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La correísta Luisa González encabeza las intenciones de voto para la elección presidencial de este domingo en Ecuador, según dos recientes encuestas cuyos resultados fueron divulgados el miércoles.
González, del movimiento Revolución Ciudadana del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), lidera con 24 % el sondeo de Cedatos y con 24,9 % el de Comunicaliza. Ambas empresas están autorizadas a realizar encuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo a Cedatos, marchaba segundo con 12,5 % el experiodista y excongresista Fernando Villavicencio (centro), quien fue asesinado a tiros por un sicario colombiano hace una semana, al salir de un mitin en el norte de Quito.
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Sigue en tercer lugar el derechista Jan Topic (12,2 %), que promete mano dura contra el crimen. En julio estaba casi último en los sondeos, pero este mes ha avanzado significativamente tras el asesinato de Villavicencio.
En cuarto lugar aparece el líder indígena de izquierda Yaku Pérez (8,1 %), y luego el exvicepresidente de derecha Otto Sonnenholzner (5,1 %) y los otros tres aspirantes, de acuerdo a la encuesta realizada del 7 al 9 agosto y que tiene 3,1 % de margen de error.
Antes del magnicidio de Villavicencio, en julio, una investigación de Cedatos dio 26,6 % a González, 13,2 % a Villavicencio, 12,5 % a Pérez, 7,5 % a Sonnenholzner, 6 % al centroderechista Xavier Hervas y 4,4 % a Topic.
Villavicencio, un acérrimo opositor al correísmo, fue asesinado el 9 de agosto en medio de una oleada de violencia a causa del narcotráfico que golpea al país en los últimos años y que elevó la tasa de homicidios al récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble de 2021.
Según la encuesta de Comunicaliza, Topic va segundo con 21,7 % de los votos, por encima de Villavicencio (14,5 %), Sonnenholzner (8,2 %) y Pérez (5,8 %). Los datos corresponden a un sondeo realizado del 11 al 12 de agosto y tiene un 1,62 % de margen de error.
El partido Construye, que auspiciaba a Villavicencio, designó al periodista Christian Zurita, de 53 años, como reemplazo del presidenciable asesinado para la papeleta electoral.
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Luz verde para Zurita
Entretanto la autoridad electoral de Ecuador dio vía libre a las aspiraciones presidenciales de Christian Zurita al desestimar un recurso que presentó la fuerza izquierdista del exmandatario Rafael Correa para impedir su candidatura.
El correísmo aseguraba que Zurita aparecía inscrito con el partido centroderechista Renovación Total (Reto) y no con Construye, que da el aval presidencial, por lo que estaría incurriendo en doble militancia.
Zurita sostuvo que un documento que lo vinculaba con Reto era falso, por lo que pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) quitarle validez de cara a la primera vuelta el domingo.
El CNE le dio la razón y aceptó “la nulidad” solicitada por Zurita, según dijo a la prensa Diana Atamaint, presidenta de la entidad.
El supuesto conflicto de Zurita le hubiese impedido ser aspirante al poder por violación de las normas electorales.
El “correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura”, señaló más temprano en X (antes Twitter) Construye, el partido de centro al que pertenecía Villavicencio.
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Zurita celebró el dictamen del CNE: “Estamos a pocas horas de que se oficialice la candidatura de Christian Zurita y Andrea González”, su fórmula a la vicepresidencia, expresó desde Guayaquil. Ahora el Consejo debería dejar en firme la candidatura.
Construye expresó en la red X que “la reacción vil y desesperada del correísmo en todos los días posteriores al asesinato (de) Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias”.
Debido a que no estaba habilitado como presidenciable, Zurita no pudo participar en el debate oficial del domingo por la noche, en el que intervinieron los otros siete aspirantes al ser obligatorio.
Villavicencio, un acérrimo opositor al correísmo, era un periodista de investigación cuyo trabajos llevaron a Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, a ser condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción.
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