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Lo dijo con vibrato sostenido el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tras conocer las sanciones impuestas por el gobierno de Barack Obama: “Desde Estados Unidos se planifican ataques militares contra Venezuela (…) Estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperio norteamericano cada vez que va a atacar un pueblo, para decir que se siente amenazado (…) ¿Qué armas tenemos nosotros para amenazar a EE.UU.? Esta es la antesala de una invasión militar”.
Luego, el presidente, Nicolás Maduro aseguró: “Pediré una ley habilitante especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria (...) Una ley antiimperialista para prepararnos en todos los escenarios y en todos ganar con la paz”.
La reacción que, según analistas consultados por este diario en Caracas y Washington, era la que EE.UU. quería evitar.
Adam Isacson, coordinador del programa de Políticas de Seguridad Regional del centro de pensamiento WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), explica que si bien es cierto que la situación de derechos humanos en el país es grave, “estas medidas resultan contraproducentes, pues hay un peligro de que el gobierno de Maduro responda a las sanciones de una manera que le quita aún más espacio a la oposición. Además, es probable que, usando el argumento nacionalista, Maduro logre unir su base política con miras a las elecciones de fin de año. Y es casi cierto que incrementará la polarización dentro de Venezuela, dificultando mucho el inicio de un diálogo”.
Luis Vicente León, analista venezolano, profesor universitario y presidente de la firma de encuestas y análisis Datanálisis, señala que estas medidas le dan al gobierno venezolano un enemigo externo para achacarle responsabilidad en los problemas del país. “Los anuncios de EE.UU. son vistos en la calle como una desproporción. Los que saben del tema tienen claro que es algo retórico, dirigido específicamente contra siete personas, que el país no está en riesgo de invasión militar, pero el gobierno y otras voces capitalizan los términos”.
Colombia, una amenaza
En el gobierno de Obama muchos habían pensado que tomar estas medidas no ayudaría a la institucionalidad y la oposición democrática. Sin embargo, el mandatario decidió firmar el decreto ante las constantes acusaciones de Maduro sobre alguna conspiración de golpe desde Washington. Cuando Obama declara “emergencia nacional” ante la “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de la situación en Venezuela”, utiliza una herramienta de rutina aprobada por el Congreso hace 37 años. En 1976, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Nacional para darle al mandatario de turno la posibilidad de imponer sanciones económicas, congelar bienes, movilizar a la Guardia Nacional, suspender leyes ambientales o parar el comercio con ciertos países. El Congreso tiene poder de ejercer veeduría y desaprobar estas declaraciones, pero casi nunca lo hace.
Hasta ahora, EE.UU. ha decretado 53 estados de emergencia a países como Irán, Irak, Siria, Rusia, en situaciones que van desde la pandemia de H1N1, hasta la situación de Ucrania. Un artículo publicado el año pasado en el periódico USA Today hizo una revisión a estos decretos, que en la mayoría de los casos siguen vigentes. Estas declaraciones no vencen, siguen prorrogándose, así hay unas que duran décadas.
Colombia es un ejemplo de eso. En 1995 el gobierno estadounidense declaró estado de emergencia nacional para hacer frente al tráfico de droga, señalando que “los señores de la droga siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos y pueden causar un nivel extremo de violencia, corrupción y daño en los Estados Unidos y en el extranjero”. La idea entonces era darle al presidente la capacidad de congelar los bienes en EE.UU. de personas señaladas como narcotraficantes. Según el informe del USA Today, en noviembre del año pasado Obama renovó este decreto.
Otros casos
En sus seis años en el cargo , el presidente Obama ha declarado nueve casos de emergencia, ha ampliado 22 emergencias promulgadas por sus predecesores y revocó una. En mayo, Obama revocó una orden ejecutiva de la era George W. Bush que protegía los intereses petroleros iraquíes y sus contratistas de responsabilidad legal, señala el USA Today. Y aclara: “Sin embargo, dejó vigente el estado de emergencia declarado en la orden ejecutiva, porque al menos otras dos órdenes ejecutivas dependían de ella”.
Después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush declaró emergencia nacional, decreto que ha sido renovado seis veces por Obama, pues “se considera la base legal de los actos de guerras e invasiones en nombre del eufemismo llamado “lucha contra el terrorismo”, explica el periódico.
La más antigua hoy vigente la emitió el presidente Jimmy Carter en 1970 contra Mohamad Nazemzadeh, ingeniero bioquímico, investigador en la Universidad de Michigan, quien en 2011 intentó mediar en la venta de una bobina de resonancia para un reformado hospital iraní. En este caso se consideró que Nazemzadeh significaba “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”, relata el USA Today.
En el informe el periódico explica que en 2010 el Congreso arreció las Sanciones de Responsabilidad Integral de Irán y la Ley de Cesión. ”La ley arrecia las sanciones contra Irán, pero incluye excepciones más amplias, incluso para equipos médicos, tales como la bobina de resonancia magnética que intentó llevar al hospital iraní el doctor Nazemzadeh”.
A pesar de los casi cinco mil fallecidos por la epidemia de ébola y los más de diez mil contagiados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno Obama evitó declarar una emergencia nacional, por considerarlo innecesario. Kim Lane Scheppele, profesor de la Universidad de Princeton, le dijo al USA Today que “las emergencias se han vuelto tan rutinarias que pasan actualmente casi desapercibidas”. No es el caso de Venezuela.
alagos@elespectador.com
Por Angélica Lagos Camargo
