¿Quién es responsable de los logros del feminismo? Las mujeres. ¿Quién es responsable de los logros de la comunidad LGBTQ+? La comunidad misma. ¿Y quién es responsable de los logros de los trabajadores? Las respuestas son claras. Sin embargo, como explica Sergio Ángel Baquero, director del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, estas victorias han sido secuestradas por las narrativas de una sola corriente ideológica, despojando de su autoría a los verdaderos integrantes de estos movimientos. En este caso, los trabajadores.
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La historia contradice la hegemonía discursiva, pues las luchas por los derechos laborales no han sido propiedad de un solo bando. En la Polonia de los años 80, fue el sindicato Solidaridad, un movimiento de raíces profundamente católicas y respaldado por la central estadounidense AFL-CIO, el que logró resquebrajar el bloque soviético bajo una bandera de libertad.
Dicho sindicato logró que un régimen comunista firmara, por primera vez en la historia, los Acuerdos de Gdansk en 1980, obligando al Estado a reconocer legalmente el derecho a la existencia de sindicatos independientes y el derecho a la huelga. Otros hitos laborales fundamentales, como la creación de las Cajas de Compensación Familiar y el impulso al SENA en Colombia, nacieron también de una visión social-cristiana, gestionada, en nuestro caso, en gran medida desde el Partido Conservador y la Iglesia Católica.
Como explica Joel Brito, líder de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el sindicalismo en esencia es un movimiento plural, que puede venir de liberales o conservadores, que responde a la defensa de garantías mínimas e implica, necesariamente, una independencia del Estado. Sin embargo, en la región se ha consolidado un problema crítico: la asociación absoluta de la lucha sindical al discurso de la izquierda, y particularmente la de Cuba, al punto de que sindicatos en otros países de la región se conviertan en “trincheras para Cuba”, como señaló Ángel.
Esto es problemático porque aísla la visión de pluralidad y reproduce una narrativa que no es real. El modelo cubano, lejos de ser un faro de derechos para los trabajadores, es un sistema de control estatal que ha convertido al sindicato en un apéndice de vigilancia y que, paradójicamente, no le permite su autonomía y libertad. En esencia, de entrada el modelo cubano de sindicalismo en la actualidad no cumple con una necesidad básica: la independencia del Estado.
Según el activista y sindicalista cubano Joel Brito, quien conoce el sistema desde sus entrañas tras haber sido parte de la estructura oficial, el sindicalismo en Cuba no existe bajo los estándares internacionales de libertad. El país es el único en la región con una sola central sindical: la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Pero la CTC no es un ente autónomo. Es, como describe Brito, una “pata del Partido”.
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“La CTC está subordinada totalmente a la política del Partido Comunista de Cuba. Su secretario general es siempre un miembro del Buró Político. Es exactamente como sucede en China o como sucedía en la Unión Soviética”, explica Brito. “Al estar suscrito al Partido Comunista de Cuba, no puede haber nada por fuera, por lo que la única defensa de los intereses se da en el marco de los intereses del Estado-Partido”, agrega Baquero.
Bajo este esquema, los 18 sindicatos nacionales de la isla no responden a las demandas de los obreros, sino que funcionan como una “correa de transmisión” de las órdenes de la cúpula estatal. No hay libertad o autonomía para los sindicatos. Si un grupo de más de 20 trabajadores intenta crear una organización independiente para negociar sus condiciones, la respuesta es la represión estatal. “Automáticamente te llama la Seguridad del Estado y te despiden, porque se considera un problema ideológico”, denuncia el líder sindical.
En Cuba, el derecho a la huelga no existe en la legislación, ni tampoco la negociación colectiva real. El trabajador está entonces solo frente a un empleador que es, al mismo tiempo, juez, policía y legislador. Y en ese sistema, los líderes sindicales operan bajo adoctrinamiento o a cambio de prebendas básicas, como el acceso a divisas o un vehículo viejo, conscientes de que cualquier disidencia significa el exilio o la prisión.
Esta asfixia institucional ha llevado al régimen cubano a los banquillos internacionales. En el año 2016, la ASIC presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Caso 3271, que hoy en este 2026 sigue siendo un punto de fricción insalvable para La Habana. La OIT ha emitido múltiples reportes exigiendo al régimen que admita la legalidad de los sindicatos independientes y que detenga el hostigamiento contra sus líderes. El organismo internacional incluso ha solicitado una “misión de contactos directos” para visitar la isla y verificar las denuncias de persecución, vigilancia en redes sociales y detenciones arbitrarias.
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Brito, quien hoy vive en el exilio tras ser acusado de “terrorista” y “agente de la CIA” por el simple hecho de organizar trabajadores, destaca la doble moral del sistema. “Mientras trabajé para ellos y estudié en la Alemania Oriental, nunca fui un agente de nadie. Pero cuando reclamas autonomía, te cae el San Benito del imperialismo”, dice.
Para los expertos, el reto para el sindicalismo regional es romper el cordón umbilical con el modelo cubano y entender que, mientras sigan viendo en La Habana un referente, estarán defendiendo un sistema que, en nombre del trabajador, ha aniquilado al sindicato. Por eso, ven como indispensable para el futuro de la lucha sindical desideologizar la defensa de los derechos. “Que uno tenga un salario digno, una jornada de 40 horas o licencia de maternidad no debería ser una agenda de izquierda o derecha, debería ser una agenda para el trabajador”, concluye Baquero.
Brito es optimista frente a este propósito. El activista confía en que, con la presión que está dando el gobierno de Donald Trump, se dará un cambio en Cuba que impactará a toda la región. Incluso, junto con el sindicalismo independiente cubano, ya trabaja en una “hoja de ruta” que contempla una transición hacia una economía de mercado abierta, donde se permita la inversión privada, incluyendo la de los cubanos en el exterior. “Queremos que los trabajadores cubanos tengan sindicatos libres y democráticos, con derecho a la huelga y a una negociación colectiva equivalente a los estándares de la OIT”, afirma Brito.
El activista asegura que el sindicato actual no debe “estorbar” el proceso de transición con brotes de violencia, sino que deben integrarse en un proceso amplio y coherente para estabilizar el país sin violencia. Sin embargo, la transición no sería nada fácil. Con más de tres millones de miembros afiliados a la central oficialista bajo un esquema de obediencia ciega, el reto de Brito y la ASIC es transformar una cultura de vigilancia en una de defensa legítima que demandará resultados casi inmediatos.
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