El muro migratorio al que se enfrentan los refugiados

Antes de salir de Venezuela hacia Colombia, Johan trabajaba para Movistar como ingeniero de telecomunicaciones. Hoy, después de tres meses de haber llegado en bus a Bogotá, el chico de 22 años vende galletas y dulces en Transmilenio.

Miles de kilómetros más al norte, en Texas (EE. UU.), Sonia limpia casas y oficinas. Salió huyendo de México tras ser abusada sexualmente y torturada por miembros de la policía judicial que luego la acusaron de participar en tráfico de drogas. Ambos fueron forzados a dejarlo todo por la crisis social y política que atraviesan sus países.

Sonia, que ahora tiene 30 años, vivía en el estado mexicano de Tamaulipas junto con sus hijas y administraba su propio restaurante. Allí comenzó a recibir extorsiones de policías, los mismos que la torturaron, la violaron y la llevaron un año a la cárcel hasta que un juez la declaró inocente y ordenó abrir una investigación en contra de los policías. En retaliación, Sonia y su familia recibieron amenazas y decidieron salir a los Estados Unidos.

En contraste, Johan decidió salir de su país por el miedo de quedar atrapado en caso de un cierre definitivo de las fronteras. La violencia en las calles, la represión de las protestas y las permanentes violaciones al derecho a la libertad de expresión y a la salud debido al desabastecimiento de alimentos y medicamentos hicieron que para Johan sobrevivir en Venezuela fuera insostenible. A pesar de vivir en la casa de sus padres, el salario de Johan no alcanzaba para comprar la comida suficiente para su familia. El salario mínimo en Venezuela es de aproximadamente 250.000 bolívares al mes ($74.000), mientras que la canasta básica de alimentos puede costar alrededor de un millón de bolívares ($296.000).

Johan y Sonia son dos de los 65,6 millones de personas que han sido desplazadas forzadamente en el mundo a causa de la persecución, los conflictos, la violencia y las violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el último informe de tendencias globales de desplazamiento forzado, de Acnur, de esos casi 66 millones de personas, aproximadamente el 39 % son como Johan y Sonia, que no solamente tuvieron que salir de sus hogares, sino que debieron cruzar las fronteras de sus países en busca de protección y oportunidades para sobrevivir.

Pero migrar para sobrevivir no le garantiza a nadie una vida libre de necesidades. La atención que reciban dependerá del desarrollo del país al que lleguen, la existencia de políticas y programas para atenderlos, la experiencia en el manejo de flujos migratorios y, por supuesto, la disposición política del Gobierno de turno frente a la migración.

En abril, cuando Johan cruzó el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, el oficial de inmigración colombiano autorizó su entrada como “turista” por 180 días, de la misma manera que lo han hecho miles de venezolanos. Aunque es fácil identificar las miradas de quienes llegan a Colombia huyendo de la crisis humanitaria, la ausencia de un permiso especial colombiano para atender a estas personas ha obligado a Migración Colombia a tratar a los desplazados como turistas a quienes se les impide trabajar legalmente y acceder a servicios de salud, salvo en caso de urgencia. Antes de dedicarse a las ventas informales, Johan se vio expuesto a explotación y maltrato. Trabajó por mucho menos dinero del que recibe un colombiano y fue obligado a trabajar jornadas extenuantes sin remuneración.

Sonia, obligada por la amenazas, cruzó en un bote el río Bravo en el punto entre Reynosa (Tamaulipas) y McAllen (Texas). A pocos metros de haber entrado a EE. UU. fue detenida por agentes de la patrulla fronteriza que procesaron su caso y la trasladaron a un centro de detención donde las autoridades migratorias le hablaban siempre en inglés sobre asuntos incomprensibles. Estuvo recluida por cerca de cinco meses con acceso restringido a comunicaciones y visitas hasta que la organización American Gateways la representó jurídicamente, logrando que Estados Unidos la reconociera como refugiada. Actualmente Sonia ha regularizado su situación migratoria y está autorizada para trabajar legalmente.

En el caso de Johan, el problema es que en Colombia las políticas migratorias actuales no establecen una vía clara que le brinden al venezolano la atención humanitaria que requiere. Aunque la Acnur insiste en que los venezolanos que salen de su país producto de la crisis humanitaria actual deben ser tratados como refugiados y la legislación colombiana podría considerarlos como tales, existen barreras de tiempo e información para acceder a este procedimiento. Por ejemplo, sólo se permite presentar la solicitud en el momento de ingresar al país o hasta máximo dentro de los dos meses siguientes, tiempo que resulta insuficiente considerando las condiciones en que llegan estas personas, para quienes la prioridad es encontrar el techo y la comida de cada día. En el caso de Johan, nadie le informó de esta posibilidad y ya han pasado tres meses desde que cruzó la frontera.

Sus opciones se reducen a aplicar a una visa temporal de trabajo en caso de que un empleador desee contratarlo, pero para ello deberá pagar US$52 (540.269 bolívares) solamente para que su solicitud sea estudiada y US$252 en caso de que sea aprobada. El escenario resulta imposible debido a la situación de pobreza de Johan.

Los casos de Johan y Sonia ejemplifican dos tipos de respuesta a una crisis humanitaria desde países del norte y el sur global y evidencian los impactos (positivos y negativos) que tienen en la vida de esta población las políticas y rutas de atención de los estados receptores. Aunque EE. UU. cuenta con un sistema de inmigración estructurado con vías judiciales y administrativas para acceder a visas humanitarias y una sociedad civil organizada para representar los derechos de esta población, el uso de la detención como medio para controlar la migración no sólo vulnera el derecho a la libertad sino que ha tenido graves impactos en la salud física y mental de quienes entran al sistema en busca de protección. A lo anterior se suma la reciente suspensión del programa de refugio y reasentamiento por parte de la administración de Trump.

En el caso colombiano la falta de una ruta de atención rápida, clara y flexible ha generado que muchos refugiados que llegan al país sean invisibilizados y engrosen los cordones de pobreza de las ciudades. Sin embargo, para responder a la magnitud de la crisis, el Gobierno trabaja en una resolución que otorgará permisos de residencia temporal a los venezolanos que hayan ingresado legalmente al país, lo que les permitirá contar con permiso de trabajo y acceso a seguridad social. Las políticas migratorias de Estados Unidos y Colombia tienen mucho que aprender una de la otra para que quienes están en la situación de Johan y Sonia puedan acceder a la protección que necesitan independientemente del país al que lleguen. Los gobiernos deben respetar sus obligaciones internacionales y recordar que los derechos humanos no se pierden al cruzar una frontera.

* Investigadora de Dejusticia especializada en temas de migración forzada en Colombia y Estados Unidos. Hizo parte del equipo de American Gateways para el trabajo con migrantes indocumentados y refugiados en Estados Unidos y del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.

Antes de salir de Venezuela hacia Colombia, Johan trabajaba para Movistar como ingeniero de telecomunicaciones. Hoy, después de tres meses de haber llegado en bus a Bogotá, el chico de 22 años vende galletas y dulces en Transmilenio.

Miles de kilómetros más al norte, en Texas (EE. UU.), Sonia limpia casas y oficinas. Salió huyendo de México tras ser abusada sexualmente y torturada por miembros de la policía judicial que luego la acusaron de participar en tráfico de drogas. Ambos fueron forzados a dejarlo todo por la crisis social y política que atraviesan sus países.

Sonia, que ahora tiene 30 años, vivía en el estado mexicano de Tamaulipas junto con sus hijas y administraba su propio restaurante. Allí comenzó a recibir extorsiones de policías, los mismos que la torturaron, la violaron y la llevaron un año a la cárcel hasta que un juez la declaró inocente y ordenó abrir una investigación en contra de los policías. En retaliación, Sonia y su familia recibieron amenazas y decidieron salir a los Estados Unidos.

En contraste, Johan decidió salir de su país por el miedo de quedar atrapado en caso de un cierre definitivo de las fronteras. La violencia en las calles, la represión de las protestas y las permanentes violaciones al derecho a la libertad de expresión y a la salud debido al desabastecimiento de alimentos y medicamentos hicieron que para Johan sobrevivir en Venezuela fuera insostenible. A pesar de vivir en la casa de sus padres, el salario de Johan no alcanzaba para comprar la comida suficiente para su familia. El salario mínimo en Venezuela es de aproximadamente 250.000 bolívares al mes ($74.000), mientras que la canasta básica de alimentos puede costar alrededor de un millón de bolívares ($296.000).

Johan y Sonia son dos de los 65,6 millones de personas que han sido desplazadas forzadamente en el mundo a causa de la persecución, los conflictos, la violencia y las violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el último informe de tendencias globales de desplazamiento forzado, de Acnur, de esos casi 66 millones de personas, aproximadamente el 39 % son como Johan y Sonia, que no solamente tuvieron que salir de sus hogares, sino que debieron cruzar las fronteras de sus países en busca de protección y oportunidades para sobrevivir.

Pero migrar para sobrevivir no le garantiza a nadie una vida libre de necesidades. La atención que reciban dependerá del desarrollo del país al que lleguen, la existencia de políticas y programas para atenderlos, la experiencia en el manejo de flujos migratorios y, por supuesto, la disposición política del Gobierno de turno frente a la migración.

En abril, cuando Johan cruzó el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, el oficial de inmigración colombiano autorizó su entrada como “turista” por 180 días, de la misma manera que lo han hecho miles de venezolanos. Aunque es fácil identificar las miradas de quienes llegan a Colombia huyendo de la crisis humanitaria, la ausencia de un permiso especial colombiano para atender a estas personas ha obligado a Migración Colombia a tratar a los desplazados como turistas a quienes se les impide trabajar legalmente y acceder a servicios de salud, salvo en caso de urgencia. Antes de dedicarse a las ventas informales, Johan se vio expuesto a explotación y maltrato. Trabajó por mucho menos dinero del que recibe un colombiano y fue obligado a trabajar jornadas extenuantes sin remuneración.

Sonia, obligada por la amenazas, cruzó en un bote el río Bravo en el punto entre Reynosa (Tamaulipas) y McAllen (Texas). A pocos metros de haber entrado a EE. UU. fue detenida por agentes de la patrulla fronteriza que procesaron su caso y la trasladaron a un centro de detención donde las autoridades migratorias le hablaban siempre en inglés sobre asuntos incomprensibles. Estuvo recluida por cerca de cinco meses con acceso restringido a comunicaciones y visitas hasta que la organización American Gateways la representó jurídicamente, logrando que Estados Unidos la reconociera como refugiada. Actualmente Sonia ha regularizado su situación migratoria y está autorizada para trabajar legalmente.

En el caso de Johan, el problema es que en Colombia las políticas migratorias actuales no establecen una vía clara que le brinden al venezolano la atención humanitaria que requiere. Aunque la Acnur insiste en que los venezolanos que salen de su país producto de la crisis humanitaria actual deben ser tratados como refugiados y la legislación colombiana podría considerarlos como tales, existen barreras de tiempo e información para acceder a este procedimiento. Por ejemplo, sólo se permite presentar la solicitud en el momento de ingresar al país o hasta máximo dentro de los dos meses siguientes, tiempo que resulta insuficiente considerando las condiciones en que llegan estas personas, para quienes la prioridad es encontrar el techo y la comida de cada día. En el caso de Johan, nadie le informó de esta posibilidad y ya han pasado tres meses desde que cruzó la frontera.

Sus opciones se reducen a aplicar a una visa temporal de trabajo en caso de que un empleador desee contratarlo, pero para ello deberá pagar US$52 (540.269 bolívares) solamente para que su solicitud sea estudiada y US$252 en caso de que sea aprobada. El escenario resulta imposible debido a la situación de pobreza de Johan.

Los casos de Johan y Sonia ejemplifican dos tipos de respuesta a una crisis humanitaria desde países del norte y el sur global y evidencian los impactos (positivos y negativos) que tienen en la vida de esta población las políticas y rutas de atención de los estados receptores. Aunque EE. UU. cuenta con un sistema de inmigración estructurado con vías judiciales y administrativas para acceder a visas humanitarias y una sociedad civil organizada para representar los derechos de esta población, el uso de la detención como medio para controlar la migración no sólo vulnera el derecho a la libertad sino que ha tenido graves impactos en la salud física y mental de quienes entran al sistema en busca de protección. A lo anterior se suma la reciente suspensión del programa de refugio y reasentamiento por parte de la administración de Trump.

En el caso colombiano la falta de una ruta de atención rápida, clara y flexible ha generado que muchos refugiados que llegan al país sean invisibilizados y engrosen los cordones de pobreza de las ciudades. Sin embargo, para responder a la magnitud de la crisis, el Gobierno trabaja en una resolución que otorgará permisos de residencia temporal a los venezolanos que hayan ingresado legalmente al país, lo que les permitirá contar con permiso de trabajo y acceso a seguridad social. Las políticas migratorias de Estados Unidos y Colombia tienen mucho que aprender una de la otra para que quienes están en la situación de Johan y Sonia puedan acceder a la protección que necesitan independientemente del país al que lleguen. Los gobiernos deben respetar sus obligaciones internacionales y recordar que los derechos humanos no se pierden al cruzar una frontera.

* Investigadora de Dejusticia especializada en temas de migración forzada en Colombia y Estados Unidos. Hizo parte del equipo de American Gateways para el trabajo con migrantes indocumentados y refugiados en Estados Unidos y del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.