¿El “defensor de la democracia” en Brasil tiene demasiado poder?

Alexandre De Moraes, magistrado del Supremo de Brasil.

Foto: Flickr Associação dos Magistrados Brasileiros

Cuando la policía de caminos de Brasil empezó a impedir el paso a autobuses llenos de votantes el día de las elecciones, él les ordenó que dejaran de hacerlo. Cuando las voces de la derecha difundieron la afirmación infundada de que las elecciones de Brasil habían sido robadas, ordenó que se prohibieran en las redes sociales. Y cuando miles de manifestantes de derecha asaltaron los recintos de los poderes de Brasil este mes, ordenó arrestar a los agentes responsables de resguardar esos edificios.

Alexandre de Moraes, un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se ha convertido en el principal defensor de la democracia en ese país. Haciendo uso de una amplia interpretación de los poderes que le confiere el tribunal, ha presionado para investigar y procesar, así como para silenciar en las redes sociales, a cualquiera que considere una amenaza para las instituciones de Brasil.

Así, ante los ataques del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y sus seguidores, De Moraes despejó el camino para la transferencia de poder. Para muchos en la izquierda brasileña, eso lo convirtió en el hombre que salvó la democracia de Brasil.

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Sin embargo, para muchos otros, él es quien la amenaza. La actitud agresiva de De Moraes y su autoridad en expansión lo han convertido en uno de los más poderosos del país y lo han colocado en el centro de un complicado debate en Brasil sobre qué tanto es demasiado en la lucha contra la extrema derecha.

De Moraes, de 54 años, encarceló a personas sin juicio previo por publicar amenazas en las redes sociales; condenó a un diputado a casi nueve años de prisión por amenazar al tribunal; ordenó redadas contra empresarios con muy pocas pruebas de que habían cometido delitos; suspendió de su cargo a un gobernador electo y, de manera unilateral, ordenó cerrar decenas de cuentas y eliminar miles de publicaciones en las redes sociales, casi sin transparencia ni posibilidad de apelar.

En su afán por hacer justicia tras los disturbios, De Moraes se ha vuelto aún más implacable. Sus órdenes de prohibir a conocidos personajes en internet han proliferado y ahora tiene al hombre acusado de avivar las llamas extremistas de Brasil, Bolsonaro, en la mira. La semana pasada, incluyó al expresidente brasileño en una investigación federal sobre los disturbios, que él supervisa, con lo que sugiere que el expresidente incitó a la violencia.

Sus acciones se inscriben en una tendencia más amplia del Tribunal Supremo de Brasil a aumentar su poder y adoptar lo que los críticos han llamado un giro más represivo en el proceso.

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Muchos analistas jurídicos y políticos debaten ahora el impacto a largo plazo de De Moraes. Algunos sostienen que sus acciones son necesarias, medidas extraordinarias ante una amenaza extraordinaria. Otros dicen que, con la excusa de salvaguardar la democracia, está perjudicando el equilibrio de poder de la nación.

“No podemos proteger la democracia sin respetarla”, dijo Irapuã Santana, abogado y columnista jurídico de O Globo, uno de los periódicos más importantes de Brasil.

En octubre, Santana votó por Luiz Inácio Lula da Silva, el nuevo presidente de izquierda, pero dijo que le preocupaba que muchos en Brasil estuvieran animando a De Moraes sin tener en cuenta las posibles consecuencias. “Hoy lo hace contra nuestro enemigo. Mañana lo hará contra nuestro amigo o contra nosotros”, afirmó. “Es un precedente peligroso”, concluyó.

Milly Lacombe, comentarista de izquierda, afirmó que esas preocupaciones pasaban por alto un peligro mayor, evidenciado por los disturbios y un complot frustrado para perturbar la toma de posesión de Lula. En su columna en el sitio brasileño de noticias UOL, Lacombe escribió que la extrema derecha plantea peligros para la democracia brasileña, que deberían eclipsar las preocupaciones sobre la libertad de expresión o la extralimitación judicial.

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“Bajo la amenaza de una insurrección de inspiración nazi-fascista, ¿vale la pena suprimir temporalmente las libertades individuales en nombre de la libertad colectiva?”, se preguntó la columnista. “Yo diría que sí”, respondió.

Esta disputa ilustra un debate más extenso no solo sobre el poder judicial, sino también sobre cómo manejar la desinformación en línea sin silenciar las voces disidentes.

El propietario de Twitter, Elon Musk, opinó que las acciones de De Moraes eran “en extremo preocupantes”. Glenn Greenwald, periodista estadounidense que vive en Brasil desde hace años y se ha convertido en un crítico de ciertas normas de las redes sociales, debatió la semana pasada con un sociólogo brasileño sobre las acciones de de Moraes. Asimismo, las autoridades brasileñas han sugerido que estudiarían nuevas leyes sobre lo que se puede decir en internet.

Desde hace más de un año, De Moraes ha rechazado las solicitudes de entrevista. El Supremo Tribunal declaró que las investigaciones, así como muchas de las órdenes de De Moraes han sido respaldadas por el pleno del tribunal y son “absolutamente constitucionales”.

En las horas que siguieron a los disturbios, De Moraes suspendió al gobernador del distrito responsable de la seguridad en la manifestación que se tornó violenta y ordenó el arresto de dos funcionarios responsables de la seguridad distrital.

Aun así, hay poco apoyo en el Tribunal Supremo para arrestar a Bolsonaro, debido a la falta de pruebas y por temor a que esto provoque disturbios, según un alto funcionario de dicho recinto que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Varios magistrados del Tribunal Supremo prefieren intentar condenar a Bolsonaro por abuso de poder a través del organismo electoral del país, lo que lo inhabilita para presentarse a elecciones durante ocho años, dijo el funcionario.

Bolsonaro, que se encuentra en Florida desde el 30 de diciembre, ha acusado a De Moraes de extralimitarse en sus funciones y ha intentado someterlo a un juicio político. El abogado de Bolsonaro dijo que siempre ha respetado la democracia y repudió los disturbios.

Beatriz Rey, politóloga de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, comentó que la estrategia de De Moraes, si bien no es la ideal, es necesaria porque otras ramas del gobierno, en particular la legislativa, han eludido sus deberes.

“No debería haber una justicia que luche una y otra vez contra las amenazas a la democracia”, dijo. “Pero el problema es que, en este momento, el sistema mismo está funcionando mal”.

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