Tres semanas después de la jornada electoral en Perú, persiste la incertidumbre respecto de las candidaturas que accederán a la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio. El proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización política, elevada fragmentación del sistema de partidos —con 35 postulaciones presidenciales— y una competencia extremadamente cerrada, evidenciada por la mínima diferencia de votos entre el segundo, tercer y el cuarto lugar. Esta situación se ve agravada por niveles muy bajos (12%) de confianza ciudadana en los organismos electorales, incluso antes del proceso electoral.
A este escenario de tensiones estructurales se sumaron, durante la jornada electoral del 12 de abril, fallas operativas significativas en la distribución del material electoral, que ocasionaron retrasos sustantivos en la apertura de mesas y, en que trece centros de votación no pudieran abrir del todo en la ciudad de Lima, gatillando una extensión excepcional de la jornada en esos lugares de votación para el lunes 13.
Esta situación de crisis en Perú ofrece un conjunto de lecciones relevantes para América Latina en un momento en que la integridad electoral enfrenta presiones crecientes. Un fenómeno que hemos venido siguiendo de cerca desde IDEA Internacional. Ya en un estudio publicado en 2024 identificamos que cerca del 33% de las elecciones celebradas en América Latina entre 2020 y 2024 registraron altos niveles de conflictividad electoral. Esta conflictividad se ha expresado, principalmente, en la negación de resultados, los boicots por parte de actores políticos y una creciente judicialización de los procesos electorales. Esto convierte a América Latina en la segunda región con mayor conflictividad electoral del mundo después de Africa.
El caso peruano no es una excepción aislada, sino más bien un reflejo de dinámicas regionales que requieren atención urgente. A partir de esta experiencia, se pueden identificar al menos tres ámbitos que requieren consideración y acción urgente para proteger la integridad de las elecciones.
La primera lección es que nos encontramos frente a una proliferación de narrativas infundadas de fraude, o “negacionismo electoral” muchas veces anticipadas sin evidencia antes de que se celebren las elecciones. En Perú, luego de la segunda vuelta de 2021 se instaló una narrativa de fraude desde distintos sectores políticos, a pesar de los informes de observación imparcial las desmentían. Durante estos cinco años se dio continuidad a esas versiones y teorías conspirativas, y en este proceso electoral nuevamente candidatos con alto reconocimiento han contribuido a instalar discursos que ponen en duda la integridad del proceso sin evidencia sustantiva. Este fenómeno se ha replicado en otros contextos, como en Brasil con Jair Bolsonaro, quien siendo presidente cuestionó reiteradamente el sistema electoral antes de los comicios. Lo preocupante es que estas narrativas ya no provienen únicamente de actores que anticipan una derrota, sino también de quienes podrían resultar ganadores. Se trata de una estrategia política que busca erosionar la confianza pública, generar incertidumbre y, en algunos casos, condicionar la aceptación de los resultados. En términos democráticos, esto constituye una forma de desinformación altamente corrosiva que debilita la legitimidad del sistema en su conjunto.
La segunda lección es que, si bien la innovación tecnológica en los procesos electorales es importante, no puede sustituir ni hacernos descuidar los preparativos básicos para asegurar una elección bien organizada. La región ha avanzado de manera heterogénea en la adopción de tecnologías para el registro de votantes, la transmisión de resultados y la comunicación con la ciudadanía, entre otras facetas. Sin embargo, el caso peruano recuerda que elementos tradicionales siguen siendo determinantes: una logística electoral robusta, centros de votación accesibles y seguros, coordinación interinstitucional fluida, una cadena de custodia confiable del voto, y mecanismos de transmisión de resultados que sean tanto rápidos como verificables. Igual de crucial es la participación activa y constructiva de los partidos políticos y de la ciudadanía en todas las etapas del proceso, especialmente en el escrutinio y conteo de votos. La tecnología puede agilizar y fortalecer estos procesos, pero no reemplazarlos.
Finalmente, el caso peruano deja en evidencia la creciente judicialización de procesos electorales y el riesgo de la criminalización de sus autoridades. En Perú, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y altos funcionarios de dicha institución han sido objeto de hostigamiento público y mediático, ataques contra su integridad física y persecución penal que exceden el legítimo escrutinio público y las necesarias investigaciones administrativas. Ciertamente las autoridades del estado deben rendir cuentas por sus actuaciones en los tiempos y marcos que establece la ley, pero dejar sujeto la evaluación al resultado de la opinión pública o de actores políticos en base a su conveniencia no es una buena práctica democrática. Este fenómeno no es exclusivo del país andino. En varios países de la región (Brasil, Honduras, Guatemala), las autoridades electorales enfrentan campañas de desprestigio, investigaciones judiciales cuestionables o incluso amenazas personales. Este patrón erosiona la autonomía de los organismos electorales, desincentiva que personas calificadas quieren asumir responsabilidades electorales, y debilita uno de los pilares fundamentales de la democracia: la confianza en quienes administran las elecciones. Defender el debido proceso, la proporcionalidad de las investigaciones, así como la independencia técnica y política de estas instituciones es esencial para proteger el estado de derecho en nuestra región.
En suma, las elecciones en Perú subrayan que la integridad electoral en América Latina enfrenta desafíos multidimensionales. La defensa de las autoridades electorales frente a la criminalización, la contención de narrativas de fraude infundado y el equilibrio entre innovación tecnológica y solidez operativa son tareas urgentes. Desde IDEA Internacional insistimos en que abordar estos retos requiere no solo reformas técnicas, sino también un compromiso político renovado con las reglas del juego democrático.
La región no parte de cero: cuenta con instituciones, experiencia y marcos normativos que han permitido avances significativos en las últimas décadas. Sin embargo, los riesgos actuales exigen una respuesta coordinada, basada en evidencia y con visión de largo plazo. Las lecciones de Perú deben ser leídas como una advertencia, pero también como una oportunidad para fortalecer la resiliencia democrática en América Latina.
*Ríos es directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional y Liendo es oficial de programa para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional
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Por Marcela Ríos Tobar y Nicolás Liendo*
