De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, "el presidente Hugo Chávez está socavando la voluntad del pueblo de Venezuela con su proyecto de ley especial para poder de legislar sin debate y por decreto durante un año".
"En septiembre, millones de venezolanos ejercieron su derecho democrático de votar en las elecciones legislativas. Fueron unas elecciones exitosas y dieron a los venezolanos la oportunidad de enviar un mensaje claro al gobierno", agregó Crowley.
De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los proyectos de ley en Venezuela que darán poderes excepcionales al gobierno de Hugo Chávez. "El Poder Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante que delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año", recordó la Comisión en su comunicado.
Aunque delegar poderes en el gobierno de forma excepcional no constituye un atentado en si mismo a la separación de poderes, "la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público", explicó el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión se muestra en especial preocupada por la facultad delegada al Poder Ejecutivo de "establecer normas que prevean las sanciones que deban aplicarse en caso de comisión de hechos punibles". La Ley Habilitante permitirá también al Poder Ejecutivo legislar en materia de cooperación internacional, lo que puede dificultar la tarea de varias ONG.
El gobierno Chávez también quiere lograr "facultades amplias, imprecisas y ambiguas" para controlar el sector de telecomunicaciones y la tecnología de información, advierte la Comisión.
Las reformas propuestas, como la prohibición de mensajes que "inciten o promuevan el odio o "fomenten zozobra en la ciudadanía" son "vagas o ambiguas" y están destinadas a "hacer imposible la continuidad de canales de televisión críticos como Globovisión", agrega.
Esas y otras propuestas para controlar internet en Venezuela llevan a la CIDH a advertir que en Venezuela puede producirse "un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios".
El Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, aprobó el martes en primera lectura una ley que dará al mandatario Hugo Chávez poder para legislar por decreto durante un año, una medida criticada por la oposición, que ve en ella el camino a la dictadura y a legislar como se quiera con el pretexto de que es para atender a los damnificados por el invierno.
Por El Espectador
