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El Mercosur, creado en 1991, reúne a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión. Representa un mercado de más de 270 millones de habitantes y una de las principales plataformas económicas de América del Sur. Su nacimiento no fue un hecho meramente económico: se produjo tras el fin de las dictaduras militares que marcaron a los países del bloque en el siglo XX, con el objetivo explícito de consolidar la democracia, promover la cooperación regional y fortalecer la confianza política entre Estados que habían vivido largos períodos de autoritarismo y aislamiento.
La Unión Europea, por su parte, constituye uno de los procesos de integración más avanzados y complejos del mundo contemporáneo. Con 27 Estados miembros y cerca de 450 millones de ciudadanos, la UE tiene su origen en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada en la posguerra con un propósito profundamente político: garantizar la paz en Europa después de dos guerras mundiales devastadoras. La integración económica fue concebida como un instrumento para evitar nuevos conflictos, generar interdependencia y fortalecer instituciones comunes basadas en el derecho y la cooperación.
Desde esta perspectiva histórica, el acuerdo Mercosur–Unión Europea conecta dos experiencias de integración que nacieron como respuestas a crisis profundas y que comparten una vocación normativa, democrática y multilateral. En términos cuantitativos, el acuerdo crea una de las mayores asociaciones birregionales del planeta, abarcando cerca de 700 millones de personas y una proporción significativa del comercio y del producto interno bruto mundial. El texto contempla la liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios, normas sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, desarrollo sostenible y mecanismos de diálogo político.
No obstante, el acuerdo ha generado resistencias y protestas, particularmente en algunos países europeos. Sectores agrícolas, sindicatos y movimientos ambientalistas han expresado preocupaciones sobre el impacto del acuerdo en las economías rurales, la competencia de productos sudamericanos y el cumplimiento de los estándares ambientales y sanitarios europeos. Estas reacciones reflejan debates internos legítimos dentro de la Unión Europea y ponen de manifiesto que la ratificación e implementación del acuerdo exigirán amplios consensos políticos, así como medidas de acompañamiento y adaptación.
El debate sobre los ganadores y perdedores del acuerdo es inevitable. En los países del Mercosur, sectores exportadores —especialmente el agroindustrial, la industria de alimentos y ciertos servicios— podrían beneficiarse del acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo. Al mismo tiempo, industrias menos competitivas enfrentarán el desafío de adaptarse a una mayor apertura comercial, lo que subraya la necesidad de políticas públicas orientadas a la reconversión productiva, la innovación y la inclusión social. En Europa, grandes empresas industriales y de servicios aparecen como potenciales beneficiarios, mientras que algunos productores agrícolas temen una mayor presión competitiva.
Más allá de estas dinámicas económicas, uno de los aspectos menos visibles, pero más relevantes del acuerdo es su impacto sobre el equilibrio de poder en América del Sur. En las últimas dos décadas, China se ha consolidado como principal socio comercial de varios países sudamericanos, fundamentalmente mediante de la demanda de materias primas, inversiones en infraestructura y financiamiento. Estados Unidos, por su parte, mantiene una presencia histórica, con fuertes vínculos políticos, económicos y de seguridad, aunque con una centralidad económica relativa menor que en el pasado.
La zona de libre comercio conformada por los dos bloques representaría cerca del 25% del PIB global, con una economía conjunta de alrededor de 22 billones de dólares.
En este contexto, el fortalecimiento de la relación con la Unión Europea contribuye a ampliar el margen de maniobra estratégica del Mercosur y a reducir riesgos de dependencia excesiva de un único actor externo. El acuerdo no implica un alineamiento automático, sino una estrategia de diversificación de alianzas que refuerza la autonomía relativa de la región. Para la Unión Europea, el acuerdo también tiene una dimensión geopolítica clara: reafirmar su presencia en una región clave del Sur Global y promover un modelo de cooperación basado en reglas, previsibilidad institucional y compromisos compartidos.
La dimensión ambiental ocupa un lugar central en este entendimiento. Las exigencias europeas en materia de sostenibilidad, lucha contra la deforestación y cumplimiento del Acuerdo de París reflejan tanto preocupaciones globales como dinámicas políticas internas. Para el Mercosur, estos compromisos representan desafíos importantes, pero también la oportunidad de articular comercio, desarrollo y protección ambiental, agregando valor a sus exportaciones y fortaleciendo su credibilidad internacional.
En definitiva, la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa histórica. Su verdadero alcance dependerá de una ratificación responsable, de una implementación rigurosa y de la capacidad de los Estados para convertir el comercio en desarrollo, la apertura en cohesión social y las reglas en confianza mutua.
Este acuerdo demuestra que la diplomacia cooperativa, nacida de memorias compartidas de guerra, dictaduras y rupturas institucionales, sigue siendo una herramienta vigente para contrarrestar los poderes hegemónicos, fortalecer la democracia y ofrecer horizontes de estabilidad y esperanza en el complejo orden internacional contemporáneo.
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