Ruth Eleonora López, abogada salvadoreña de 47 años y una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos humanos y la lucha anticorrupción en El Salvador y Centroamérica, fue arrestada el domingo 18 de mayo. Su paradero continúa siendo desconocido, según denunció la organización Cristosal, donde dirige la Unidad de Anticorrupción y Justicia.
Su detención se produjo en un contexto de creciente preocupación internacional por el deterioro del Estado de derecho bajo el gobierno de Nayib Bukele. Diversas organizaciones han documentado el uso del régimen de excepción para consolidar el poder y la persecución sistemática contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
López ha sido una figura clave en la denuncia de actos de corrupción durante la presidencia de Bukele, un aliado clave de Donald Trump en su agenda migratoria, especialmente en lo relativo al uso de cárceles salvadoreñas para migrantes deportados como CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
Desde Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos de la región, López ha documentado y criticado casos como el uso del software espía israelí Pegasus, algunos contratos irregulares durante la pandemia, irregularidades en torno al esquema de Bitcoin y violaciones de derechos humanos asociadas al régimen de excepción. También ha alertado sobre la detención masiva de migrantes venezolanos deportados por EE. UU. y trasladados a El Salvador.
Por la solidez de su trabajo, Ruth López ha recibido reconocimiento internacional. En 2024 fue incluida por la BBC en su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Según Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en entrevista con CNN en Español, López “es una voz crítica que informa, documenta y analiza con rigor la situación de derechos humanos en El Salvador. Su detención refleja una escalada en la criminalización de quienes defienden la verdad”.
La Fiscalía General la acusa del delito de “peculado” por supuestos hechos ocurridos cuando se desempeñó como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido a comienzos de este año por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la misma WOLA han calificado su arresto como un caso de persecución política y han exigido su liberación inmediata.
Ni su familia ni su defensa han logrado confirmar su paradero tras el arresto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno salvadoreño a informar sobre su ubicación y garantizar su integridad física y sus derechos judiciales.
El arresto se produjo pocos días después de que abogados del Grupo Ortega denunciaran torturas físicas y psicológicas contra migrantes venezolanos recluidos en el penal Cecot, denuncias que López había acompañado públicamente. Hasta el momento, el gobierno de El Salvador no ha ofrecido declaraciones sobre su caso.
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