La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil confirmó que el exjuez Sergio Moro no actuó con “imparcialidad” en uno de los juicios contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas sentencias ya habían sido anuladas previamente.
Por 7 votos a 2, la mayoría de la corte ratificó la decisión dictaminada hace un mes por la Segunda Sala de la Corte Suprema, aunque la sesión fue suspendida y queda pendiente la decisión de otros dos magistrados.
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El fallo, que se limita a un juicio sobre un apartamento en una playa que Lula habría recibido como soborno, implica también que las pruebas recabadas contra el exmandatario por los fiscales de Curitiba, donde estaba basado Sergio Moro, no podrán ser usadas como evidencias cuando su caso sea juzgado nuevamente.
La defensa del exlíder sindical señaló en un comunicado que el dictamen de la corte confirma que Moro “promovió una auténtica cruzada” contra el expresidente para “acusarlo y condenarlo sin prueba con el objetivo de retirarlo de las elecciones presidenciales de 2018 y de la vida política”.
“Es el restablecimiento del debido proceso legal y de la credibilidad del Judiciario en Brasil”, resaltó la nota firmada por los abogados Cristiano Zanin y Valeska T.Z. Martins.
La decisión de este jueves supuso una nueva victoria judicial para Lula, una semana después de que la corte ratificó la anulación de las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente en procesos que estuvieron a cargo del tribunal de Curitiba, al considerar que hubo un conflicto de competencias.
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El argumento esgrimido por los jueces es que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.
El pleno confirmó este jueves que los procesos que tramitaron en Curitiba serán remitidos a tribunales de Brasilia, donde deberán ser juzgados nuevamente, y no a Sao Paulo, como llegó a ser planteado.
Con la decisión del Supremo, Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, recuperó sus derechos políticos y despejó el camino para una posible candidatura en 2022, tras ser impedido por la justicia en las elecciones de 2018, en las que venció Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña.
