Resulta más sencillo hacer una lista de a quiénes no ha amenazado el presidente Donald Trump en las últimas 48 horas que enlistar a quienes actualmente tiene entre ojos. A Israel le condicionó la ayuda económica estadounidense, pero no para contener su campaña en Medio Oriente, sino para detener el juicio contra el primer ministro Benjamin Netanyahu.
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“Es terrible lo que le están haciendo en Israel a ‘Bibi’ Netanyahu. Es un héroe de guerra”, dijo Trump, exigiendo el fin de la investigación por corrupción en su contra.
También amenazó a un periodista de Forbes, revista a la que calificó de ser “una plaga” y sugirió que le pediría a su Comisión Federal de Comunicaciones que examine algunos medios. Incluso amenazó al proveedor de Internet de la Casa Blanca, AT&T, con cambiar de operador, luego de una falla antes de una llamada con religiosos –un llamado de atención que coincide con el lanzamiento de su propio servicio de comunicaciones Trump Mobile–. Japón, por otro lado, recibió otra amenaza de más aranceles si no se comprometía a comprarles más arroz.
La Universidad de Harvard y la población migrante –a la que Trump le dijo el martes que debería correr rápido de los caimanes si intentan escapar de las cárceles de migrantes– también recibieron amenazas. De igual manera, Elon Musk, hasta hace poco su aliado, recibió un nuevo llamado de atención cuando Trump dijo que no descartaba deportarlo.
Sin embargo, dentro de todas las intimidaciones, las más notables fueron contra los congresistas de su propio partido.
La razón central de las amenazas fue la posición de los congresistas sobre su “One Big Beautiful Act”, un proyecto fiscal que, en resumen, recorta impuestos a los multimillonarios y decenas de programas sociales que afectarán a millones de personas. Uno de los amenazados fue el senador Thom Tillis, quien anunció su retiro luego de votar en contra del documento de casi mil páginas. Fue uno de los tres republicanos en el Senado que votaron contra el proyecto.
“Demasiados funcionarios electos están motivados por pura política y realmente no les importa la gente a la que prometieron representar durante la campaña”, escribió Tillis.
Otro amenazado fue el representante Thomas Massie, uno de los dos republicanos que votaron contra el proyecto de Trump en la Cámara de Representantes el mes pasado y quien calificó los ataques del presidente contra Irán como “no constitucionales”. Aunque todo este clima de amenazas por doquier es gravísimo, debemos enfocarnos primero en un asunto más trascendental para la población estadounidense: el “One Big Beautiful Act”, que ahora vuelve a la Cámara para ser oficializado.
¿Qué hace el “One Big Beautiful Act”?
Esta nueva ley va a mantener los grandes recortes que Trump hizo durante su primera presidencia a los impuestos para los más ricos, además de nuevas rebajas para impuestos para trabajadores con propinas y horas extras. También subiría el gasto en materia de defensa y migración. Para poder financiar todo esto, la ley propone recortes duros en programas sociales, como Medicaid (salud para personas de bajos ingresos), ayudas alimentarias, créditos para energía limpia, préstamos estudiantiles, entre otras cosas. ¿El resultado macro? Se aumentaría el techo de deuda de EE. UU. en hasta US$5 billones, lo que preocupa a legisladores de ambos lados.
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El caso Alaska
Cada voto contaba para la aprobación del plan de Trump. A horas de la votación final, la situación se debatía entre la senadora Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, ambas identificadas como “moderadas”. Trump necesitaba que al menos una de ellas votara a favor de su proyecto. Cuando Collins votó por el “no”, la atención se centró en Murkowski, quien negociaba un jugoso trato a cambio de su voto.
La clave está en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés), un programa del gobierno de EE. UU. que ayuda a las personas con menos ingresos a comprar comida, lo que en Colombia sería algo así como una tarjeta o bono para mercados. Hasta ahora el gobierno federal era el que pagaba todo ese programa en los estados, pero con la nueva ley de Trump, algunos estados ahora tendrán que poner de su propio dinero para mantenerlo funcionando.
Murkowski logró negociar una exención especial para que Alaska no tenga que aportar dinero al SNAP por cinco años, mientras que otros estados, sí. Antes de votar, el exlíder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se acercó a su colega para hablar en silencio. Luego de un apretón de manos, Murkowski respondió al llamado de votar con un “sí”. Para muchos electores en su estado, la senadora los “salvó” de algunos recortes. Para el resto del país, fue como un trato a puerta cerrada donde un estado recibió privilegios, mientras otros millones de personas perderán ayudas claves.
Ahora será la Cámara la que defina el futuro del megaproyecto de Trump, pero los conservadores rechazan la versión del Senado y amenazan con frenar su aprobación antes del 4 de julio.
¿Quién pierde?
Quienes dependen de programas sociales como SNAP (cupones de alimentos) y Medicaid (seguro de salud para personas de bajos ingresos) serían los más golpeados. La ley propone un recorte de US$68.600 millones en SNAP y US$930.000 millones en Medicaid a lo largo de una década. Más de 12 millones de estadounidenses podrían enfrentar barreras para acceder a servicios médicos básicos, y millones de familias verían comprometida su seguridad alimentaria.
También perderían los fabricantes de vehículos eléctricos y defensores de la energía limpia. Al eliminarse los incentivos fiscales para comprar autos eléctricos a partir de septiembre, se frenaría una industria clave para la transición energética. Esa es la razón por la que Musk, CEO de Tesla, ha sido uno de los críticos más duros, calificando la ley como una “abominación que destruirá millones de empleos”.
Finalmente, los conservadores fiscales también ven con preocupación la medida, ya que elevaría la deuda nacional en más de US$3,3 billones, algo que consideran una amenaza para la sostenibilidad económica a largo plazo del país.
¿Quién gana?
Los principales beneficiados por el proyecto de ley serían los hogares con altos ingresos, que recibirían más de un tercio del total de los recortes fiscales. Según el Tax Policy Center, las familias que ganan más de US$460.000 al año se llevarían las mayores ventajas, mientras que más del 57 % de los beneficios fiscales irían a hogares con ingresos superiores a US$217.000 anuales. También ganan las familias con hijos, ya que el crédito tributario por niño aumentaría de forma permanente a US$2.200, un alivio para muchos padres frente a una posible reducción si no se aprueba la ley.
Otros beneficiarios directos serían los trabajadores que reciben propinas, como meseros y personal de servicio, ya que estas dejarían de estar gravadas por impuestos federales.
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