Han sido días convulsos en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Sin precedentes, el capítulo que vivimos desde el domingo pone a ambos frentes en posiciones demasiado complicadas desde una perspectiva diplomática, especialmente porque, como viene ocurriendo, esa es la última de las opciones tenida en cuenta entre los dos presidentes, Donald Trump y Gustavo Petro.
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Sin embargo, es la única vía para normalizar las relaciones e impedir que el costo sea mayor, teniendo en cuenta que sobre la mesa está el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, la amenaza de aranceles por parte de Trump y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, uno de los pilares históricos en la relación. De hecho, en el comunicado emitido por la Cancillería después de la reunión entre el presidente Petro con John McNamara, encargado de negocios y jefe de la misión estadounidense en Colombia, el gobierno reiteró que este asunto sigue siendo la prioridad para el país: “El presidente Gustavo Petro ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país. Asimismo, reiteró la importancia de que Estados Unidos se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia”.
El problema, más allá del compromiso, ya no se trata de desacuerdos sobre estrategias, sino de un choque entre dos visiones opuestas sobre cómo entender la cooperación y abordar la problemática: un enfoque punitivo desde la perspectiva de Washington y uno social, desde Bogotá.
“El problema para Colombia ahora es que el gobierno de los Estados Unidos está insistiendo primero en la parte dura, en la erradicación y en la acción en contra de los grupos armados. La verdad es que se necesitan los dos (enfoques), y también es cierto que durante todos los 25 años del Plan Colombia y de la relación íntima entre Estados Unidos y Colombia hemos tenido problemas con la coordinación de ambas partes. Pero, como digo de nuevo, es importante la parte social, pero sin esa parte dura, sin la parte de ‘law enforcement’ (aplicación de ley), será difícil atraer la atención de Estados Unidos”, explica Kevin Whitaker, exdiplomático y exembajador de EE. UU. en Colombia (2014-2019).
Define, además, que desde la llegada del Plan Colombia (2000), la lucha contra el narcotráfico ha sido prácticamente el centro de la relación bilateral. En ese punto coincide Luis G. Moreno, otro exdiplomático estadounidense que, además, fungió como director de Asuntos Narcóticos en Bogotá para Estados Unidos, resultando clave en la implementación de la estrategia pactada entre los gobiernos de George W. Bush y Andrés Pastrana. Va más allá y define, incluso, que esta lucha es “fundacional” en la relación de ambos países como es hoy en día.
Destaca que para ese momento, el flujo de ayuda para Colombia llegó a ser el tercero a nivel mundial solamente por debajo de Israel y Egipto, asegurando que “eso cambió totalmente la situación de seguridad en el país”. “Las FARC tenían a Colombia en una posición muy mala, pero con el inicio del Plan Colombia, el gobierno logró cambiar la dinámica y salirse de ese apuro”, añade. Sin embargo, a pesar del posible éxito militar, WOLA (Washington Office on Latin America, un centro de investigación especializado en la región) destaca que este enfoque consumió aproximadamente un 70 % del presupuesto, dejando el enfoque social, de desarrollo, sustitución de cultivos o protección ambiental, con recursos por debajo del 30 %.
Si bien Whitaker destaca que siempre han existido problemas en cuanto a la coordinación, también señala que siempre se logró. George Bush, Barack Obama, Joe Biden y Trump I (2016-2020) lograron trabajar con Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Incluso, en los tres primeros años de la administración de Petro hubo colaboración, pero ahora ambos gobiernos están en las antípodas en cuanto al enfoque, principios y otras nociones fundamentales. Whitaker resume en tres los objetivos de Trump para con Colombia: migración, narcotráfico y Venezuela. Del otro lado, Petro estaría priorizando una agenda de derechos humanos y un enfoque en lo social de forma transversal.
De cómo logren manejar este choque dependerá si la relación vuelve a la senda de cooperación o entra en su mayor distanciamiento en dos décadas. “Es cierto que deben existir soluciones en el campo; debe haber una vida digna y lícita para quienes se encuentran involucrados en la economía de Colombia. Es necesario generar esas oportunidades. Asimismo, debe haber infraestructura y todo lo que se requiere para impulsar el desarrollo. En ese sentido, no está equivocado (el Gobierno colombiano): necesitamos ese tipo de medidas para que esto haga parte de la solución”, insiste Whitaker.
Y continúa: “La complicación para Colombia ahora es que el gobierno de los Estados Unidos está insistiendo, en primer lugar, en la parte dura: la erradicación y la acción en contra de los grupos armados”, con énfasis en que la aplicación de las ideas de Trump en Colombia no son tan fáciles de implementar, y remarcando que debe haber “un plan con rigor e inteligencia, y empezar con este plan, puede ser parte de la solución a la situación en la que nos encontramos”.
Moreno concuerda, añadiendo que sí o sí hay que bajar la temperatura en la relación y que, además, tiene que cambiar la situación. Es decir, debe existir ese plan, una ruta. Sin embargo, toda la situación queda en una gran incógnita, ya que redondea, precisamente hablando de la falta de mecanismos tradicionales: “Ya no existe un proceso. Por ejemplo, lo que dijo el presidente Trump: ‘Quiero cortar ayuda, quiero hacer esto o lo otro’, no fue resultado de un proceso con el Departamento de Estado o el Consejo Nacional de Seguridad. Lo hizo en un tweet”.
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Por Hugo Santiago Caro
