La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la décima prórroga del estado de excepción. A través de un decreto legislativo, la medida se prolongará por 30 días más. Así pues, el país cumplirá 11 meses en los que se han suspendido garantías constitucionales.
La decisión por decretar el estado de excepción fue tomada por Nayib Bukele desde marzo de 2022. En aquel entonces, el presidente justificó que desde su gobierno se combatiría la criminalidad y el sicariato. Cabe recordar en ese momento, El Salvador vivía una escalada de violencia y homicidios a manos de las llamadas maras.
Sin embargo, 11 meses después de haber instaurado la “medida temporal” y haber capturado más de 60.000 personas, Bukele volvió a solicitar una ampliación del decreto legislativo.
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El decreto, aprobado por el Congreso, informa que se prolonga “en todo el territorio nacional el régimen de excepción”, esto con el fin de llegar al “restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”.
Los legisladores de los partidos de gobierno aprobaron la petición del Ejecutivo de Bukele, sin un estudio previo, con 67 votos de los 84 diputados.
“Es una medida que no solo ha llevado tranquilidad a las comunidades, sino que nos convierte en un referente en seguridad. Seguiremos apoyando al presidente Bukele”, dijo el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, según las redes del Congreso.
De acuerdo con el Gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 61.300 supuestos pandilleros, pero se han liberado a más de 3.300 personas por orden de la Fiscalía y los tribunales. Hasta hoy, Bukele a afirmado que de mano de la fuerza militar y policial del país ha logrado retomar el 80 % del territorio nacional.
Estado de excepción, ¿impopular pero eficiente?
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad.
La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias y se le suman señalamientos de tortura y la muerte de más de 90 personas bajo custodia estatal. Solo la organización Cristosal dio a conocer al cierre de 2022 que registraron 3.211 casos de personas “vulneradas en sus derechos”.
El 97,5 % de las denuncias tiene que ver con detenciones arbitrarias, 25,2 % con allanamiento ilegal de morada y un 10,3 % con malos tratos, en los que “cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos”.
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Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021. El Gobierno ha optado también por no contabilizar como homicidios y muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban.
Sin embargo, las cifras oficiales de la administración Bukele demuestran un gran apoyo popular por parte de la población. Suecy Callejas, vicepresidenta del Congreso señaló que “lo que estamos haciendo es salvando la sangre de los salvadoreños”.
“Ustedes pueden combatir el delito sin llevar gente inocente (a la cárcel)”, criticó la diputada de la oposición Marleny Funes.
“En nueve meses de régimen hemos hecho más de 50 operaciones fuera del territorio con el objetivo de traer a estos asesinos (pandilleros) que han huido”, dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al referirse a capturas realizadas en Honduras, Guatemala, Belice y Estados Unidos.
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