A partir del otoño pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos gastó 464 millones de dólares en un contrato sin licitación para comprar 10 aviones usados a una empresa en el norte de Virginia.
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Ese fue un precio enorme, pero el departamento dijo que no tenía tiempo para considerar otras ofertas. Los aviones se necesitaban con urgencia para vuelos de deportación.
Pero desde entonces, la dependencia apenas ha utilizado esta nueva flota, para deportaciones o para cualquier otra cosa.
Tres de las aeronaves son aviones ejecutivos de lujo. Apenas unos meses después de adquirirlos, el departamento intentó prestar o arrendar dos de ellos a otras agencias, incluido uno para el uso del director del FBI, Kash Patel, según una carta enviada al departamento el miércoles por los principales demócratas del Comité de Asignaciones del Senado.
Los otros siete son aviones de pasajeros Boeing 737 más antiguos, que el gobierno ha dejado estacionados en un aeropuerto en Lake Charles, Luisiana, durante periodos de meses. Un documento interno del gobierno, obtenido por The New York Times, indicaba que la agencia no contaba con el personal necesario para operarlos.
Las adquisiciones fueron parte de una oleada de contratos apresurados otorgados recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional, que ha recurrido de manera reiterada al argumento de la “urgencia” para eludir los procedimientos de contratación habituales. Los aviones inactivos resaltan los riesgos de dicho enfoque. La agencia se lanzó precipitadamente a gastar casi 500 millones de dólares, solo para acabar con aviones que no volaba.
El contrato también puso de relieve una tendencia más amplia dentro del segundo gobierno de Donald Trump: contratos sin licitación otorgados a personas con conexiones con Trump o los secretarios de su gabinete. La empresa que recibió este contrato, Daedalus Aviation Corporation, está dirigida por un presidente que había realizado donaciones a un comité político que apoyaba a la anterior secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Desde hace mucho tiempo, la agencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del departamento ha subcontratado sus vuelos de deportación mediante el alquiler de aviones de empresas privadas. También utiliza aeronaves militares y de la Guardia Costera. Por ello, exfuncionarios migratorios dijeron que parecía haber poca necesidad de que el departamento asumiera el gasto de comprar y mantener un número considerable de aeronaves propias.
“Si me pidieras que escribiera una lista de las cosas que ICE necesitaba para aumentar el número de deportaciones, comprar su propia flota de aviones definitivamente no estaría entre las diez primeras”, dijo John Sandweg, exdirector interino del ICE durante el gobierno de Barack Obama.
En un comunicado escrito, el Departamento de Seguridad Nacional intentó trasladar la responsabilidad del contrato a Noem. El presidente Trump la despidió en marzo, y nombró secretario a Markwayne Mullin, un senador republicano por Oklahoma.
“El contrato para Daedalus fue elaborado y aprobado por la dirección del departamento antes de que el secretario Mullin asumiera el cargo”, dijo el departamento en un comunicado. La agencia dijo que “se reserva el derecho a ajustar el rumbo en un entorno con requisitos y demandas cambiantes”.
Una portavoz de Noem intentó responsabilizar a Mullin en su lugar, y dijo que la compra se había “finalizado” bajo su liderazgo.
Los registros de contratación muestran que el monto del contrato aumentó en 303 millones de dólares el día en que Mullin prestó juramento como secretario.
La agencia dijo que los aviones de pasajeros 737 que se encontraban inactivos habían estado sometiéndose a revisiones de mantenimiento, y que había planes para que dos de ellos comenzaran a realizar vuelos de deportación a finales de este mes.
La situación de los aviones recordaba el giro radical del departamento sobre un plan para adquirir almacenes con el fin de albergar a detenidos. El departamento gastó mucho en ellos cuando Noem era secretaria, pero dio marcha atrás solo unos meses después, bajo el mando de Mullin. Ahora, el departamento cederá o venderá siete almacenes que compró por más de 700 millones de dólares.
Una carta enviada al departamento el miércoles por los senadores demócratas Patty Murray, por Washington, y Christopher Murphy, por Connecticut, quienes forman parte del Comité de Asignaciones del Senado, decía que funcionarios de Seguridad Nacional ya habían reconocido ante el comité que la mayoría de los aviones no se utilizarían para deportaciones.
“El pueblo estadounidense merece una rendición de cuentas completa de este flagrante uso indebido del dinero de sus impuestos”, decía la carta, que fue revisada por el Times.
Los senadores pidieron detalles sobre el precio de compra de cada avión y cómo se utilizarían.
Las leyes federales por lo general exigen que las agencias gubernamentales busquen ofertas competitivas antes de adjudicar un contrato, para asegurar que los contribuyentes obtengan las mejores condiciones. Pero el departamento eludió ese requisito para el contrato de los aviones, al invocar una exención para casos de “urgencia inusual y apremiante”.
Dicha exención se puede utilizar solo cuando retrasar el contrato resultaría en “un daño grave, financiero o de otro tipo” para el gobierno. Históricamente, se ha utilizado durante desastres naturales, guerras y la pandemia de coronavirus.
El departamento se negó a responder preguntas sobre qué daño grave se intentaba prevenir. Las regulaciones de contratación exigen que las agencias publiquen las justificaciones de los contratos sin licitación, pero la dependencia se negó a publicar el de este caso, y alegó que hacerlo “comprometería la seguridad nacional o crearía otros riesgos de seguridad”.
El departamento ha invocado la exención de urgencia para justificar más de 29.000 millones de dólares en gastos a través de unos 500 contratos adjudicados durante el segundo mandato de Trump, según un análisis de datos federales realizado por el Times. Gran parte de ese total provino de gastos para el muro fronterizo. Las declaraciones de urgencia también se utilizaron para justificar proyectos como los 220 millones de dólares en contratos de medios otorgados a empresas vinculadas a Noem y sus aliados, cuyo escrutinio contribuyó a su destitución.
La exención representa casi dos tercios de los 34.000 millones de dólares que el departamento ha gastado en contratos firmados en 2026. Esto es un fuerte aumento respecto a años anteriores. En 2025, la cifra fue de alrededor de una cuarta parte. En 2024, fue de menos del 1 por ciento.
Ninguna otra agencia importante ha utilizado la exención por urgencia con tanta frecuencia como Seguridad Nacional, incluso en un gobierno que ha recurrido a contratos sin licitación de forma repetida: para la planificación de eventos, la reparación de fuentes y la problemática remodelación del Monumento a Lincoln, específicamente su estanque reflectante.
Lorna Tedder, una experta en contrataciones jubilada que pasó más de tres décadas en el Departamento de Defensa, dijo que: “Algunas cosas verdaderamente son urgentes: la gente va a morir si no haces esto”. Pero si las agencias reclaman la exención todo el tiempo, “eventualmente se abusará de ella”.
El contrato para los aviones se adjudicó por primera vez a finales de noviembre. En ese momento, el gobierno ya pagaba a otros contratistas cientos de millones para operar una red de vuelos chárter llamada “ICE Air”.
La agencia de inmigración ha fletado unos 25.800 vuelos en el segundo mandato de Trump para trasladar a migrantes entre centros de detención a nivel nacional y para deportarlos al extranjero, principalmente a América Latina y el Caribe, según el proyecto de seguimiento ICE Flight Monitor de Human Rights First, un grupo de defensa sin fines de lucro. El departamento a veces tiene 25 o más aviones en el aire en un día, según el seguimiento de la organización sin fines de lucro.
Pero en ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que aún necesitaba sus propios aviones.
El otoño pasado, Tricia McLaughlin, una portavoz del departamento, dijo a The Washington Post que la compra de los aviones permitiría “que ICE opere de manera más eficaz, incluso mediante el uso de patrones de vuelo más eficientes”. McLaughlin dejó la agencia posteriormente. El departamento no respondió directamente a una pregunta sobre sus comentarios.
Daedalus, la empresa con sede en Arlington, Virginia, que el gobierno contrató para encontrar los aviones, no contaba con un contrato federal previo. Sin embargo, un portavoz de la empresa dijo que había trabajado como subcontratista para otras empresas evacuando a afganos que habían realizado trabajos para el gobierno de Estados Unidos.
El presidente de Daedalus es William Walters, un médico que hasta 2021 dirigió una oficina del Departamento de Estado que evacuaba a estadounidenses de brotes de ébola, COVID-19 y otras crisis. En 2024, después de dejar el gobierno, Walters donó 10.000 dólares a un comité político conectado con Noem, entonces gobernadora de Dakota del Sur.
El año pasado, con Noem a cargo, la agencia otorgó a otra empresa dirigida por Walters un contrato por un valor de casi 700 millones de dólares para alentar a los migrantes a abandonar Estados Unidos de forma voluntaria.
Un portavoz de Daedalus dijo que Walters no sabía que el comité político estaba vinculado a Noem.
Daedalus se negó a decir cuánto había costado cada uno de los 10 aviones, o cuál era su margen de ganancias por actuar, esencialmente, como intermediario. Proporcionó una declaración escrita en la que decía estar orgulloso de brindar “el mejor valor al contribuyente estadounidense”.
Uno de los aviones es un jet de lujo Boeing 737, que ahora está pintado con la combinación de colores del nuevo Air Force One de Trump. Otros dos son aviones ejecutivos Gulfstream más pequeños, cada uno con capacidad para unas 14 personas.
Esos aviones volaron solo esporádicamente después de que la agencia los adquirió, según los registros de vuelo de airplanes.live, un servicio independiente de seguimiento de vuelos. Y el departamento pronto tomó medidas para desprenderse de dos de ellos y pasarlos a otras agencias, según el relato de los demócratas del Senado y el documento interno revisado por el Times.
Uno de los jets de lujo “ya ha sido arrendado al FBI durante 12 meses para apoyar los viajes del director Patel, a pesar del hecho de que el FBI ya tiene sus propios aviones para apoyar los viajes del director”, escribieron los demócratas del Senado.
El FBI confirmó que utiliza uno de los aviones Gulfstream, y dijo que le pagaba al Departamento de Seguridad Nacional significativamente menos de lo que había pagado a una empresa privada por arrendar un avión similar y que la aeronave se utilizaba para apoyar una serie de operaciones de la agencia, además de los viajes de Patel.
El Departamento de Seguridad Nacional también quería prestar el jet de lujo Boeing más grande al Pentágono, según la carta de los senadores y el documento interno. Pero un portavoz del Pentágono dijo que no se había firmado ningún acuerdo.
Un avión Gulfstream permanecerá en Seguridad Nacional, para el uso de sus líderes principales, según la carta.
Los otros 737 parecían más adecuados para vuelos de deportación. Los registros de vuelo muestran que habían estado en uso activo por Avelo Airlines, una aerolínea de bajo costo que también realizaba vuelos chárter para ICE.
Pero cuando el gobierno los compró, los estacionó.
Daedalus dijo que dos se utilizaron brevemente para evacuar a estadounidenses del Medio Oriente al comienzo de la guerra en Irán a principios de marzo.
Los demócratas del Senado dijeron que el personal de Seguridad Nacional les informó que ya no se esperaba que cuatro de los 737 transportaran a migrantes detenidos. Los senadores dijeron que el departamento indicó que los usaría para transportar a miembros del Congreso en viajes al extranjero, un trabajo que ahora manejan aerolíneas comerciales o aviones militares.
A largo plazo, la agencia dijo que necesita un contratista para proporcionar tripulaciones y mecánicos para operar su nueva flota. Una convocatoria reciente decía que ese contrato comenzaría el próximo verano.
Devlin Barrett y Madeleine Ngo colaboraron con reportería. Kitty Bennett colaboró con investigación.
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Por David A. Fahrenthold, Andrea Fuller, Julie Tate, Nicholas Nehamas y Hamed Aleaziz | The New York Times
