Tras una oleada de contrataciones el verano pasado, un funcionario a cargo de evaluar a los nuevos reclutas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) emitió una grave advertencia.
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El gobierno de Donald Trump, escribió en un memorando, tomaba atajos, violaba la ley y aceleraba el ingreso de candidatos no calificados y “evaluados de manera inadecuada” a las filas del ICE, como parte de una maniobra peligrosa que exponía a la agencia —y a sus operaciones policiales— a “graves riesgos de seguridad nacional”.
El funcionario de carrera de ICE citó una “reducción de estándares sin precedentes” y dijo que “fallas sistémicas” habían permitido que los solicitantes recibieran ofertas de trabajo antes de haber pasado las verificaciones básicas de huellas dactilares, identidad o crédito en un proceso de evaluación preliminar. Funcionarios nombrados por motivos políticos habían eludido injustificadamente las investigaciones de antecedentes y obtenido elegibilidad para cargos de seguridad nacional.
El funcionario, un jefe de unidad que supervisaba directamente a más de 100 empleados que evaluaban a miles de solicitantes del ICE, estaba tan preocupado por lo que vio que no planteó estas inquietudes a sus superiores; lo hizo en una queja formal de denunciante ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
En la queja, pidió una investigación externa independiente sobre el asunto. Más tarde fue entrevistado en dos ocasiones por funcionarios de la Oficina del Inspector General y sus inquietudes se han convertido en parte de una auditoría en curso sobre las prácticas de evaluación.
La queja, de la cual no se había informado anteriormente, subraya las crecientes preocupaciones sobre la idoneidad —así como las tácticas— de decenas de agentes que se han desplegado rápidamente por todo el país en el último año. También describe hasta qué punto el ICE debilitó sus estándares, y señala disensiones en las altas esferas de la agencia mientras se le presionaba para llevar a cabo la ofensiva migratoria del presidente Trump el año pasado.
El denunciante, un veterano con 17 años de experiencia en el ICE que habló con The New York Times bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada de sus afirmaciones, dijo que la agencia había tomado atajos en su prisa por llenar sus filas.
“Como agencia, optamos por la conveniencia en lugar de la rigurosidad”, dijo, al describir la decisión de la agencia de reducir el escrutinio de los reclutas con el fin de acelerar las contrataciones. “Al hacerlo, existía la posibilidad de poner vidas en riesgo y poner en peligro la seguridad nacional”.
La queja del denunciante se obtuvo a través de una solicitud de registros públicos. Las preocupaciones expresadas en ella coinciden en gran medida con las planteadas por otros empleados actuales y exempleados del ICE, quienes dijeron que la agencia había abandonado las buenas prácticas a medida que ampliaba rápidamente sus filas. Un abogado del ICE que trabajaba en el centro de capacitación de la agencia renunció a principios de este año y se dio a conocer públicamente como denunciante, mencionando su preocupación por un programa de capacitación “deficiente, defectuoso y fracturado”.
En respuesta a preguntas, un portavoz del ICE dijo en un comunicado que la agencia “aplica de manera diligente las regulaciones adecuadas de evaluación del personal, incluidas las pautas de seguridad nacional, y evalúa toda la información disponible de cada solicitante con base en estos factores”.
La agencia se negó a hacer comentarios sobre el denunciante, quien se retiró de la agencia en julio, o sobre su queja.
El escrutinio de las prácticas de contratación del ICE se ha intensificado en las últimas semanas, impulsado en parte por la muerte a tiros de Johan Sebastián Durán Guerrero, un migrante colombiano, en Biddeford, Maine, el 13 de julio.
Las dos exesposas del agente del ICE David Brouillette, una de las cuales lo identificó como la persona que disparó los tiros mortales, lo han acusado en entrevistas y registros judiciales de ser violento. En una solicitud de orden de protección en diciembre de 2019, una de sus exesposas escribió que él había derribado su puerta, destruido sus pertenencias y arrojado su ropa por un puente.
Las mujeres también han dicho que Brouillette, un exmilitar y exoficial de policía del Departamento de Asuntos de los Veteranos contratado en medio del aumento de reclutamiento del año pasado, padece trastorno de estrés postraumático relacionado con su despliegue en Afganistán. Un funcionario local en Maine le dijo a The Portland Press Herald que Brouillette buscó empleos en el Departamento de Policía de Hallowell en 2024, pero fue rechazado porque había “demasiadas señales de alerta”. No se pudo contactar a Brouillette para que hiciera comentarios.
Después del tiroteo, Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, dijo que la investigación del DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por su sigla en inglés) sobre el episodio incluirá determinar si el agente fue evaluado adecuadamente antes de ser contratado.
Un portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas al DHS.
Prisa por reclutar
Las preocupaciones expresadas en la denuncia presentada en agosto de 2025 dejaron al descubierto atajos en el proceso de evaluación preliminar de la agencia. No se hacían verificaciones de crédito. No se confirmaban las huellas dactilares. Se hacían ofertas de empleo definitivas sin haber realizado una evaluación preliminar.
Antes del aumento de contrataciones, un equipo de reclutamiento ponía a disposición de una unidad dentro de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE los documentos para cada nueva contratación, incluidas las huellas dactilares y un formulario de seguridad con preguntas extensas. Luego, el equipo de evaluación iniciaba una verificación preliminar; pasaba el nombre de cada solicitante por bases de datos policiales y buscaba infracciones penales u otras señales de alerta importantes. Algunos reclutas eran enviados a una prueba de polígrafo si surgían inquietudes.
Estos reclutas luego se sometían a una verificación de antecedentes completa, realizada por contratistas externos, para determinar si el candidato era lo suficientemente confiable como para tener acceso a sistemas informáticos confidenciales, instalaciones federales e información clasificada. No era inusual que esto ocurriera mientras los reclutas estaban en capacitación.
El proceso de evaluación preliminar, que tomaba de siete a 10 días, se vio alterado el verano pasado. A los evaluadores se les dijo que tomaran determinaciones sobre los reclutas sin tener el formulario de seguridad completo, las huellas dactilares ni ninguna prueba de polígrafo, según el exjefe de unidad y un exfuncionario federal familiarizado con el proceso a quien se le concedió el anonimato para hablar libremente sobre el tema.
Esto significaba que los nuevos empleados iban a la capacitación sin que se revisaran y verificaran sus identidades, antecedentes penales y otra información básica, dijo el jefe de la unidad.
La agencia también aceleró su programa de capacitación, reduciéndolo de aproximadamente 10 semanas a seis. Esto resultó en agentes que se presentaban a sus puestos de tiempo completo mientras sus verificaciones de antecedentes completas estaban pendientes.
Mientras tanto, a los reclutas con experiencia policial previa se les dio la opción de tomar cursos en línea en lugar de completar la capacitación presencial. Enfrentaron un escrutinio aún menor en sus verificaciones de antecedentes.
En julio, la agencia dijo que aumentó la duración de su programa de capacitación para las clases de la academia, e instruyó a los graduados anteriores a asistir a capacitación adicional.
Ryan Schwank, el exabogado del ICE que trabajó en el centro de capacitación de la agencia, testificó ante el Congreso este año que los nuevos reclutas no parecían aptos para el servicio.
“Nos preocupaba que el ICE reclutara a una persona impredecible o a alguien que simplemente no fuera mentalmente apto para el puesto”, dijo Schwank en una entrevista reciente. “Sabíamos que ese tipo de persona pasaría los filtros. Pero lo que creo que no dejaba dormir por la noche a algunos de los otros instructores era la posibilidad de que el crimen organizado obtuviera acceso a la agencia o la penetrara”.
Schwank, quien dio clases a reclutas durante el aumento de contrataciones, dijo que eso fue exactamente lo que sucedió. El otoño pasado, varios estudiantes fueron retirados de la academia en Georgia en medio de la capacitación porque los funcionarios determinaron que todos ellos estaban vinculados a una pandilla criminal. Schwank comenzó a trabajar en la academia de capacitación en septiembre pasado y dejó la agencia en febrero.
En un comunicado, un portavoz del ICE dijo que “ICE NO ha recibido evidencia creíble de que alguno de sus agentes en formación estuviera vinculado a una pandilla criminal común”.
En la entrevista, Schwank dijo que era inusual que estudiantes reprobaran la academia antes del aumento, pero que aproximadamente la mitad de sus estudiantes reprobaron después del impulso de contrataciones. Esto ocurrió después de que la academia implementara exámenes a libro abierto y dejara de reprobar a los estudiantes que cometían errores fatales durante las simulaciones de aplicación de la ley.
Para esta primavera, cientos de nuevos reclutas contratados en medio del aumento ya habían sido destituidos de la fuerza, según el exfuncionario federal a quien se le concedió el anonimato.
El aumento de contrataciones se puso en marcha en parte por la aprobación del proyecto de ley de política nacional de Trump el verano pasado. El Congreso asignó 30 millardos de dólares en nuevos fondos para que ICE contratara a 10.000 nuevos agentes de ICE, con lo que duplicó con creces el número de oficiales de deportación.
Preocupaciones sobre los funcionarios designados políticamente
El jefe de unidad que presentó la queja por irregularidades dijo que decidió alertar a la Oficina del Inspector General del DHS porque el liderazgo del ICE había creado estos problemas y pensó que era necesaria una investigación externa e independiente.
Además de las preocupaciones sobre el proceso de evaluación, en la queja también mencionó que los aliados políticos del gobierno de Trump habían recibido un trato favorable y obtenido autorizaciones de seguridad, a pesar de que había surgido información preocupante sobre ellos en las verificaciones de antecedentes. Citó a Corey Lewandowski, un exasesor principal del DHS.
Las preocupaciones sobre Lewandowski se habían planteado en un memorando escrito el año pasado por el jefe de seguridad del DHS y fueron vistas por el denunciante, quien le dijo al Times que un superior le había pedido que evaluara a Lewandowski para una credencial del ICE. Las señales de alerta en el memorando incluían acusaciones de que a Lewandowski se le había pagado años antes por trabajos realizados para una agencia del gobierno chino, según el denunciante y un informe del año pasado publicado en el Daily Mail. Dicha acusación no ha sido fundamentada fuera de ese memorando.
En un comunicado, Lewandowski negó haber sido evaluado por el ICE. Dijo que “nunca he trabajado para el Partido Comunista Chino - Punto final”.
En un comunicado de seguimiento, un portavoz de Lewandowski dijo que cualquier sugerencia de que “recibió un trato favorable en relación con su autorización de seguridad es categóricamente falsa”.
Diez días después de que el jefe de la unidad presentara su queja como denunciante —y unos días después de que se publicara el artículo del Daily Mail— un abogado de la Oficina del Asesor Jurídico General del departamento se comunicó con él. Este abogado, que no era de la Oficina del Inspector General, pidió reunirse con el denunciante en una oficina de campo de la agencia en Texas, separada de donde él trabajaba habitualmente.
El denunciante creía que lo entrevistaban sobre sus preocupaciones de seguridad, pero se hizo evidente que existía un enfoque diferente en la investigación: ¿había hablado el jefe de la unidad con los medios de comunicación sobre sus preocupaciones?
El abogado lo interrogó exhaustivamente durante cuatro horas y confiscó su computadora portátil, según el exjefe de unidad y su abogado. El contenido completo de la reunión, dijeron, está protegido por un acuerdo de confidencialidad, una práctica común para investigaciones internas.
“Mi cliente creía que esta investigación por parte de los abogados de la agencia era de buena fe para evaluar lo que había revelado”, dijo Kevin Owen, abogado del denunciante. “En cambio, lo amenazaron y lo suspendieron”.
Sigue sin estar claro cómo los funcionarios del DHS llegaron a poner en la mira al jefe de unidad. La agencia dijo que no podía comentar sobre asuntos de personal relacionados con exempleados.
El exjefe de unidad dijo que la Oficina del Inspector General se comunicó por primera vez para entrevistarlo en febrero, unos seis meses después de que se presentó la queja. Los investigadores lo entrevistaron nuevamente en abril para una auditoría sobre el proceso de evaluación, dijo.
En un comunicado, la oficina dijo que tuvo que retrasar parte de su trabajo debido a suspensiones temporales del gobierno. En abril, la oficina abrió una auditoría sobre el proceso para otorgar autorizaciones de seguridad a funcionarios designados políticamente.
La Oficina del Inspector General dijo que no podía comentar sobre sus investigaciones, pero la agencia señaló que no reveló el nombre del denunciante a nadie fuera de su oficina.
Mientras tanto, el denunciante permaneció de baja durante 10 meses por lo que el DHS dijo que eran “acusaciones de mala conducta grave”, según el jefe de la unidad y Owen.
No se especificó la supuesta mala conducta, dijeron, y finalmente fue reinstalado sin ningún castigo ni hallazgo de irregularidades. Se jubiló inmediatamente después, en julio.
Dijo que los funcionarios del DHS nunca le habían dado detalles específicos sobre por qué estuvo de baja durante tanto tiempo.
En un esfuerzo por obtener más información, presentó una solicitud de registros al ICE en busca de documentos relacionados con su caso.
El exjefe de unidad dijo que el estrés de la investigación afectó mucho su salud mental. Ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento que duró varios meses.
El hombre, un republicano de toda la vida que votó por Trump en 2020 y 2024, dijo que se desilusionó con la agencia a medida que esta actuaba de manera apresurada para cumplir con el mandato de control migratorio del presidente. Dijo que siempre ha apoyado la misión del ICE, pero que le preocupaba la forma en que la agencia tomaba atajos al evaluar a los reclutas.
“Es una traición a la confianza del público y a la confianza de todos”, dijo.
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Por Alexandra Berzon, Katie Benner y Hamed Aleaziz | The New York Times
