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Repetidas veces, altos funcionarios del Gobierno Nacional han manifestado que la actual estrategia para la gestión migratoria en Colombia será desarrollada desde un enfoque regional, así lo han declarado en diferentes espacios el presidente Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leyva, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y el director de Migración Colombia, Fernando García, sin profundizar mucho en los alcances de este abordaje diplomático y dejando en la sombra la explicación del manejo de la migración a nivel nacional y bilateral.
Al parecer la reunión realizada en abril de 2023, entre los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia sobre seguridad fronteriza y la situación migratoria en la región del Darién, da cuenta de este nuevo giro de la política migratoria colombiana. Los compromisos pactados en este encuentro apuntaron hacia la coordinación de acciones de respuesta a la crisis humanitaria que deben afrontar los migrantes en condición irregular que diariamente atraviesan la frontera norte con Panamá y los gobiernos nacionales y territoriales comprometidos en este difícil contexto de movilidad humana.
Combatir las redes de tráfico y trata de personas en el Darién en corredores terrestres y marítimos, abrir nuevas vías legales que disminuyan la migración irregular y el lanzamiento de planes para reducir la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, crear empleos y promover oportunidades económicas sostenibles para las comunidades fronterizas en el norte de Colombia y Panamá, a través de alianzas internacionales entre instituciones financieras, la sociedad civil y el sector privado fueron los puntos trazados en dicha reunión.
Todas ellas son acciones que ameritan un rápido despliegue teniendo en cuenta que, entre enero y abril de este año, 127.687 personas cruzaron la región del Darién, una cifra seis veces superior a la registrada en el mismo período de 2022. El 64 % de esta población correspondió a hombres adultos, el 16 % a mujeres adultas y el 20 % a menores de edad. Predominaron las nacionalidades: venezolana (44 %), haitiana (22 %) y ecuatoriana (13 %). Respecto a los 2.005 migrantes provenientes de China registrados en el primer cuatrimestre de 2022, cabe destacar que en 2023 aumentaron a 5.531, según datos de la OIM.
Sumado a esto, próximamente el gobierno de Estados Unidos instalará en Colombia y otros países de la región Puntos de Movilidad Segura con el objeto de identificar, registrar y establecer los motivos de la migración irregular venezolana, haitiana y cubana, y dirigir a los migrantes que hayan logrado obtener el permiso humanitario (Humanitarian parole) o el reconocimiento de refugio, por rutas oficiales de ingreso a Estados Unidos. Simultáneamente, la potencia del norte se ha comprometido a expandir las vías legales para colombianos en busca de reunificación familiar o con visas temporales de trabajo.
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Estos anuncios son el reflejo de los compromisos pactados en Los Ángeles hace un año, en el marco de la Cumbre de las Américas, como respuesta ante los desafíos que impone la migración irregular a la región, sin embargo, hasta ahora las medidas diseñadas principalmente se han enfocado en la migración en tránsito que se dirige al norte del continente.
Medida que resulta insuficiente y cuyo principal objetivo será la contención migratoria y la externalización del control fronterizo por parte de Estados Unidos, lo que puede generar represamientos de personas y aumentar la presión migratoria en los países de Sur y Centroamérica, especialmente en Colombia. Sobre todo cuando un número importante de migrantes venezolanos aún no tienen pasaporte o les será difícil conseguir a alguien que viva en Estados Unidos y patrocine su permanencia en dicho país, ambos requisitos para acceder al permiso humanitario.
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Considerando que el flujo migratorio de mayor magnitud que recibe Colombia es el de vocación de permanencia de casi 2,9 millones de venezolanos, surgen las preguntas: ¿qué pasará con las políticas de integración socioproductivas que venían adelantándose desde gobiernos anteriores con apoyo de la cooperación internacional y que parecen hoy debilitarse? ¿Qué sucederá con el cumplimiento de los compromisos pactados con donantes internacionales y organismos multilaterales en materia migratoria? ¿Se pasará de una política migratoria con enfoque de derechos y oportunidad inspirada en el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas a una guiada por el Pacto de Los Ángeles, que busca principalmente contener la migración en tránsito hacia EE. UU.?
Para Colombia la integración migratoria y la protección de los derechos humanos son temas ineludibles que comprometen la convivencia y el bienestar de la sociedad colombiana. Por lo tanto, el país debe liderar una política exterior acorde a los intereses nacionales en esta materia, lo que será casi imposible si no hay unos lineamientos claros y robustos de política migratoria a nivel nacional, si se sigue apostando de manera generalizada a la “desvenezolanización” del tema y se pierde la oportunidad de abordar la migración de manera bilateral con Venezuela, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
* María Clara Robayo es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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Por María Clara Robayo*
