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La administración republicana de Donald Trump le pidió a la Corte Suprema que la respalde en su idea de despojar del estatus de protección temporal (TPS) a más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos, algo que podría allanar el camino para deportarlos.
En ese sentido, el Departamento de Justicia le solicitó al alto tribunal que suspenda una orden de un juez federal que detuvo la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de quitarle el estatus legal a ese grupo poblacional.
En una nota escrita por los abogados del departamento se lee: “Mientras la orden esté vigente, [Noem] debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su determinación razonada de que hacerlo es ‘contrario al interés nacional’”.
Por su parte, la decisión del juez, que aún está firme, establece que eliminar ese beneficio resultaría en “un daño irreparable a cientos de miles de personas”, así como en la salud y la seguridad de la comunidad, y “le costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica”.
Esta solicitud se conoce casi a la par de que un juez federal de Texas le prohibiera al gobierno de Trump seguir utilizando una ley del siglo XVIII, la de Enemigos Extranjeros, para expulsar a venezolanos detenidos en un centro migratorio en ese estado del sur del país.
Ese fue el instrumento jurídico que utilizó el jefe de la Casa Blanca para deportar a El Salvador a personas que fueron asociadas con el Tren de Aragua, quienes fueron enviadas a la megacárcel contra el terrorismo de Nayib Bukele. De hecho, el pasado 19 de abril, la Corte Suprema bloqueó las expulsiones a través de la normativa de 1798, que solía aplicarse en tiempos de guerra.
En los primeros 100 días de su segundo mandato, Trump ha llevado a cabo una cruzada directa contra la migración. Si Joe Biden extendió la protección del estatus legal a los venezolanos por la crisis que vive el país bajo el régimen de Nicolás Maduro, el republicano ha implementado medidas drásticas contra los migrantes, incluidas algunas detenciones, a pesar de que la ley dice que las personas “no serán detenidas” en función de su estatus migratorio. Además, deportó por error a un salvadoreño, a quien se ha negado llevar de regreso a Estados Unidos.
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