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El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio de 2026.
El Departamento de Estado argumentó la decisión describiendo a ambas bandas como las organizaciones criminales más grandes del país suramericano y responsables de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles”.
La designación se ha oficializado después de que el senador y candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro solicitara directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca el martes, que clasificara a estas organizaciones como “narcoterroristas”, al considerar que cumplen con los requisitos para esa designación.
Bolsonaro, que competirá en las presidenciales de octubre, se presenta como un candidato de línea dura en materia de seguridad y ha prometido acciones severas contra ambas pandillas callejeras, que desde 1970 se han expandido en Brasil y controlado parte importante de su sistema carcelario.
El hijo del expresidente, Jair Bolsonaro, se encuentra en una contienda electoral abierta con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ha opuesto abiertamente a la designación de ambas bandas argumentado que esto podría justificar una intervención militar estadounidense en su territorio.
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) cuentan con decenas de miles de miembros entre integrantes directos y redes de apoyo, según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad.
En los últimos años, Estados Unidos ha aplicado sanciones y designaciones similares contra varias organizaciones criminales transnacionales, entre ellas los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, a las que ha incluido en distintas listas de terrorismo o sanciones financieras.
Estas medidas buscan restringir sus redes de financiamiento, limitar su movilidad internacional y aumentar la presión sobre sus estructuras operativas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada en la región.
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