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José Jerí cumple este viernes dos semanas como presidente interino del Perú, tras asumir en medio de una profunda crisis de orden público, descontento social y bajos niveles de legitimidad de las principales instituciones del país, ya sea el Congreso o la Presidencia. Sin embargo, su presencia ha servido de poco para calmar la situación: se registran intensas manifestaciones de diferentes sectores sociales explícitamente en su contra, a las que ha respondido con “mano dura”, despertando la sospecha de un complejo precedente de represión social en los últimos años.
Desde el martes, las provincias de Lima y el Callao viven bajo estado de emergencia decretado por Jerí con el argumento de combatir el crimen organizado, sentenciando que “las guerras se ganan con acciones y no con palabras”. La crisis de orden público es cierta y se respalda con hechos como que, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) de Perú, más de 570 personas fueron asesinadas entre julio y septiembre en el país.
El problema trasciende cuando, visto en perspectiva, el decreto contempla medidas restrictivas que en su gran mayoría afectan la manifestación social. Además de dar facultades especiales a la Policía y respaldarla con las Fuerzas Armadas, suspende temporalmente derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de manifestación.
Puede verse como una medida razonable ante la coyuntura, pero el problema aparece cuando se observa en qué contextos esto ha pasado recientemente. En 2020, cuando destituyeron a Martín Vizcarra de la presidencia peruana, Manuel Merino asumió de la misma forma que Jerí, como presidente del Congreso, pero con la diferencia de que las protestas en su contra fueron tan intensas que terminaron propiciando su renuncia cinco días después de haber asumido.
Dos años después, cuando cayó Pedro Castillo (2022) tras su intento de autogolpe, las manifestaciones volvieron, pero la vicepresidenta (y recién destituida presidenta) Dina Boluarte asumió en su reemplazo y, al igual que Jerí, optó por la mano dura. El agravante es que entre 2022 y 2023, en un periodo que incluyó un paro nacional, murieron, según La República (de Perú), más de 60 personas. “Del total de 61 fallecidos, la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas”, afirma una investigación del medio.
“En el Perú, este ha sido el mecanismo tradicional para responder a estos temas y mostrar que se está haciendo algo. Entonces, tampoco sorprende. Es lo que suelen hacer los presidentes y los gobiernos cuando tienen presión por mostrar algún tipo de efectividad”, explica sin mucha sorpresa Eduardo Dargent, politólogo peruano y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se trata, entonces, de una estrategia para el uso del miedo como recurso político. Una de las primeras medidas de Jerí al asumir la presidencia fue visitar cárceles, mostrando una imagen de “acciones”, como lo dijo él mismo con el reciente decreto.
Esto, para Juan De la Puente, abogado y politólogo peruano, emula la estrategia que también se viene viendo en Ecuador con el presidente Daniel Noboa, que a su vez replica la mano dura de Nayib Bukele en El Salvador: “Pretender militarizar la seguridad ciudadana —considerando que él afirmó que había un conflicto armado— es instalar la idea de que existe un ‘terrorismo urbano’. Se intenta avanzar en esa línea, y esta militarización de la lucha contra la inseguridad, junto con el encubrimiento de la Policía por encima de organismos constitucionalmente autónomos, en el fondo tiene el propósito de establecer una base de orden autoritario”.
De la Puente afirma, sin dudas, que ese orden tiene como propósito una plataforma para las elecciones presidenciales que están estipuladas para julio de 2026. Sin embargo, de aquí hasta allá son más de seis meses, y esa “estabilidad por coerción” puede prolongarse hasta las elecciones, pero a costa de debilitar aún más la democracia peruana.
Dargent lo explica en clave de que “puede ser un gobierno que vegete y se arrastre hasta la elección de julio del próximo año”. Además, acota que, si bien las medidas pueden servir para disuadir la situación en las calles, el hecho de que logren mermar la protesta no quiere decir, de ninguna forma, que se hable de un gobierno aceptado, legítimo y mucho menos popular.
La prueba de fuego para el estado de emergencia todavía está por venir: el sábado está convocada una nueva jornada de protestas en rechazo al gobierno y será la primera prueba para la mano dura de Jerí. Claro, ya bajo su mandato murieron dos manifestantes en las primeras protestas, pero lo que veremos será una Policía empoderada y con más facultades.
“Llamamos a todas las fuerzas vivas del país, a los movimientos sociales, sindicatos, colectivos, estudiantes, artistas y ciudadanos conscientes a cerrar filas contra el pacto mafioso y dictatorial que hoy oprime al Perú. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por un país más justo, democrático y digno, y convocamos a mantener la movilización constante hasta derrotar a los delincuentes que hoy detentan el poder. Convocamos a la gran movilización nacional el sábado 25 de octubre contra la dictadura de José Jerí y el Congreso corrupto y delincuencial”, afirma un comunicado de la Generación Z.
Aunque no es formalmente un colectivo, sí obedece a uno de los grandes grupos sociales que se han sumado como actor principal a las protestas. Muchos de ellos ejercerán por primera vez el voto en 2026, por lo que, a pesar de que Jerí no tenga de momento aspiraciones electorales, ambos analistas coinciden en que todo lo que está ocurriendo en este momento en Perú debe ser leído en clave electoral. Más todavía, afirma De la Puente, por el Congreso, que es, a la larga, quien sostiene a Jerí.
“A los partidos del pacto los invade un profundo temor de no poder hacer campaña electoral ni superar la valla necesaria para obtener representación parlamentaria”, cierra. El sábado es una prueba de fuego, pero también el inicio de una carrera contrarreloj que abre la posibilidad de reconfigurar y capitalizar la situación democrática del Perú.
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Por Hugo Santiago Caro
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