El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, lleva semanas recorriendo el país de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum señalando que los índices de homicidio han descendido y que ello es resultado de su estrategia política. El Gobierno reporta una disminución del 44 % en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, pasando de 87 a 49 casos diarios. Pero la realidad es que México se encuentra ante uno de los momentos más violentos de su historia.
El gobierno tiene que mostrar resultados a Estados Unidos, mientras que el sistema político local se encuentra desconcertado sin saber realmente lo que está pasando. Lo cierto es que la gobernanza criminal está más extendida que nunca, lo que se manifiesta en el incremento del número de desaparecidos, niveles muy altos de homicidios reportados y de impunidad criminal sobre el territorio. Esto ha generado una creciente desconfianza en la información que presenta el gobierno.
La estrategia de seguridad
El gobierno se ha centrado en la consolidación, ampliación y expansión de una Guardia Nacional ya integrada totalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en esta línea ha anunciado el fortalecimiento de un aparato de inteligencia que actúa de forma coordinada con las Fuerzas Armadas. Además, ha implementado operativos quirúrgicos contra criminales, políticos y policías que operan al servicio de las organizaciones criminales.
A finales del año 2024 el Gobierno puso en marcha la “operación enjambre”, con el objeto de detener autoridades en diferentes entidades federativas. Desde entonces se han destruido laboratorios de droga, se han realizado operativos contra centros de extorsión telefónica y se ha desarticulado una gran red de contrabando de hidrocarburos, relacionado también con delitos fiscales y operada por empleados de la Secretaría de Marina.
Además, el gobierno extraditó desde Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública en Tabasco y líder de la organización criminal “La Barredora”, colaborador muy cercano del líder morenista en el senado Adan Agusto López Hernández. Y como trofeo mayor, el Gobierno de Sheinbaum eliminó al Mencho, líder máximo del Cartel Jalisco Nueva Generación, lo que generó bloqueos, incendios y violencia puntual en diferentes partes del país.
A raíz del descabezamiento de la organización, se ha desatado la lucha entre los antiguos grupos del Cartel de Sinaloa que forman parte de las organizaciones fieles al Mayo Zambada, a los Chapitos o a otros líderes como José Caro Quintero. Los enfrentamientos se desarrollan principalmente en Sinaloa y Sonora, pero también a lo largo y ancho de la geografía nacional, especialmente en donde existen conflictos entre los grupos por el control territorial.
La violencia sigue siendo muy intensa en estados como Michoacán, donde el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien creó un movimiento político por la paz, fue asesinado en el centro de su ciudad. Y continúa siendo grave en las zonas rurales de Morelos y Guerrero y en muchas otras partes del país. De hecho, importantes corredores industriales, comerciales y turísticos operan en connivencia con altos índices de violencia.
El caso de Chiapas es paradigmático de las consecuencias de las concesiones a Estados Unidos. En 2019, México blindó la frontera sur ante las presiones del gobierno estadounidense para frenar el paso de migrantes. Ante el cierre del paso fronterizo, el crimen organizado encontró un negocio muy rentable: controlar y cobrar por el movimiento de personas. Ello provocó que a partir de 2021 se disparara la llegada de venezolanos, haitianos, asiáticos y africanos. Como consecuencia, se intensificó la disputa entre organizaciones criminales por distintas zonas del estado.
El aumento de las desapariciones
Si bien el número de asesinatos aparentemente ha descendido, el número de desaparecidos en México se ha incrementado de 4.126 personas en 2015, a 12.663 en 2025, sumando más de 92.000 desaparecidos entre 2015 y 2025. Esto ha encendido las luces amarillas de Naciones Unidas quien insiste cada vez más con la necesidad de detener este fenómeno.
El problema de la violencia en México es muy profundo y está extendido de diferentes formas en todo el territorio nacional.
La administración de Omar García Harfuch ha tenido que enfrentar simultáneamente un gran cambio administrativo e institucional. Ha fortalecido a las Fuerzas Armadas, ha tratado de controlar el sistema de inteligencia y se ha hecho de una fuerza de reacción rápida que responda directamente a sus órdenes. De momento, las acciones han sido más puntuales, y quirúrgicas, como exige el modelo Trump, y menos profundas sobre el territorio, dejando sin capacidades a policías municipales y estatales.
Ante esta realidad, la estrategia de comunicación del gobierno trata de mantener el optimismo y las “buenas noticias”, sin embargo, la realidad del país es muy diferente. En buena parte del territorio mexicano la gente vive con miedo, sometidos a la extorsión, al derecho de piso exigido por los criminales y sufren los efectos laterales de una violencia que se desata por el control territorial y la ausencia del Estado.
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Por Carlos Barrachina Lisón/Latinoamérica21
