Wilson Witzel llegó a la gobernación de Río de Janeiro (Brasil) vendiendo “la nueva cara de la política nacional”, basada en la anticorrupción y la tolerancia cero a la delincuencia. A poco más de un año y medio desde su posesión, la imagen que pintó ha quedado totalmente desdibujada, luego de que fuera cesado de su cargo por un entramado de corrupción relacionado con la gestión de la pandemia, en el que ya han caído numerosos funcionarios y empresarios. Ahora hace parte de un club poco apetecido conformado por otros cinco gobernadores de la región de Río de Janeiro investigados por corrupción en los últimos cuatro años.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
¿De qué se le acusa concretamente a Witzel? De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario creó, desde su llegada al cargo, en enero de 2019, una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos. Entre los fraudes investigados figura la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por COVID-19, así como la compra irregular de respiradores y medicamentos. Sin embargo, apenas dos de los siete hospitales planeados salieron del papel. De hecho, el pasado 26 de mayo, en el marco de la Operación Placebo, la Policía de Río allanó el Palacio de Laranjeiras, residencia oficial de los gobernadores de la ciudad, y confiscó material de investigación.
En 2017, cuando entró en la política, este exjuez y militar era un total desconocido, tanto así que en los primeros sondeos de las elecciones de 2018 contaba con un modesto 1 % de las intenciones de voto. Todo cambió cuando se acercó a las posturas ideológicas del entonces candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, y a su familia. Tanto así que, luego de obtener el 41,2 % de los votos en la primera vuelta electoral y la confirmación de su elección en la segunda, Witzel admitió que el apoyo del hoy senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, fue fundamental para su victoria.
Sin embargo, su relación con los personajes que propulsaron su carrera sufrió numerosas fracturas que lo llevaron no solo a declararse opositor a los Bolsonaro, sino a abrir una guerra política que culminó con la decisión judicial que lo sacó del cargo. “Me suspenden sin ninguna prueba”, fueron las palabras en las que denunció una persecución orquestada por las altas esferas del poder brasileño. “Bolsonaro me ha acusado de perseguir a su familia, pero, al contrario de lo que él imagina, aquí en Río la Policía y la Fiscalía son independientes”, afirmó la semana pasada.
Aunque medios locales aseguran que apelará la decisión, es poco probable que la alta Corte rectifique la medida, según Mônica Bergamo, columnista de Folha de São Paulo. “Otros gobernadores y yo somos víctimas de un posible uso político de la institución”, afirmó el funcionario, cuyo caso será discutido hoy por una Corte especial del Tribunal Superior de Justicia, de quince miembros.
Aunque fue suspendido por seis meses, por lo pronto, no tendrá que abandonar el Palacio de Laranjeiras, según la orden de Benedito Gonçalves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Eso sí, Witzel no es el único involucrado en el escándalo de corrupción. “El grupo delictivo integrado por miembros del gobierno de Río y empresarios actuó y sigue actuando, desviando y lavando recursos en plena pandemia de COVID-19”, afirmó el juez en su decisión.
La suspensión hace parte de un megaoperativo que adelantan las autoridades del país bautizada Operación Placebo, en el que se han llevado a cabo decenas de allanamientos con impresionante despliegue policial. La decisión provocó la detención de varios empresarios y la del pastor Everaldo, importante líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece el ahora gobernador apartado. También está comprometida su esposa, Helena Witzel, cuyo bufete habría recibido un contrato por 554.000 reales (US$103.000) que habrían recalado en las cuentas del exgobernador.
Polémicas posturas
Para Jair Bolsonaro era muy conveniente tener a una figura como Witzel en la gobernación de Río. Entre sus férreas posturas el funcionario defendió desde el inicio, a capa y espada, la figura de la familia tradicional y se apoyó en sus experiencias como antiguo fusilero naval y juez federal para reforzar su discurso de tolerancia cero contra el crimen. Se hicieron célebres algunas de sus frases, censuradas por organizaciones de derechos humanos, como: “La Policía pondrá el objetivo en su cabecita y disparará al bandido”.
En agosto de 2019, una fotografía suya alzando el brazo en señal de victoria generó otra oleada de críticas, pues conmemoraba la ejecución de un secuestrador de un autobús del área metropolitana de Río de Janeiro a manos de un francotirador de élite. Desde que arrancó en el cargo la Policía fluminense pasó a utilizar cada vez más a esos francotiradores en sus acciones y, en su primer año como gobernador, los agentes de seguridad mataron a 10,5 personas por cada 100.000 habitantes, la mayor tasa del siglo, según datos oficiales.
Lo más grave es que los expertos advertían desde hacía tiempo que esto podría ocurrir, justificando la muerte de personas que vivían en comunidades pobres. Fransérgio Goulart, historiador y coordinador de un proyecto del foro “Derecho a la memoria y justicia racial”, asegura que las políticas de seguridad pública de Witzel son la norma de numerosos países, dado que, según el historiador, el capitalismo funciona en el contexto de las “muertes de indeseables”, un concepto que se inscribe en lo que el filósofo Achille Mbembe denomina necropolítica; es decir, el racismo institucional que precariza a un amplio sector de la población.
Witzel sale del cargo no solo por recriminaciones como la anterior, sino por abusar de un sistema de salud que se ha demostrado insuficiente en medio de la pandemia, según afirma la organización Insight Crime. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el estado ya registró 15.800 muertes por el coronavirus, que en todo Brasil se ha cobrado hasta la fecha casi 119.000 vidas. El panorama en la gestión del estado no parece que vaya a cambiar a corto plazo, teniendo en cuenta que su sucesor, Claudio Castro, está siendo investigado por los mismos hechos.
