El salvavidas colombiano en medio de la crisis de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro pasa el peor momento, hasta ahora, de su presidencia. Niveles de popularidad en caída, escasez general de alimentos y medicinas, un revocatorio en proceso para retirarlo de la presidencia, acusaciones de narcotráfico contra miembros del chavismo: desde su victoria en las elecciones de 2013, el mandatario ha tenido que reeditar, una y otra vez, el discurso en que acusa a la derecha internacional de su caída y refuerza el poder populista del chavismo.

En medio de esa crisis llega el presidente Juan Manuel Santos a Puerto Ordaz (Venezuela) para discutir sobre la posible reapertura de la frontera, cerrada desde hace casi un año luego de que el gobierno venezolano arguyera que la situación de seguridad y narcotráfico —que había anidado a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera— se volvió incontrolable. Al menos hasta octubre del año pasado, Maduro afirmaba que la frontera debía “permanecer como está”, clausurada y sellada, carente del acostumbrado tránsito de venezolanos y colombianos.

Su actitud, sin embargo, ha sido decididamente más abierta en los últimos meses: en junio, los ministros de Defensa de ambos países, Vladimir Padrino y Luis Carlos Villegas, se reunieron para intentar revivir la cooperación en seguridad en la frontera. En dos ocasiones, en julio, permitió la reapertura de la frontera de manera temporal para que los venezolanos compraran comida en Cúcuta, una salvación de último minuto ante la escasez del 82% —según estudios privados— que invade a Venezuela. Luego, en la primera semana de agosto, se reunieron las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez para determinar las condiciones de una posible reapertura paulatina y definitiva (lea aquí sobre las medidas que se concertaron en dicha reunión).

Maduro ha cedido y con razón. Su partido comenzó un descenso inefable desde finales del año pasado, cuando la oposición ganó la mayoría en el Parlamento. El chavismo fue desplazado y sus proyectos bloqueados, y Maduro hubo de acudir a medidas más fuertes para controlar a una oposición que, de entrada, buscaba una revancha por los años que había perdido fuera del poder. El Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros han sido elegidos en parte por el chavismo, frenó los proyectos legislativos de la oposición y Maduro declaró que todo estaba en orden: que los presos políticos seguirían en la cárcel y que nadie más que el Gobierno venezolano tenía la capacidad para curar la crisis del país.

Esa crisis, sin embargo, tomó atributos monumentales. El FMI informó entonces que la inflación de 2015 había llegado al 180,9% y que en 2016 se preveía que aumentara a 720%. Es decir, el dinero no le iba a alcanzar a nadie para nada. Los venezolanos se veían —y se ven— obligados a hacer colas extensas ante los supermercados y mercados locales para encontrar comida con precios regulados (lea aquí: "Venezuela: la tragedia un país sin alimentos"). Pese a ello, dado que no existe una distribución suficiente y la industria nacional está detenida por falta de materias primas, los ciudadanos se vieron —y se ven— forzados a comprarles alimentos a los contrabandistas —“bachaqueros”, como se los llama de manera informal—, que venden en ocasiones a precios 10 veces mayores que los precios oficiales.

Una bolsa de harina pan que con precio regulado cuesta 190 bolívares, está costando 2.500. Las filas para obtener comida pueden durar entre cinco y siete horas, si tienen suerte para conseguir una ficha y si tienen suerte de que haya comida en la bodega. Venezolanos de a pie han contado que los colectivos chavistas golpean a los ciudadanos en las filas y los amenazan. En los tumultos la gente termina herida, sin la posibilidad de ir a un hospital con buena atención primaria porque los elementos más básicos —como el ibuprofeno y las vendas— escasean.

Las medicinas se acaban en las farmacias e importarlas resulta demasiado costoso: Venezuela, un país cuyos ingresos dependen en casi 90% del petróleo, no tiene como reanimar su economía por la caída del petróleo. Si un venezolano necesita atención hospitalaria, debe comprar las vendas y los medicamentos para que se los apliquen. En julio, más de 150.000 venezolanos cruzaron la frontera para conseguir alimentos y medicinas en Cúcuta. Fuentes de Migración Colombia dijeron a El Espectador que las autoridades venezolanas propusieron reabrir la frontera por algunas horas para que sus ciudadanos compraran más alimentos. La propuesta fue rechazada por temor a que el volumen de ciudadanos fuera incontenible.

Desde que la oposición conquistó el poder legislativo, la amenaza del revocatorio estaba presente. Fue uno de los primeros proyectos que anunciaron en público los principales líderes opositores, como Henrique Capriles y Henry Ramos Allup. Se ha cumplido hasta hoy el primer paso: la recolección de al menos 200.000 firmas. En octubre, la oposición deberá recoger otras 4 millones y llamar a referendo, que se realizaría en el primer trimestre del otro año. Más allá de las presunciones de la oposición —que esperan que el revocatorio ocurra este año para que se llamen a nuevas elecciones—, la estabilidad de Maduro en el poder está en peligro. Y Santos puede servir como salvación. Al menos una temporal.

Una reapertura paulatina de la frontera aligeraría, por lo menos en la región fronteriza, la escasez de alimentos. Testimonios conocidos por El Espectador apuntan que, a la altura de Arauca, los venezolanos deben pasar en canoa por el río, llegar a Colombia y comprar alimentos, luego de pagarles una suma de entre 1.000 y 5.000 bolívares a los guardias nacionales para que les permitan el paso (lea aquí otros testimonios sobre la crisis de alimentos). La reapertura fomentaría el comercio y la adquisición de nuevas materias primas que, a su vez, reactiven la industria fronteriza. También disminuiría el contrabando al crear una canasta básica de alimentos y materias primas. La reapertura, además, podría tener un efecto positivo en la popularidad de Maduro, dado que decenas de venezolanos —no existen cifras oficiales— se están desplazando a San Antonio de Táchira para hacer compras en Colombia y la reapertura favorecería la consecución de alimentos en regiones adicionales a las fronterizas.

El presidente Nicolás Maduro pasa el peor momento, hasta ahora, de su presidencia. Niveles de popularidad en caída, escasez general de alimentos y medicinas, un revocatorio en proceso para retirarlo de la presidencia, acusaciones de narcotráfico contra miembros del chavismo: desde su victoria en las elecciones de 2013, el mandatario ha tenido que reeditar, una y otra vez, el discurso en que acusa a la derecha internacional de su caída y refuerza el poder populista del chavismo.

En medio de esa crisis llega el presidente Juan Manuel Santos a Puerto Ordaz (Venezuela) para discutir sobre la posible reapertura de la frontera, cerrada desde hace casi un año luego de que el gobierno venezolano arguyera que la situación de seguridad y narcotráfico —que había anidado a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera— se volvió incontrolable. Al menos hasta octubre del año pasado, Maduro afirmaba que la frontera debía “permanecer como está”, clausurada y sellada, carente del acostumbrado tránsito de venezolanos y colombianos.

Su actitud, sin embargo, ha sido decididamente más abierta en los últimos meses: en junio, los ministros de Defensa de ambos países, Vladimir Padrino y Luis Carlos Villegas, se reunieron para intentar revivir la cooperación en seguridad en la frontera. En dos ocasiones, en julio, permitió la reapertura de la frontera de manera temporal para que los venezolanos compraran comida en Cúcuta, una salvación de último minuto ante la escasez del 82% —según estudios privados— que invade a Venezuela. Luego, en la primera semana de agosto, se reunieron las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez para determinar las condiciones de una posible reapertura paulatina y definitiva (lea aquí sobre las medidas que se concertaron en dicha reunión).

Maduro ha cedido y con razón. Su partido comenzó un descenso inefable desde finales del año pasado, cuando la oposición ganó la mayoría en el Parlamento. El chavismo fue desplazado y sus proyectos bloqueados, y Maduro hubo de acudir a medidas más fuertes para controlar a una oposición que, de entrada, buscaba una revancha por los años que había perdido fuera del poder. El Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros han sido elegidos en parte por el chavismo, frenó los proyectos legislativos de la oposición y Maduro declaró que todo estaba en orden: que los presos políticos seguirían en la cárcel y que nadie más que el Gobierno venezolano tenía la capacidad para curar la crisis del país.

Esa crisis, sin embargo, tomó atributos monumentales. El FMI informó entonces que la inflación de 2015 había llegado al 180,9% y que en 2016 se preveía que aumentara a 720%. Es decir, el dinero no le iba a alcanzar a nadie para nada. Los venezolanos se veían —y se ven— obligados a hacer colas extensas ante los supermercados y mercados locales para encontrar comida con precios regulados (lea aquí: "Venezuela: la tragedia un país sin alimentos"). Pese a ello, dado que no existe una distribución suficiente y la industria nacional está detenida por falta de materias primas, los ciudadanos se vieron —y se ven— forzados a comprarles alimentos a los contrabandistas —“bachaqueros”, como se los llama de manera informal—, que venden en ocasiones a precios 10 veces mayores que los precios oficiales.

Una bolsa de harina pan que con precio regulado cuesta 190 bolívares, está costando 2.500. Las filas para obtener comida pueden durar entre cinco y siete horas, si tienen suerte para conseguir una ficha y si tienen suerte de que haya comida en la bodega. Venezolanos de a pie han contado que los colectivos chavistas golpean a los ciudadanos en las filas y los amenazan. En los tumultos la gente termina herida, sin la posibilidad de ir a un hospital con buena atención primaria porque los elementos más básicos —como el ibuprofeno y las vendas— escasean.

Las medicinas se acaban en las farmacias e importarlas resulta demasiado costoso: Venezuela, un país cuyos ingresos dependen en casi 90% del petróleo, no tiene como reanimar su economía por la caída del petróleo. Si un venezolano necesita atención hospitalaria, debe comprar las vendas y los medicamentos para que se los apliquen. En julio, más de 150.000 venezolanos cruzaron la frontera para conseguir alimentos y medicinas en Cúcuta. Fuentes de Migración Colombia dijeron a El Espectador que las autoridades venezolanas propusieron reabrir la frontera por algunas horas para que sus ciudadanos compraran más alimentos. La propuesta fue rechazada por temor a que el volumen de ciudadanos fuera incontenible.

Desde que la oposición conquistó el poder legislativo, la amenaza del revocatorio estaba presente. Fue uno de los primeros proyectos que anunciaron en público los principales líderes opositores, como Henrique Capriles y Henry Ramos Allup. Se ha cumplido hasta hoy el primer paso: la recolección de al menos 200.000 firmas. En octubre, la oposición deberá recoger otras 4 millones y llamar a referendo, que se realizaría en el primer trimestre del otro año. Más allá de las presunciones de la oposición —que esperan que el revocatorio ocurra este año para que se llamen a nuevas elecciones—, la estabilidad de Maduro en el poder está en peligro. Y Santos puede servir como salvación. Al menos una temporal.

Una reapertura paulatina de la frontera aligeraría, por lo menos en la región fronteriza, la escasez de alimentos. Testimonios conocidos por El Espectador apuntan que, a la altura de Arauca, los venezolanos deben pasar en canoa por el río, llegar a Colombia y comprar alimentos, luego de pagarles una suma de entre 1.000 y 5.000 bolívares a los guardias nacionales para que les permitan el paso (lea aquí otros testimonios sobre la crisis de alimentos). La reapertura fomentaría el comercio y la adquisición de nuevas materias primas que, a su vez, reactiven la industria fronteriza. También disminuiría el contrabando al crear una canasta básica de alimentos y materias primas. La reapertura, además, podría tener un efecto positivo en la popularidad de Maduro, dado que decenas de venezolanos —no existen cifras oficiales— se están desplazando a San Antonio de Táchira para hacer compras en Colombia y la reapertura favorecería la consecución de alimentos en regiones adicionales a las fronterizas.