El triunfo del estilo Correa

Gracias a un discurso retórico, a promesas de mejoras y a una política de subsidios y bonos, amparada en el alza de los precios del petróleo, principal ingreso del país, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, logró durante los últimos meses mantener su popularidad por encima del 70% y asegurarse el domingo el triunfo de su proyecto constitucional, con el 63% de los votos, según los más recientes conteos.

Pero el triunfo arrollador de Correa quedó en parte empañado por la votación en Guayaquil, la ciudad costera motor económico del país. Según el Tribunal Superior Electoral, con el 91% de los votos contados, el No superaba al Sí con 47% de los sufragios en esta ciudad.

Al conocer su triunfo, Correa saludó en primer lugar a los emigrantes ecuatorianos, “a los tres millones de exiliados de la pobreza”. El presidente señaló que el país “vive un momento histórico que trasciende las personas, es un proceso de cambio de todo un pueblo”.

“Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras han sido derrotadas por los soldados de la revolución ciudadana”, dijo en Guayaquil, desde la gobernación de la provincia de Guaymas.

Con este cuarto triunfo electoral consecutivo Correa ya tiene las manos libres para presentarse a la reelección y acelerar sus polémicas reformas socialistas, que, entre otras cosas, otorga al Estado un mayor control en sectores estratégicos. Sumak kawsay, buen vivir en lengua quechua, será el eje del nuevo marco institucional que prometió el presidente. Sin embargo, sumak kawsay, una fórmula tan difusa como el Socialismo del Siglo XXI que impulsa el joven mandatario ecuatoriano, parece ser el envoltorio de un proyecto estatista y de concentración del poder.

Ecuador deberá celebrar a principios del próximo año nuevos comicios legislativos y presidenciales; Correa podrá volver a ser candidato —y aspirar a la reelección cuatro años después— sin que se le computen los 20 meses que lleva en el poder. De esta manera, el actual mandatario podría continuar en el palacio de Carondelet hasta 2017.

Muchos ecuatorianos fueron a votar con ilusión y esperanza, confiando en que se cumplirán las promesas de Correa de “un mejor vivir”.

“Tengo fe en Correa, me inspira confianza después de tantos políticos ladrones”, comentó Luisa Valle tras votar en un colegio del barrio quiteño Las Casas, en la falda del volcán Pichincha.

Jaime Costales, psicólogo y catedrático de la Universidad San Francisco, dijo que el ecuatoriano vive en un “delirio colectivo” por la manipulación de la conciencia con promesas mesiánicas de Correa que jamás podrán llevar al país a una nueva democracia. “Se usan las mismas artimañas y vicios de los viejos partidos para instaurar un régimen presidencialista que aspira a controlar todos los poderes, silenciando las discrepancias e imponiendo su verdad”, señala el profesor.

Aunque Correa mantiene alta popularidad, en el mundo empresarial se esperan con recelo los cambios. Algunos analistas los rechazan por considerarlos “un listado de buenas intenciones irrealizables en la práctica”.

Una Constitución chavista

Con un sólido liderazgo nacional y una oposición casi inexistente, atomizada, sin discurso político y carente de dirigentes con credibilidad, Correa ha impuesto el estilo “C” en menos de dos años de gobierno: carisma, cambio y confrontación con prensa, multinacionales, Estados Unidos y empresarios.

Para Correa, la nueva Constitución es la hoja de ruta para el cambio estructural, que sustituye el libre mercado “por un modelo social y solidario”. Es la última oportunidad de un cambio pacífico en Ecuador para cambiar una historia de injusticia y desigualdad”, afirma Correa. Pero el analista Francisco Rocha señala a “La Vanguardia” que el texto reconoce tantos derechos que será imposible cumplir con ellos sin provocar un abultado déficit fiscal.

 Los críticos de Correa advierten que el carácter estatista de la reforma minará la inversión privada, ampliará sin límite los poderes del presidente y generará un gasto social insostenible para la pequeña economía del país.

El texto constitucional se presta a fáciles comparaciones con el que Chávez impuso en Venezuela, en especial en lo referente al régimen de propiedad e intervención estatal de la economía, control de sectores estratégicos, medios de comunicación y régimen de transición.