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El Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación al Departamento de Estado sobre el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moise. El Senado votó por unanimidad que se emita un informe, en un plazo de 180 días, con una “descripción detallada” sobre las circunstancias que rodearon el asesinato. El documento, ya autorizado por la Cámara de Representantes, también analizará si hubo interferencia en la investigación oficial y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el gobierno estadounidense.
A principios de este mes, la fiscalía estadounidense acusó a un exsoldado colombiano, Mario Palacios, de conspirar para secuestrar o matar a Moise en una operación en la que murieron tres mercenarios colombianos y otros fueron detenidos.
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A día de hoy persisten interrogantes sobre el móvil del asesinato de Moise, quien había prolongado su mandato en el país caribeño en medio de gran polémica, ya que la oposición estimaba que había concluido en febrero.
Según la policía colombiana, los detenidos afirmaron que tenían previsto secuestrar a Moise y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Por su parte, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, afirmó recientemente que quiere “que triunfe la justicia por el asesinato infame”, aunque sobre él recaen acusaciones que lo relacionan con el magnicidio.
La ley aprobada por el Congreso también exige que el Departamento de Estado informe sobre los derechos humanos y el uso de la ayuda dada a Haití desde el terremoto que devastó al país en 2010. “Estamos muy preocupados de que un gobierno haitiano que es tan inestable como corrupto permita o fomente más abusos contra los derechos humanos”, señaló el senador demócrata Ben Cardin, uno de los promotores de la ley, en un comunicado. Estados Unidos “debe actuar con urgencia para ayudar a nuestros vecinos haitianos”, añadió, precisando que UNICEF ha informado que 1,6 millones de personas en Haití, incluidos 800.000 niños, necesitan urgentemente asistencia humanitaria.
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La normativa también exige una investigación y presiona para que se rindan cuentas por la masacre en el barrio La Saline, de Puerto Príncipe, en 2018, en la que murieron decenas de personas. Al respecto, el senador republicano Marco Rubio, afirmó: “Durante demasiado tiempo, el pueblo haitiano ha soportado las penurias de la corrupción, las bandas criminales, los disturbios civiles y los devastadores desastres naturales”.
Sin un parlamento funcional desde hace dos años y con un poder judicial paralizado, Haití, el país más pobre del Caribe, se hunde en una crisis de gobernanza. El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional lastra las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida para la población, víctima de secuestros cometidos a diario por bandas armadas.
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