El martes, la Presidencia de Ecuador difundió las imágenes que mostraban la caravana que transportaba al mandatario Daniel Noboa mientras era recibida en medio de piedras, golpes de palos y, según la oficina, impactos de arma de fuego. Ocurrió en El Tambo, en el centro del país, cerca de Guayaquil, cuando el presidente se dirigía a un encuentro con las comunidades indígenas del sector, que han salido a manifestarse en contra de su gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que ya cumple un mes.
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El 12 de septiembre, el gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126. De USD 1,80 el galón de combustible pasó a costar USD 2,80. Más del 50 % de aumento de un día para otro, que tardó en entrar en vigencia el decreto. Un problema que también intentaron sortear los antecesores de Noboa, Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Desde entonces la presión y el descontento de las comunidades indígenas —de amplia presencia popular en Ecuador— se han hecho sentir y han venido creciendo tangencialmente. Lo ocurrido esta semana es el reflejo más claro.
Desde que subió el precio del diésel, los movimientos indígenas han salido a las calles y se han manifestado, recibiendo como respuesta el despliegue de las fuerzas militares ecuatorianas, una de las alternativas más recurrentes del presidente Noboa en su gestión. Con militares ha respondido a la crisis por narcotráfico y bandas delincuenciales que han azotado al país desde antes de su llegada a la Presidencia, en 2023, y con militares ha respondido a la mayoría de crisis que ha afrontado en su gobierno. El problema más grande, por lo menos en esta ocasión, es que los militares no están entrenados para responder a la protesta social, y eso ha quedado más que reflejado. Hoy Ecuador está en estado de excepción en por lo menos 10 provincias.
El 28 de septiembre murió a manos de militares Efraín Fuérez, comunero indígena, durante las protestas en el sector de la vía Panamericana Norte, en Cotacachi. El manifestante recibió un impacto en el pecho y, en los videos de cámaras de seguridad, se observa que, tras recibir disparos, cae al suelo y un militar desciende de una tanqueta para darle patadas mientras su cuerpo permanece inmóvil. También se reporta que otros uniformados golpearon con bolillos y patearon a los acompañantes que intentaban socorrerlo.
“Esto refleja algo muy importante: las fuerzas policiales son incapaces de contener las protestas de cualquier movimiento social, particularmente las del movimiento indígena. Por eso, la complementariedad que tienen con el Ejército —en este caso las Fuerzas Armadas— resulta en un escalamiento de las capacidades represivas del Estado para contenerlas. El problema es que el ejército o cualquier fuerza militar no está preparada ni entrenada para manejar manifestaciones de tipo social, y por eso ocurren las violaciones a los derechos humanos, los abusos de poder y la extralimitación de funciones”, analiza sobre este episodio puntual Manuel Camilo González, analista y docente de la Pontificia Universidad Javeriana.
Un viejo conocido
Al frente de las protestas está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la más poderosa de todo el país y a la que pertenecía Fuérez. Es una organización de larga historia en Ecuador, con participación política gracias a su brazo Pachakutik y con historial de oposición gubernamental e incluso de gobiernos derrocados en la década de los noventa. En 2000 formaron parte del bloque que apoyó a Rafael Correa y su reforma constitucional de 2008. Ahora, con el alza del diésel, han salido a las calles alegando que el impacto los golpea como población indígena, teniendo en cuenta que afecta la movilización desde sus territorios hacia las urbes y el transporte de sus cosechas. También piden la reducción del IVA del 15 al 12 %, algo que cambió cuando llegó Noboa, en 2023.
Tanto Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), como Manuel Camilo González coinciden en que la Conaie atraviesa un momento de debilidad en comparación con años anteriores. Freeman la describe como una organización más dividida internamente y con menor capacidad de articulación nacional, mientras que González señala que, pese a esa pérdida de cohesión, sigue siendo un actor con fuerte arraigo territorial y con capacidad de movilizar demandas sociales más allá del ámbito indígena. Su papel frente al gobierno de Noboa será decisivo, no por su fuerza actual, sino por su potencial de reactivar protestas en un contexto de creciente descontento social. Hoy por hoy, la Conaie ha perdido toda representación política relevante, llegando casi a un 2 % de representación en la Asamblea Nacional.
Además, con los recientes sucesos, esta fuerza ha entrado en confrontación con la administración. Mientras que el Gobierno interpuso una denuncia por presunto intento de asesinato, la organización social desestimó eso. Según aseguró el grupo a través de un comunicado, el ingreso de la caravana presidencial “en una zona de resistencia” en la provincia andina de Cañar, donde fue apedreada, “lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno” para “justificar la represión”.
Una constituyente en camino
Todo esto ocurre en medio de un proceso constituyente que pretende llevar a cabo Noboa a través de un referendo. El presidente citó a una consulta popular para el 16 de noviembre, que busca reducir el número de asambleístas, revocar el permiso de bases extranjeras y plantear una nueva Asamblea Constituyente. ¿La última? La de 2007, convocada por Rafael Correa, que terminó en la Constitución de Montecristi, vigente hasta hoy. Guillermo Lasso citó a un referendo constituyente que pretendía reformarla, pero no tuvo éxito.
González afirma que en Ecuador cada presidente ha llegado con la idea de “refundar el país” con propuestas constituyentes, que en el fondo “se disfrazan un poco de concentrar el poder. Entonces, cambiar la Constitución, que es cambiar las normas, implica necesariamente cambiar las normas para concentrar y fortalecer el poder presidencial”.
El problema es que citar una consulta popular con los ánimos caldeados, como están, puede ser un revés para Noboa si la represión y la falta de negociación con los movimientos populares siguen siendo la regla. Freeman afirma que en el gobierno de Noboa, como en los anteriores, “hasta los miembros de gabinete se cambian casi mensualmente”. Y cierra de forma contundente: “Creo que lo que necesita Ecuador es mayor estabilidad institucional”.
El descontento popular, la sombra de las pandillas y bandas criminales golpeadas por la militarización de Noboa, y la intención de reformar Ecuador con mano dura, entran en un período decisivo: la suma de una serie de crisis que pone a prueba la estrategia del presidente de 37 años.
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Por Hugo Santiago Caro
