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La Corte Suprema de Estados Unidos le ordenó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de El Salvador.
Kilmar Abrego García, casado con una estadounidense, fue arrestado el 12 de marzo por agentes migratorios y, tres días después, expulsado al país centroamericano, junto a más de 200 personas.
La administración de Trump acusa a la mayoría de ellas de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” por Washington. Sin embargo, no aportó pruebas, aunque, posteriormente y ante un tribunal, reconoció que la expulsión del salvadoreño se debió a un “error administrativo”.
Abrego García vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría estar en peligro en El Salvador.
La administración afirma que no puede enmendar el error porque él está detenido en el país liderado por Nayib Bukele, además de que lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”.
Una jueza federal, Paula Xinis, dictaminó que no vio pruebas de que sea un pandillero y le pidió al Gobierno que “facilite” su regreso antes de la medianoche del 7 de abril.
Entonces, la administración recurrió a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que suspendió la decisión hasta nuevo aviso y les solicitó a los abogados de Abrego García presentar una respuesta por escrito.
“Esta decisión —y su exigencia de llevar a cabo apresuradamente negociaciones internacionales delicadas y asegurar el regreso de Abrego García esta noche— no tiene precedentes y es indefendible”, afirmó el gobierno de Trump en su apelación, al acusar una vez más a los jueces de interferir en las prerrogativas del Ejecutivo.
Por unanimidad, los nueve magistrados de la Corte Suprema aprobaron la decisión del tribunal inferior, en la medida en la que le exige al poder central “facilitar” el traslado “y garantizar que su situación se gestione como se habría hecho de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador”.
La corte restablece, por tanto, la decisión de la jueza de primera instancia, pero le pide que “la aclare con la debida consideración al poder Ejecutivo”. El alto tribunal, además, enfatizó en que “por su parte, el Gobierno debe estar dispuesto a compartir lo que pueda con respecto a las acciones que ha emprendido y de cara a acciones futuras”, para remediar esta situación.
Juezas le piden a Trump respetar la ley
Las tres juezas progresistas, en una opinión separada firmada por una de ellas (Sonia Sotomayor), especifican que se negaron a aceptar la apelación de la administración de Trump. Recomiendan, además, que el tribunal de primera instancia “siga garantizando que el Gobierno cumpla con su obligación de respetar la ley”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien visitó a finales de marzo la prisión salvadoreña donde se encuentran detenidos los migrantes deportados, dijo el miércoles estar “convencida de que las personas que están allí deben estarlo y debería ser así por el resto de sus vidas”, informó la plataforma Axios.
La Casa Blanca reconoció haberle pagado “aproximadamente US$6 millones” a El Salvador para encerrar al primer grupo de migrantes expulsados. Esta cantidad es una miseria, según la portavoz Karoline Leavitt, “en comparación con el costo que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas en prisiones de máxima seguridad” en Estados Unidos.
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