El Rolex que terminó de minar la confianza en Dina Boluarte

Dina Boluarte, presidenta de Perú, está siendo investigada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Su ya inestable y frágil gobierno, marcado por la represión de las protestas de 2022, donde murieron más de cincuenta personas, justo cuando se estrenaba como mandataria tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, está siendo sacudido por un escándalo relacionado con una colección de relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorado en US$19.000, que no ha declarado entre sus bienes.

Dina Boluarte, presidenta de Perú, está siendo investigada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Su ya inestable y frágil gobierno, marcado por la represión de las protestas de 2022, donde murieron más de cincuenta personas, justo cuando se estrenaba como mandataria tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, está siendo sacudido por un escándalo relacionado con una colección de relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorado en US$19.000, que no ha declarado entre sus bienes.

El Sábado Santo, su casa y despacho fueron allanados. En una rueda de prensa posterior no dio detalles de las piezas de alta gama y apenas el lunes nombró a seis ministros en su gabinete (tras una serie de renuncias de jefes de cartera), que este miércoles se enfrentan al voto de confianza del Legislativo, en medio de dos solicitud de destitución contra Boluarte, que, no obstante, parecen no tener mucha fuerza para prosperar.

“Es un hecho impactante”, reconoce Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien se refiere a los videos y fotos divulgadas cuando un grupo de fiscales y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad irrumpieron en la casa de Boluarte, con una orden judicial en mano. Ella, dice el docente, ha evitado responder, de forma clara y precisa, por qué tiene una colección de tales lujos, y, si bien está protegida de cualquier denuncia penal por su calidad de presidenta, el Ministerio Público, como lo hizo antes con Castillo, sí puede hacer una investigación preliminar.

Eso dio paso a que las autoridades la citaran para rendir cuentas. De hecho, la semana pasada, la jefa de Estado debió mostrar sus relojes y dar testimonio, pero, argumentando que tenía una “cargada agenda”, pidió reprogramar las citas y no acudió a ningún llamado. Finalmente, tras el allanamiento de su residencia, que denominó “arbitrario, desproporcional y abusivo”, será escuchada por los fiscales el viernes 5 de abril.

El futuro de su mandato, que va hasta julio de 2026, “es incierto, a pesar de que se lo juega por dos cuerdas separadas: la judicial y la política”, le comentó a la AFP el analista Augusto Álvarez Rodrich. La Fiscalía la puede investigar por ocho meses, pero, si decide acusarla, deberá esperar a que termine su período presidencial, según lo establece la Constitución. Así las cosas, subrayó el analista, sería en “el terreno político, en el Congreso, donde se decida si ella permanece en la Presidencia”.

Desde ya, Tuesta Soldevilla cree que la destitución no prosperará ni se logrará el apoyo suficiente para alcanzar el respaldo de dos terceras partes de los miembros del Parlamento, pues las bancadas mayoritarias de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Renovación Popular ya se mostraron en contra. Según escribió en el blog Polítika, donde reflexiona sobre temas de su interés, los partidos no quieren un adelanto de las elecciones, ya que perderían ingresos, estatus y la función de canalizar intereses mercantilistas.

Sebastián Fernández de Soto, analista de Perú para Control Risks, firma de consultoría sobre riesgos políticos y seguridad, piensa algo similar: “Boluarte mantiene el apoyo de los partidos de derecha, lo cual hace que el pedido de destitución no tenga oportunidad de pasar”. Menciona que las agrupaciones de izquierda la han querido sacar desde el principio y tomarán cualquier oportunidad para hacerlo. De hecho, Perú Libre, que la llevó al poder, es el que está incentivando la moción de vacancia. Expulsada de esa colectividad, dice él, el partido seguirá buscando formas de destituirla y llamar a nuevos comicios.

Sin embargo, esto parece ir más allá y Fernández de Soto lee la situación en clave de una creciente conflictividad entre las ramas del poder y una corrupción endémica alrededor. Muestra de ello, según él, es la suspensión de Patricia Benavides como fiscal general, por presunta colusión con miembros del Congreso para obstaculizar investigaciones de corrupción: “El fiscal general interino, Juan Carlos Villena, está, probablemente, mostrando la capacidad de investigación de la entidad y la intención de indagar hasta las más altas autoridades”.

Para el analista, el cambio de gabinete, aunque es algo regular en la administración de Boluarte, refleja el intento de renovar la confianza: “Sin embargo, es poco probable que pase. La omisión de información con el caso del Rolex aumentará la desconfianza en la presidenta. Su gobierno sobrevive por el cansancio de la gente con relación a las protestas en Perú y la represión de las autoridades. Mientras esto prosiga, Boluarte se mantendrá en el poder con poco capital político y poca capacidad de crear la agenda de gobierno”.

Nota de la editora: este artículo fue modificado para aclarar que este miércoles el gabinete busca el voto de confianza del Congreso, mientras que las mociones de destitución apenas han sido presentadas.

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