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El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este sábado a EFE la detención de estadounidenses acusados de terrorismo en Venezuela y desmintió que existiera un complot contra el presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.
“Podemos confirmar la detención de un miembro del Ejército estadounidense y estamos al tanto de informes no confirmados de otros dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela”, dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado.
“Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela”, concluyó el portavoz.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció hoy la detención de dos ciudadanos españoles, tres estadounidenses y un checo implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos “terroristas”, entre ellos asesinar al presidente Maduro.
Según el ministro, en la operación fueron incautadas más de 400 armas “transportadas desde Estados Unidos”, y algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela “un grupo de mercenarios” con el propósito de asesinar a Maduro, así como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a otros dirigentes del chavismo.
El ministro aseguró que los dos ciudadanos españoles “tienen vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.
España, a través de su Ministerio de Exteriores, desmintió este domingo que esté implicada en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y rechazó “rotundamente cualquier insinuación” al respecto, tras sostener el Gobierno venezolano que “iba a suministrar mercenarios”.
El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a reclamar una “solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”, después de que el chavismo hiciese pública el sábado la detención de dos españoles por su presunta implicación en una supuesta operación para llevar a cabo actos “terroristas”, entre ellos asesinar al mandatario del país latinoamericano, Nicolás Maduro.
Los detenidos son los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años, respectivamente. El Gobierno de España desmintió que formen parte del servicio de inteligencia español, tras sostener el Gobierno venezolano que estaban vinculados a este departamento. No pertenecen tampoco a ningún otro organismo estatal, según el ministerio de Exteriores español.
Ambos estaban en Venezuela como turistas, según sus familias, que el pasado lunes, 9 de septiembre, y tras perderles la pista, denunciaron su desaparición en redes sociales y en comisaria. La Policía averiguó que habían sido detenidos y se lo transmitió a los familiares, si bien no se ha indicado el motivo de las detenciones y la investigación policial por la desaparición sigue abierta.
La Embajada de España en Venezuela pidió al Gobierno de Maduro tener acceso a los dos detenidos, acusados de terrorismo, para verificar sus identidades y darles la asistencia necesaria. Sus familias están en contacto permanente con el Ministerio de Exteriores y el Consulado de España en Caracas, además de con el Gobierno de País Vasco (norte de España), de donde son originarios los dos arrestados.
En una comparecencia solo para medios públicos venezolanos, Cabello explicó que los españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil).
Según informó el ministro, en los teléfonos de los detenidos las autoridades hallaron información sobre sus contactos con una “dirigente” regional del partido Vente Venezuela (VV), a quien le preguntan “cómo hacen para comprar explosivos” y para “contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial”.
Detrás del “tráfico” de las armas, indicó Cabello, está el excomisario de la Policía de Caracas Iván Simonovis, quien -aseguró- tiene enlaces “directos” en Venezuela con dirigentes de la oposición mayoritaria, entre los que mencionó a María Corina Machado, principal valedora del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España.
El ministro exigió al Gobierno estadounidense, que -reiteró- está “detrás de esta operación”, aclarar “el uso de su territorio para traficar armas” con el fin de “derrocar un Gobierno democrático, electo por su pueblo” en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
Tras esas elecciones Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado rechazado por la oposición y la mayoría de la comunidad internacional.
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