El desplazamiento forzado en las ciudades de Venezuela

Rafael Morillo fue sorprendido por un grupo de 15 delincuentes de la banda de El Macua cuando regresaba a su casa. Las botas estilo militar les dieron un indicio de su pasado -10 años que había trabajado en la Policía Metropolitana– y luego el carnet de la institución, que todavía guardaba por apego, les confirmó lo que a simple vista les parecía. Era un policía y su misión era eliminarlo.

Con armas habían logrado que Rafael y su amigo detuvieran su moto y el policía retirado quedó en manos de los delincuentes que inmediatamente lo golpearon; el otro hombre logró zafarse, corrió y esquivó las balas.

“A punta de cachazos en la cabeza, patadas y golpes, me subieron por un callejón. Yo les decía que me dejaran quieto, que ya no era policía, que ya me robaron. Nada. Ellos repetían que como era policía me iban a matar. Un golpe me desmayó, pero cuando me recuperé, pedí a Dios que me sacara de allí”, dijo Rafael, cuyo testimonio está recogido en uno de los reportajes sobre los desplazados por la violencia en Venezuela  realizado por Efecto Cocuyo y publicado en la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS.

La súplica fue escuchada. Un barranco fue el camino que usó para escapar y ni los tiros lo detuvieron. Su mujer, que recibió por accidente una llamada del teléfono de Rafael, entró en pánico. Salió a enfrentar a los malandros que estaban a cinco cuadras: los de la banda de El Cementerio (un barrio de clase media baja y clase baja de Caracas). El líder del grupo delictivo le dio un ultimátum: debían abandonar inmediatamente su vivienda y salir del barrio.

Varios barrios con tradición de violencia han aceptado ser parte de las Zonas de Paz “una política de seguridad ciudadana blanda, con la que el Gobierno pensó que frente al desbordamiento de los homicidios en la categoría de ‘enfrentamiento entre bandas’  podía disminuirlos. Estaba dirigida hacia las bandas, para generar una tregua entre ellas a cambio de beneficios socioeconómicos”, explica Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado y la ONG Paz Activa.

“Se cedió el monopolio de la violencia a la delincuencia”, dice refiriéndose al paso del deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos a un grupo de personas armadas. El especialista cree que esta anuencia del Gobierno permitió el surgimiento de las megabandas, fenómeno en el que varios grupos delictivos se unifican bajo un solo mando. “Se aprovecharon de los recursos del Estado, ampliaron su negocio delictivo y consolidaron su poder”, manifestó.

Aunque el Observatorio no atribuye el desplazamiento de personas por la violencia a la creación de las Zonas de Paz, sí reconoce que el poderío de las bandas impulsa a familias a abandonar su vivienda como medida de protección.

En 2015, el abogado Alfredo Romero, miembro del Refugee Freedom Program – RFP (Programa Libertad del Refugiado), informó que Venezuela ingresó por primera vez al cuadro de los 10 países cuyos habitantes solicitan asilo. Obtuvo el quinto lugar, por encima de Honduras.

Entre los requisitos que se necesitan para optar por este trámite se encuentra la demostración de que no se puede regresar al país, de que la vida está en riesgo y que se es víctima de una persecución.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el especialista en temas migratorios, Iván de la Vega, en 13 años, Venezuela ha perdido a 1.800.000 habitantes, 72 por ciento de ellos abandonó el país empujado por la inseguridad.

Carmen y su familia fueron parte de los 300 desalojados por la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en julio de 2015. La primera comunidad a la que le derribaron sus casas de forma arbitraria y que luego el Gobierno presentó como nicho del hampa.

En menos de una semana lo perdieron todo. Aunque el Estado dispuso camiones y un galpón de depósito para los enseres del hogar, un saqueo paulatino en esas instalaciones les quitó lo que no se perdió en el traslado.

Un contingente de 1.477 hombres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) invadió su comunidad el 24 de julio en la madrugada y los sacó sin piedad de sus viviendas, aunque Carmen formaba parte del Consejo Comunal, mantenía contacto con el Gobierno, la Alcaldía del Distrito Capital y promovía el voto para el fallecido expresidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

“Por primera vez en Venezuela se usó la vivienda no como derecho sino como castigo. 976 viviendas han sido destruidas de forma ilegal y arbitraria por la fuerza pública que han actuado en la OLP”, explica el Informe Anual de Provea para 2015 sobre los desalojos que, como a Carmen, dejaron a cientos de personas damnificadas, como detalla la cuarta entrega de esta serie de reportajes.

Bajo estas circunstancias, pareciera que ni el Estado garantiza el derecho a una vivienda digna, ni ofrece aval para la seguridad de sus ciudadanos. Para Carmen y su familia ha sido difícil el proceso de adaptación al refugio en El Cementerio no solo por tener que compartir con otras personas, si no también por la delincuencia que los azotaba. Por su lado, Rafael ha tenido que mudarse a casa de la abuela de su esposa, con tres de sus tíos. “A mi hijo le hemos dicho que nos mudamos porque la otra cosa era alquilada, no era de nosotros. Él extraña su casa y sus juguetes. Lo que nos queda es acostumbrarnos”, reflexionó Rafael.

Esta serie de reportajes fue elaborado por Vanessa Moreno Losada para Efecto Cocuyo de Venezuela y es republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

Rafael Morillo fue sorprendido por un grupo de 15 delincuentes de la banda de El Macua cuando regresaba a su casa. Las botas estilo militar les dieron un indicio de su pasado -10 años que había trabajado en la Policía Metropolitana– y luego el carnet de la institución, que todavía guardaba por apego, les confirmó lo que a simple vista les parecía. Era un policía y su misión era eliminarlo.

Con armas habían logrado que Rafael y su amigo detuvieran su moto y el policía retirado quedó en manos de los delincuentes que inmediatamente lo golpearon; el otro hombre logró zafarse, corrió y esquivó las balas.

“A punta de cachazos en la cabeza, patadas y golpes, me subieron por un callejón. Yo les decía que me dejaran quieto, que ya no era policía, que ya me robaron. Nada. Ellos repetían que como era policía me iban a matar. Un golpe me desmayó, pero cuando me recuperé, pedí a Dios que me sacara de allí”, dijo Rafael, cuyo testimonio está recogido en uno de los reportajes sobre los desplazados por la violencia en Venezuela  realizado por Efecto Cocuyo y publicado en la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS.

La súplica fue escuchada. Un barranco fue el camino que usó para escapar y ni los tiros lo detuvieron. Su mujer, que recibió por accidente una llamada del teléfono de Rafael, entró en pánico. Salió a enfrentar a los malandros que estaban a cinco cuadras: los de la banda de El Cementerio (un barrio de clase media baja y clase baja de Caracas). El líder del grupo delictivo le dio un ultimátum: debían abandonar inmediatamente su vivienda y salir del barrio.

Varios barrios con tradición de violencia han aceptado ser parte de las Zonas de Paz “una política de seguridad ciudadana blanda, con la que el Gobierno pensó que frente al desbordamiento de los homicidios en la categoría de ‘enfrentamiento entre bandas’  podía disminuirlos. Estaba dirigida hacia las bandas, para generar una tregua entre ellas a cambio de beneficios socioeconómicos”, explica Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado y la ONG Paz Activa.

“Se cedió el monopolio de la violencia a la delincuencia”, dice refiriéndose al paso del deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos a un grupo de personas armadas. El especialista cree que esta anuencia del Gobierno permitió el surgimiento de las megabandas, fenómeno en el que varios grupos delictivos se unifican bajo un solo mando. “Se aprovecharon de los recursos del Estado, ampliaron su negocio delictivo y consolidaron su poder”, manifestó.

Aunque el Observatorio no atribuye el desplazamiento de personas por la violencia a la creación de las Zonas de Paz, sí reconoce que el poderío de las bandas impulsa a familias a abandonar su vivienda como medida de protección.

En 2015, el abogado Alfredo Romero, miembro del Refugee Freedom Program – RFP (Programa Libertad del Refugiado), informó que Venezuela ingresó por primera vez al cuadro de los 10 países cuyos habitantes solicitan asilo. Obtuvo el quinto lugar, por encima de Honduras.

Entre los requisitos que se necesitan para optar por este trámite se encuentra la demostración de que no se puede regresar al país, de que la vida está en riesgo y que se es víctima de una persecución.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el especialista en temas migratorios, Iván de la Vega, en 13 años, Venezuela ha perdido a 1.800.000 habitantes, 72 por ciento de ellos abandonó el país empujado por la inseguridad.

Carmen y su familia fueron parte de los 300 desalojados por la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en julio de 2015. La primera comunidad a la que le derribaron sus casas de forma arbitraria y que luego el Gobierno presentó como nicho del hampa.

En menos de una semana lo perdieron todo. Aunque el Estado dispuso camiones y un galpón de depósito para los enseres del hogar, un saqueo paulatino en esas instalaciones les quitó lo que no se perdió en el traslado.

Un contingente de 1.477 hombres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) invadió su comunidad el 24 de julio en la madrugada y los sacó sin piedad de sus viviendas, aunque Carmen formaba parte del Consejo Comunal, mantenía contacto con el Gobierno, la Alcaldía del Distrito Capital y promovía el voto para el fallecido expresidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

“Por primera vez en Venezuela se usó la vivienda no como derecho sino como castigo. 976 viviendas han sido destruidas de forma ilegal y arbitraria por la fuerza pública que han actuado en la OLP”, explica el Informe Anual de Provea para 2015 sobre los desalojos que, como a Carmen, dejaron a cientos de personas damnificadas, como detalla la cuarta entrega de esta serie de reportajes.

Bajo estas circunstancias, pareciera que ni el Estado garantiza el derecho a una vivienda digna, ni ofrece aval para la seguridad de sus ciudadanos. Para Carmen y su familia ha sido difícil el proceso de adaptación al refugio en El Cementerio no solo por tener que compartir con otras personas, si no también por la delincuencia que los azotaba. Por su lado, Rafael ha tenido que mudarse a casa de la abuela de su esposa, con tres de sus tíos. “A mi hijo le hemos dicho que nos mudamos porque la otra cosa era alquilada, no era de nosotros. Él extraña su casa y sus juguetes. Lo que nos queda es acostumbrarnos”, reflexionó Rafael.

Esta serie de reportajes fue elaborado por Vanessa Moreno Losada para Efecto Cocuyo de Venezuela y es republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.