Ecuador amaneció en una relativa calma. Después de la rebelión de uniformados, la retención del presidente Rafael Correa en el Hospital de la Policía y la espectacular operación de rescate, el país parecía regresar a la rutina diaria y los policías a los cuarteles bajo el mando de un nuevo comandante, el general Florencio Ruiz.
La presencia militar sólo era evidente alrededor del Palacio de Gobierno. Soldados armados con fusiles montaron un nutrido cerco alrededor de Carondelet, en el centro colonial, e impedían el ingreso incluso de simpatizantes de Correa, que con banderas del movimiento oficialista Alianza País intentaban aproximarse para expresar su apoyo al mandatario socialista. El resto del país, pese al estado de excepción decretado por una semana, vivía un día común y corriente: el comercio abrió sus puertas normalmente, las instituciones públicas laboraron con normalidad y los bancos atendieron público desde tempranas horas de la mañana.
El presidente volvió a hablar de los acontecimientos. Lamentó la muerte de cuatro personas y los 193 heridos que dejó la rebelión. Aseguró que lo que venía ahora era una profunda depuración de la policía nacional, que comenzó con la renuncia ayer en la mañana del comandante general de la institución, Freddy Martínez. En una rueda de prensa, aseguró que sospechaba que entre las protestas hubo infiltrados.
“Ayer fue un día lamentable, crítico, caótico. Hubo desorden por doquier, se irrespetó al comandante general, al Ministro del Interior y, por si fuera poco, al Presidente de la República. Los policías, que estamos llamados a mantener el orden y la tranquilidad ciudadana, ayer provocamos desorden”.
“Un comandante irrespetado, maltratado, agredido por sus subalternos, no puede quedarse al frente de ellos”, subrayó, al tiempo de defender el derecho de la policía a presentar sus reclamaciones, aunque reconoció que “equivocaron el camino”.
Por su parte, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, advirtió que el Gobierno no está completamente tranquilo, debido a la posibilidad de algún rezago de la sublevación policial. “No puedo decir que estemos totalmente tranquilos, porque mucha gente que estuvo movilizada posiblemente lo siga estando y puedan querer reproducir lo ocurrido” , indicó.
Sigue respaldo internacional
Después de la reunión de urgencia de los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Buenos Aires, que “condenó enérgicamente el intento de golpe de Estado y posterior secuestro de Rafael Correa”, ayer llegaron a Quito los doce ministros de la organización.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, también llegó a la capital ecuatoriana, mientras varias voces de la comunidad internacional seguían condenando los hechos del jueves en Ecuador. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como “burrada” y como “intento de golpe de Estado” la sublevación. “Todos nosotros, presidentes democráticos, necesitamos condenar, de la forma más vehemente posible, ese intento de golpe de Estado en Ecuador y apoyar sin restricciones al presidente Rafael Correa”, afirmó Lula en un acto oficial en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
La buena reacción de Unasur
Después de que se normalizara la situación en Ecuador, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fue centro de elogios de analistas y políticos, por la rápida respuesta que mostró al realizar una cumbre extraordinaria durante la madruga del viernes en Buenos Aires, lo que evidenció que su papel está por encima de las diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región.
“Ahora Unasur muestra a América Latina como un sistema político único que tiene una clara noción de la defensa de las instituciones democráticas”, aseguró Edgardo Mocca, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires.
De otro lado, el sociólogo Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Políticas Internacionales del Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina, consideró que esta es la tercera disputa controlada por la acción del organismo multilateral, luego de que intercediera en la pasada crisis entre Colombia y Venezuela, y cuando estalló la polémica por la instalación de bases de EE.UU. en Colombia.