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El posible bulo sobre propaganda rusa que decenas de medios replicamos en Colombia

El caso expone los riesgos de replicar información no verificada por completo, incluso en un contexto donde sí existen operaciones documentadas de desinformación.

Hugo Santiago Caro

07 de abril de 2026 - 06:00 p. m.
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia para el lanzamiento de las transmisiones de RT India TV.
Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
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Durante esta semana y parte de Semana Santa, varios medios de comunicación, incluidos nosotros en El Espectador, replicamos una información de la Agencia EFE. La agencia, a su vez, citaba la presentación en Miami (Estados Unidos) de un informe de la Digital News Association (DNA), según el cual Rusia estaría pagando a más de 1.000 creadores de contenido y periodistas para difundir desinformación en países de América Latina, incluida Colombia.

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EFE cita a Jeffrey Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, quien afirma que Rusia habría gastado incluso más dinero que Estados Unidos en este tipo de programas, ejecutados a través de medios estatales como Sputnik o RT en español (Russia Today). En dicha presentación también intervinieron representantes de plataformas cubanas en el exilio, como ADN Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC). Además, adelantaron las presuntas tácticas de desinformación: la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo, las falsas equivalencias y la amplificación de los extremos.

La respuesta de la Embajada de Rusia en Colombia fue tildar de “informe fantasma” la información, cuestionando la veracidad de DNA y acusando a los medios colombianos de replicar un informe que ni siquiera es público. Así como replicamos el artículo de EFE, al hacer la respectiva verificación de la huella digital de DNA, pudimos constatar que efectivamente no existe información suficiente sobre el presunto centro de pensamiento. Tampoco existe, más allá del artículo ya citado, forma de acceder al contenido del presunto informe, ni siquiera una página web para contactarles. Esto abre la posibilidad de que estemos frente a un bulo replicado por decenas de medios, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica.

El problema, además, es que, en ese ejercicio, al hacer sus propias versiones de la historia, distintos medios decidieron sumar la investigación de Forbidden Stories en Argentina, publicada en las mismas fechas, que contiene la filtración de documentos verificables que hablan de más de 250 artículos pagos en más de 23 medios digitales en dicho país, con actores y operaciones trazables por USD 283.100 en contenidos y más en actividades de inteligencia. ¿El objetivo? Una campaña en 2024 para desprestigiar a Javier Milei, presidente argentino.

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El material de Forbidden Stories documenta operaciones específicas basadas en filtraciones verificables, mientras que el informe de Digital News Association plantea una hipótesis sin evidencia pública, y mezclar ambos puede distorsionar las pruebas existentes sobre la supuesta red latinoamericana. Vale la pena mencionar en este punto que las dudas sobre el informe no eximen a Rusia de las acusaciones documentadas, como bien publicó Forbidden Stories. En otras palabras, según Vladimir Rouvinski, docente de la Universidad Icesi en Cali y experto en ese país, se trata de “una herramienta de su política exterior”.

“No es algo que se haga para visibilizar lo que hace el Estado ruso. Ahí está la diferencia. (…) Debemos evitar caer en la trampa que Rusia tiende de manera muy hábil al decir que hace lo mismo que otros Estados. No hace lo mismo. Para Rusia, la desinformación, no la información alternativa, sino la desinformación, busca alterar los temas que se cubren y así avanzar en sus objetivos. Eso es la desinformación”, explica y remite a leer los informes de Naciones Unidas sobre el manejo de la información por parte del Kremlin.

El docente también añade que la presencia rusa en Latinoamérica no consiste en bases militares ni en una presencia equivalente a la de EE. UU., sino en lo que denomina una “reciprocidad simbólica”: demostrar capacidad de influencia en la región más que establecer una presencia estructural, como en la campaña de desinformación en Argentina, meramente simbólica y con presencia de sus medios estatales. De hecho, en el comunicado de la embajada rusa se invita a seguir a Sputnik y RT en español.

“Lo que sabemos, en primer lugar, es que los medios de comunicación rusos que operan en español aquí son medios estatales. No hay ningún otro medio independiente. ¿Cómo están funcionando estos medios de información? Lo que sabemos es limitado, porque Rusia ha mantenido en reserva aspectos clave como su financiamiento y su forma de operar; no se puede saber cuántas personas trabajan allí. La información es muy limitada y eso marca una diferencia con medios como Deutsche Welle, que rinde informes públicos ante el Parlamento alemán, o la BBC, que cumple estándares muy altos de transparencia”, añade.

Ahora bien, la existencia verificada de estas campañas tampoco excluye la posibilidad de un bulo ni nos exime, como medios de comunicación, la responsabilidad al replicarlo. Un informe débil y casi imposible de chequear, apoyado en el contexto real de influencia rusa, puede representar un riesgo de señalamiento sin evidencia.

Esta es, precisamente, una de las preocupaciones que identifica Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma, organización pionera en el análisis de ciudadanías digitales. “Lo que vemos son estos ejercicios de reproducción de información, como en esta noticia, que se basa en un informe que, al parecer, no está disponible en ningún lugar o es confidencial. Sin embargo, hacemos eco de ese contenido y señalamos directamente a personas, incluso con sus cuentas de usuario y, en algunos casos, con fotos. Evidentemente, esto muestra el nivel de exposición al que estamos sometiendo a esas personas”, afirma.

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Cita como ejemplo, además, el genocidio contra la Unión Patriótica en Colombia, precedido por procesos de estigmatización y señalamientos, como muestra del nivel al que pueden llegar estas campañas contra ciertas personas o ciertos grupos poblacionales. “No terminan bien”, añade.

Moreno agrega que la facilidad de difusión de esta información a través de redes sociales, sumada a la presencia constante de los dispositivos en la vida cotidiana, hace que la rapidez con la que circulan estas narrativas supere muchas veces la capacidad de verificación tanto de los medios como de las audiencias. En ese contexto, contenidos difíciles de contrastar pueden llegar rápidamente al debate público y moldear opiniones antes de que se termine de verificar. El caso es ejemplo de un fenómeno más amplio: la desinformación no solo puede provenir de campañas coordinadas, sino también de la forma en que, como medios, procesamos y amplificamos la misma información.

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Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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