Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, las palabras “terrorismo” y “extrema izquierda” han dejado de ser un simple discurso político para convertirse en toda una estrategia de seguridad nacional, similar a la que el país libró en los años 70 con la Guerra Fría o en los años 20 con la Doctrina Monroe. Estas expresiones no solo resuenan dentro del gobierno republicano, sino que también representan una señal de alarma para las regiones vecinas.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que es momento de retomar la estrategia que Washington aplicó décadas atrás para enfrentar el avance de los movimientos de izquierda en la región. Con una frase contundente sobre la misión de combatir el llamado “terrorismo de izquierda”, se encendieron las alarmas sobre el intervencionismo estadounidense y sus antecedentes de persecución a quienes, históricamente, han pensado diferente.
En su intervención, el secretario de Estado sostuvo que, durante más de dos décadas, la estrategia antiterrorista del país estuvo enfocada principalmente en combatir el extremismo yihadista, una prioridad que surgió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. No obstante, afirmó que, aunque esa amenaza persiste, en parte, según dijo, debido a los flujos migratorios, su impacto ha disminuido de forma considerable.
Bajo esa premisa, aseguró que la administración de Donald Trump considera necesario reorientar las prioridades de seguridad hacia lo que calificó como una amenaza interna. En ese contexto, criticó que la política estadounidense de contraterrorismo haya ignorado la violencia atribuida a sectores de la extrema izquierda, al afirmar que existe un “punto ciego” frente a ese fenómeno.
Una nueva definición del enemigo en la política de seguridad estadounidense
Según Manuel Camilo González Vides, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, la relación entre Estados Unidos y América Latina gira actualmente en torno a tres ejes principales: la migración, el impulso a la inversión extranjera estadounidense en la región y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Para el académico, el discurso sobre el llamado “terrorismo de izquierda” se enmarca precisamente en ese último pilar. En su opinión, la administración estadounidense tiende a vincular a determinados gobiernos y movimientos políticos de la región con estructuras de crimen organizado transnacional, una asociación que influye en la manera en que Washington define sus prioridades de seguridad y su política hacia América Latina.
Esa visión también se refleja en la política de Washington hacia Cuba. El pasado lunes, el Departamento de Estado publicó un informe de cerca de 100 páginas en el que sostiene que el gobierno cubano ha desarrollado durante décadas una estrategia de influencia en Estados Unidos que, según el documento, logró penetrar las más altas esferas del poder político del país.
Titulado Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, el informe afirma que esa supuesta red de influencia habría contribuido a respaldar expresiones de lo que la administración de Trump denomina “terrorismo de izquierda” dentro del territorio estadounidense e, incluso, a fomentar dinámicas que enfrentan al país consigo mismo.
El documento también hace un recuento de las operaciones de influencia y actividades encubiertas atribuidas a La Habana desde la Guerra Fría, en paralelo con los intentos de Estados Unidos por debilitar o derrocar al gobierno comunista de la isla, muchos de los cuales no prosperaron.
El gobierno cubano respondió con dureza. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó el informe como un pretexto para justificar nuevas agresiones contra la isla, mientras que el canciller cubano lo describió como una falacia más del Departamento de Estado. La organización Cuban Americans For Cuba también rechazó el documento por considerar que carece de pruebas y busca legitimar décadas de bloqueo económico. El informe, además, menciona explícitamente a otros mandatarios de la región: dedica un apartado al papel que tuvo Cuba en el entrenamiento de guerrillas colombianas y señala al presidente colombiano, Gustavo Petro, como parte de esa herencia.
La reacción de los gobiernos latinoamericanos ante la ofensiva discursiva de Rubio no ha sido uniforme. Argentina, Bolivia y Paraguay enviaron representantes a una cumbre convocada por el propio Rubio contra el llamado “terrorismo de izquierda”, mientras que México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió no acudir a esa misma reunión ministerial por considerarla un asunto más político que de seguridad genuina.
Las consecuencias para América Latina y el regreso del “enemigo interno”
Como parte de esta estrategia, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha por primera vez el Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros, un mecanismo legal que permanecía sin utilizar desde su creación en 1996.
Este tribunal especial, integrado por cinco jueces y aprobado por el Congreso, fue diseñado para tramitar casos excepcionales en los que un proceso migratorio convencional podría comprometer información clasificada relacionada con la seguridad nacional. La legislación faculta a esta instancia para ordenar la expulsión expedita de ciudadanos extranjeros que sean declarados “terroristas extranjeros”, una medida que también puede extenderse a sus familiares directos.
La semana pasada, el Departamento de Justicia acudió por primera vez a este tribunal especial desde su creación hace tres décadas. La solicitud presentada el 15 de julio permanece bajo reserva judicial y fue entregada bajo la clasificación de información confidencial.
Tras revisar el documento, la jueza federal Joan Ericksen, nombrada durante la administración del expresidente George W. Bush, ordenó al Gobierno de Donald Trump presentar una versión más detallada y “reflexiva” de la petición.
“Lo que estamos viendo es una reconfiguración de la figura del enemigo interno, un concepto que ha sido central en la doctrina de seguridad nacional. El riesgo es que los gobiernos de izquierda, o aquellos percibidos como hostiles por Estados Unidos, dejen de ser considerados actores legítimos y pasen a ser vistos como administraciones controladas por organizaciones criminales. Aún más preocupante sería que se les etiquetara como terroristas, porque con los terroristas no se negocia. Eso los ubica en un escenario completamente distinto y les resta legitimidad”, afirmó González Vides.
Esta estrategia se apoya, además, en los últimos ataques sufridos por personas de la derecha conservadora en el mundo, presuntamente a manos de grupos extremistas de izquierda. Según Rubio, algunos de estos casos son la muerte de la madre de una excandidata de un partido conservador de Grecia en un atentado con explosivos, el sabotaje que en enero dejó sin luz a Berlín y la golpiza que mató a un estudiante de extrema derecha en Lyon en febrero. Claramente, también se hizo referencia a los ataques contra el propio Trump, quien ha sido víctima de tres atentados en los últimos dos años.
Sin embargo, la definición de “terrorismo de extrema izquierda” no es clara ni cuenta con criterios específicos. Bajo esta categoría, el gobierno estadounidense también ha incluido episodios como las protestas por la muerte de George Floyd —un hombre negro asesinado por un policía en 2020, cuyo caso desencadenó una ola de movilizaciones contra el racismo y la violencia policial—. Asimismo, ha señalado al movimiento “Antifa” (abreviatura de antifascista) como una expresión de extremismo, pese a que no funciona como una organización insurgente formal, sino como un movimiento descentralizado de activismo en internet y en protestas. Aun así, la administración actual de Estados Unidos lo ha catalogado como una organización terrorista.
Esto puede tener consecuencias, según advierte el académico. Este enfoque podría dificultar la cooperación entre Estados Unidos y países como México en la lucha contra el narcotráfico, al generar diferencias sobre la forma de enfrentar a las organizaciones criminales y reducir la coordinación bilateral.
Asimismo, considera que, aunque se trata de un escenario remoto, existe el riesgo de que Washington justifique acciones directas en territorio extranjero si interpreta que ciertos actores políticos no son gobiernos legítimos, sino facilitadores o patrocinadores del crimen organizado o incluso del terrorismo.
Ese escenario, que hace apenas unos meses podía parecer hipotético, ya tiene un antecedente concreto en la región, en enero de 2026, una operación militar estadounidense terminó con la captura del entonces gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Su juicio se iniciará en junio de 2027.
En ese contexto, el continente aparece cada vez más fracturado entre dos bloques: por un lado, gobiernos como los de Argentina, Bolivia y Paraguay, alineados con la agenda de Rubio; por otro, países como México, que se distancia sin romper la relación bilateral, y gobiernos de izquierda como los de Colombia, Brasil y Cuba, que rechazan la narrativa del “terrorismo de izquierda” y advierten que detrás de ella se esconde un intento de deslegitimar y, eventualmente, perseguir a sus opositores.
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Por Laura Henao Arévalo
