Desde que el pasado 6 de diciembre la oposición venezolana consiguiera la mayoría calificada (112 diputados) en las elecciones para la Asamblea Nacional, el chavismo ha intentado con varias decisiones restarle poder al nuevo órgano legislativo que se posesiona el 5 de enero. La oposición, por su parte, aparece dividida y anuncia, por un lado, medidas para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro, y firmar una amnistía para poner en libertad a los presos políticos, mientras otro sector pide concentrarse en promover iniciativas para enfrentar la crisis económica.
Los anuncios de ambos bandos son respondidos por sus respectivos contradictores políticos. El tire y afloje entre Gobierno y oposición en Venezuela avanza con el paso de los días. El primero fue el actual presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, al convocar a sesiones extraordinarias para designar magistrados y cambiar la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de mantener la influencia chavista. El 23 de diciembre la actual AN, de mayoría oficialista, aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados del TSJ. Inmediatamente la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que reúne los partidos de oposición, salió al paso. Afirmó, a través de Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora, que evalúa declarar nula la designación de magistrados, destituirlos o cambiar la composición del TSJ para disminuir la influencia del chavismo. La composición de este organismo es clave porque, en caso de que el Parlamento y el presidente terminen en conflicto, el TSJ será el que dirima el enfrentamiento.
De acuerdo con la Constitución de 1999, una mayoría como la que tiene la oposición podría designar o remover las autoridades de otros poderes, como los magistrados del TSJ o los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, con dos tercios de la Asamblea se pueden promover referendos, reformas constitucionales y asambleas constituyentes, así como promulgar leyes orgánicas, como se conocen en Venezuela las leyes que desarrollan derechos fundamentales o sirven de marcos conceptuales para otras leyes y reglamentos. También someter tratados internacionales a referendo, en caso de que atenten contra la soberanía nacional.
Sin embargo, el presidente Maduro anticipó que vetará la amnistía que proponga la nueva AN y que el chavismo “responderá a cada acción de la Asamblea burguesa, incluso rebelándonos contra ella”. De hecho, el chavismo estaría intentando acabar con la mayoría calificada de la MUD a través de la impugnación de la elección de diputados opositores que ganaron un escaño el 6 de diciembre. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó que recibió varios recursos contra ocho diputados electos de la opositora Mesa de Unidad Democrática, una acción que la coalición adversa al chavismo calificó como la continuación de un supuesto “golpe judicial”.
La oposición apura la elección de la cúpula directiva de la Asamblea, que, de acuerdo con las normas, estaría en cabeza de Julio Borges (Primero Justicia, partido de Henrique Capriles), que fue el más votado. Sin embargo, la MUD determinó que el voto será el domingo de manera secreta, lo que, según analistas, abre la posibilidad de que Henry Ramos Allup (Acción Democrática) tenga opciones para ser el nuevo presidente de la Asamblea.
La estrategia del chavismo, según la anunció el propio Maduro, fue convocar un “gran congreso nacional” para lograr el renacimiento del bolivarianismo. Para ello hará una sesión extraordinaria el 4 de enero, un día antes de la posesión de los nuevos diputados. “Todos están convocados, entre ellos las corrientes populares, movimientos de intelectuales, movimientos de la cultura, partidos políticos, grupos de opinión, fuerzas sindicales, fuerzas de la clase obrera, fuerzas campesinas, (y) movimientos de la sexodiversidad”. De acuerdo con el chavismo, ese día se sentarán las bases para recibir las propuestas en la segunda mitad de enero.
El mandatario anunció la aprobación de un conjunto de leyes para “proteger al pueblo”, entre ellas la prórroga por tres años de la “ley de inamovilidad laboral”, un decreto que prohíbe los despidos de empleados, justo cuando el país se encuentra a la expectativa por las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reflotar la economía, que prevé una inflación por encima del 100% al cierre de 2015. La actual AN también puede aprobar una prórroga de seis o doce meses de la actual Ley Habilitante, por la que Maduro goza de poderes extraordinarios para aprobar decretos con fuerza de ley, y que expira el 31 de diciembre.
La oposición alista todos los recursos que permitan echar para atrás lo que haga en los últimos días la mayoría oficialista en la Asamblea. “El escenario que se avecina es de un toma y dame de los entes del Gobierno, en donde se estaría rozando la ingobernabilidad”, explican analistas venezolanos.
Un escenario que no sorprende, según el psiquiatra y comunicador Roberto de Vries, que tras una investigación reveló que el venezolano de 2015 no tiene nada que ver con el de otros tiempos: “El año que termina dejó a un venezolano intolerante, inflexible y victimario”. Y agrega: “Se observa que psicológicamente ese venezolano es estratega, defensivo y victimario, ese venezolano actuó el 6 de diciembre”. Al parecer será el rostro con el que comenzará el próximo año, dado el tire y afloje entre los dos bandos en los que está dividido el país.
Por Redacción Internacional
