noviembre.
Viteri explicó que la decisión del gobierno no tiene relación con una falta de recursos para cumplir el pago sino que responde a la necesidad de evaluar el informe elaborado por una comisión designada hace más de un año por el presidente Rafael Correa para auditar la deuda pública y que habría encontrado irregularidades.
“Al encontrarse serios indicios de ilegalidad hemos decidido esperar a la entrega de este informe de manera oficial para entonces, evaluando con los técnicos y con una comisión de juristas internacionales cuál es la decisión que el gobierno nacional, en pro de la soberanía, en pro de la justicia y en pro de la legalidad, va a tomar”, añadió Viteri.
Dijo que se espera que el informe sobre la deuda, de más de 30 mil páginas, se haga público el lunes.
El informe fue elaborado por la Comisión de Auditoría Integral sobre el Crédito Público, creada en julio del 2007 por el presidente Correa. La comisión está integrada por cuatro funcionarios gubernamentales, seis personalidades de la sociedad civil conocidas por sus cuestionamientos al pago de la deuda externa y tres analistas internacionales.
Viteri defendió el trabajo de la comisión y dijo que “el país está cansado de los abusos que ha tenido a nivel de este tipo de relaciones (deuda) con ciertos sectores internacionales y... tenemos que ser asesorados por técnicos de gran nivel para poder tomar una decisión responsable ante el país”.
Ramiro Crespo, del banco de inversiones Analytica Securities, basado en Quito, “que esto lo que está haciendo es aumentando el riesgo del Ecuador, reduciendo el costo de la deuda, ayudando a los especuladores y perjudicando a los inversionistas de largo plazo”.
Señaló que la información de presunta ilegitimidad de la deuda “no es suficiente para declarar a la deuda ilegítima... quien tiene que declarar esa ilegitimidad es un tribunal independiente de donde contrató la deuda Ecuador”.
Los bonos Global 2012, al igual que otros denominados 2015 y 2030 son parte de los papeles comerciales emitidos por el Ecuador.
Los Global 2012 y 2030 se intercambiaron en el 2000 por unos anteriores denominados Brady --con vencimiento en 2025 -- que habían sido emitidos en 1994 por el gobierno del entonces presidente Sixto Duran Ballén como un mecanismo para refinanciar la deuda en mora que tenía entonces.
El presidente Jamil Mahuad había anunciado en agosto de 1999 una moratoria unilateral de los bonos Brady y al año siguiente el sucesor de Mahuad, Gustavo Noboa, propuso a los tenedores el canje de bonos en medio de una crisis económica que condujo a la quiebra a 42 bancos y desató una hiperinflación.
En el 2005, Ecuador emitió los bonos Global 2015. Todos los bonos Global son “al portador”. Los tres tipos de bonos suman: 4.600 millones de dólares. La deuda total del Ecuador hasta agosto sumó 12.992 millones de dólares que representa el 26,8% del Producto Interno Bruto.