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La organización del expresidente Donald Trump y de sus aliados pagó o prometió financiar las asesorías legales de más de una docena de testigos llamados en la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, levantando dudas sobre las presiones que podrían estar recibiendo quienes se presentan a declarar ante el comité selecto a cargo del proceso indagatorio, se lee en The New York Times.
El tema tomó fuerza luego de que se organizara una audiencia de improvisto para escuchar a Cassidy Hutchinson, exasesora sénior del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pues su testimonio se hizo público después de despedir a un abogado que le habían recomendado dos de los exasistentes de Trump y que recibía su pago del comité de acción política del exmandatario. En compañía de Jody Hunt, su nueva abogada, Hutchinson se reunió con el comité selecto y acordó hablar públicamente.
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En respuesta a lo sucedido, Trump afirmó que el nuevo abogado de Hutchinson podría haberla incitado a hacer declaraciones falsas. “¡Su historia cambió totalmente!”, dijo en su sitio de redes sociales, Truth Social. Según se lee en el diario estadounidense, esto planteó dudas sobre si Trump y sus aliados pueden, implícita o explícitamente, presionar a los testigos para que retengan información crucial que podría incriminar o arrojar una luz negativa sobre el expresidente.
Bajo juramento, Hutchinson aseguró que había escuchado mencionar a los grupos nacionalistas Oath Keepers y Proud Boys durante la planificación del mitin de Trump del 6 de enero, en una reunión donde estaba el abogado personal del expresidente, Rudy Giuliani. Varios líderes de esos grupos fueron acusados de conspiración y sedición por su responsabilidad en la insurrección contra el Capitolio. De acuerdo con el testimonio de Hutchinson, a Trump y a Meadows se les dijo que algunos de los asistentes al mitin portaban armas de fuego, y por eso no podían pasar magnetómetros para ingresar.
“No me importa una mierda que tengan armas. No están aquí para lastimarme”, dijo Trump, según Hutchinson. “Dejen entrar a mi gente. Pueden marchar al Capitolio desde aquí”. El expresidente ordenó que retiraran los magnetómetros. El mitin donde habló culminó con la insurrección, que dejó cinco muertos, al menos 138 policías heridos y más de 800 arrestos.
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En medio de este revuelo, varios exasistentes le han pedido a Trump que pague por los servicios de sus abogados. Según las divulgaciones financieras, solo en mayo, el comité de acción política “Save America” pagó cerca de US$200.000 a bufetes de abogados. Eso incluye US$75.000 a JPRowley Law, que representa a Cleta Mitchell, un abogado pro-Trump que presentó una demanda para tratar de bloquear la citación del comité, y US$50.000 a Silverman, Thompson, Slutkin & White, que representó a Stephen K. Bannon, un cercano aliado del expresidente que se negó a reunirse con el panel y ha sido acusado de desacato penal, informa The New York Times. Ahora bien, no quedó claro de inmediato si esos pagos estaban relacionados con la investigación del asalto al legislativo, además de que, al parecer, varios testigos también recibieron asesoramiento legal gratuito y los honorarios de abogados fueron pagados por el “Fondo de la Primera Enmienda” de la Unión Conservadora Estadounidense, que es cercano al equipo de Trump.
Stephen Gillers, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York y especialista en ética legal, le dijo al diario estadounidense que no habría problema si un tercero paga los honorarios legales de un abogado verdaderamente independiente para representar a un cliente. Pero dijo que las cosas se vuelven más problemáticas si la entidad que paga los honorarios elige o dirige al abogado hacia el cliente y ese abogado tiene lealtades contrapuestas cuando se trata del pagador de honorarios y los mejores intereses del cliente. También es problemático, agregó, si la persona o entidad que paga la tarifa tiene su propio interés en cómo resulta el caso del cliente.
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