Bastaron un par de meses para que Elon Musk pasara de ser el gran héroe a convertirse en el gran villano en el frente de guerra para Kiev. Dos días después de que Rusia invadiera Ucrania, en febrero de 2022, el dueño de Starlink —empresa que proporciona terminales de internet satelital y recién alcanzaba su madurez— accedió a proveer sus recursos para mantener comunicados a los ucranianos, pero esto cambió en octubre del mismo año.
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Musk le advirtió al Pentágono que dejaría de financiar el servicio en Ucrania a menos de que recibiera aportes de decenas de millones de dólares por mes. En este punto, Starlink ya se había convertido en una fuente vital para las comunicaciones de la resistencia del ejército ucraniano, pese a que no obtenía señal en zonas claves por limitaciones impuestas por el magnate. Estados Unidos y Polonia accedieron a desembolsar el dinero para que la conexión siguiera viva y el asunto pareció cerrado, hasta ahora.
Esta semana, Musk revivió la amenaza de cortar el internet en Ucrania tras un enfrentamiento en Twitter con el jefe de la diplomacia polaca, Radolsaw Sikorski, a quien le dijo que, sin este recurso, el ejército de Ucrania “colapsaría”. “Ucrania habría perdido esta guerra hace mucho tiempo, y los rusos estarían ahora en las fronteras de Polonia”, contestó Musk enfurecido. Al final, la pelea fue detenida por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., quien intervino negando cualquier tipo de apagón por parte de Musk. Sin embargo, esta pequeña pelea sacó a flote varias preguntas sobre el poder del magnate en el frente de guerra.
En primer lugar, ¿qué tanto poder tiene Musk sobre la guerra? El empresario, hoy funcionario del Gobierno estadounidense bajo una figura ambigua, asegura que no hay reemplazo para su constelación de satélites y que, por eso, es crucial para que Ucrania siga en pie. Tiene razón. Si bien la volatilidad de Musk, y de todo el Gobierno estadounidense frente a Kiev, ha generado que Europa acelere la búsqueda de una alternativa para mantener conectada a Ucrania, lo cierto es que no hay una empresa que de momento pueda competir con lo que hace Starlink.
Las opciones que hay en la mesa, como OneWeb, Project Kuiper e IRIS2, podrían reemplazarlo, pero tienen dificultades técnicas, logísticas y económicas para igualar su cobertura y facilidad de uso. Las terminales para OneWeb cuestan miles de dólares en lugar de cientos de dólares, como las de Starlink, según Chris Quilty, codirector ejecutivo y presidente de Quilty Analytics, empresa de investigación espacial y comunicaciones con sede en Florida.
Los satélites de Starlink también operan en órbita terrestre baja, a unos 550 km de altitud. Al estar más cerca de la Tierra, los satélites en esta posición transmiten datos más rápido que los satélites en órbitas más altas, que son los que tienen otras alternativas como OneWeb. Es decir, la latencia baja y la alta velocidad de conexión de Starlink son ideales para comunicaciones en tiempo real. Las otras redes podrían no igualar esta calidad, afectando operaciones militares y civiles.
Y, finalmente, ya hay más de 40.000 terminales de Starlink en Ucrania. Otras soluciones requerirían costos adicionales para su mantenimiento y expansión y, esencialmente, tiempo para reemplazar la infraestructura de Starlink. Entendiendo que el poder de Musk es enorme, viene un segundo cuestionamiento. La línea que distinguía al ámbito civil del militar, gracias a los avances económicos y tecnológicos de las empresas privadas. ¿Son los grandes CEO de Silicon Valley los nuevos señores de la guerra? No solo es Starlink: Microsoft, por poner otro ejemplo, proporcionó antivirus y herramientas a los ucranianos para defenderse de los ataques cibernéticos de Rusia recién empezó la guerra.
“La relación con estos empresarios es sumamente complicada. Lo primero que hay que reconocer es que hoy las empresas multinacionales son un actor fundamental en las relaciones internacionales, porque incluso llegan a tener más recursos y más poder de negociación que los mismos Estados. Los Estados siguen siendo actores importantes, pero las grandes corporaciones tienen un poder a veces incluso superior. Esto les da a las personas que controlan estas compañías, como los hijos de los dueños, un poder significativo”, analiza Luisa Lozano, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, quien fue directora de la maestría en Derecho Internacional.
En este sentido, el problema, dice la profesora, es que “sus intereses pueden fluctuar ante el mejor postor, y eso es preocupante especialmente cuando estas compañías manejan información personal de la gente, como sucede con Meta, que ya ha influido en políticas de diferentes países, no solo entregando datos a los Estados para hacer cosas malas, sino también vendiéndolos. Sin duda es riesgoso, sobre todo con personalidades tan volátiles como las de Trump y Musk. Sus decisiones pueden variar dependiendo del bando que elijan y la información que decidan compartir”.
Sobre el caso de Ucrania, Lozano no ve una amenaza inminente frente a la posibilidad de que Starlink envíe información a los rusos, ya que esa sería una línea roja. “No hace falta vender datos ni compartir información, simplemente el hecho de suspender el servicio ya generaría un daño enorme para Ucrania”, explica. Esto pone a los países en una situación de dependencia absoluta, donde el resultado está ligado a cómo amanecen estas personalidades, que responden más a incentivos emocionales que a principios claros.
“Si alguien les habla mal, como ocurrió con el caso de Musk y el ministro polaco, podrían cortar el suministro solo porque esa persona se atrevió a contradecirlos”, señala Lozano.
En esos casos, y poniendo en la mesa el hipotético apagón de Starlink en Ucrania en ciertas zonas al antojo de Musk, como se ha denunciado, se abre otra incógnita: ¿podrían ser responsables estos empresarios por las decisiones que toman si afectan una guerra?
“Si bien las multinacionales como Starlink no deberían ser consideradas solo como proveedores, sus intereses van más allá de un simple intercambio comercial. Es un hecho que las grandes compañías tienen una influencia política significativa. Y aunque los CEO de estas empresas no definen estrategias de guerra directamente, utilizan su poder de negociación para lograr sus propios objetivos. Es una cuestión más de estrategia política que de decisiones estratégicas militares”, explica Lozano.
Los expertos recuerdan que ya existen acuerdos internacionales, como los principios guía de Naciones Unidas, en el marco de negocios y derechos humanos. Algunos países ya tienen legislación nacional sobre este tema, y la Corte Penal Internacional podría perseguir a individuos responsables de crímenes de guerra, incluidos ejecutivos de compañías, en casos de daños a la población civil.
La dependencia también genera incógnitas sobre la capacidad de maniobra de los Estados para defender a sus aliados cuando se cruzan los intereses económicos con estas compañías. En el caso de Ucrania, Musk estaba más cómodo en prestar ayuda. Pero muchas empresas tecnológicas estadounidenses tienen hoy un interés económico mucho mayor en China que en Rusia en 2022, y es muy incierto si optarían por apoyar a Taiwán, por ejemplo, según Matt Kaplan y Michael Beown, expertos de Foreign Affairs.
“En los decisivos primeros días de un conflicto en Taiwán, una infraestructura crítica digital resiliente podría volver a ser vital, como sucedió en Ucrania. Asegurar dicha infraestructura para el futuro requiere que el Gobierno estadounidense actúe ahora. Los líderes en Washington deben reconocer que, si bien los intereses corporativos y los nacionales no siempre estarán alineados, las capacidades comerciales pueden ser esenciales para los objetivos de seguridad nacional”, señalan los expertos, apuntando que el papel de las compañías privadas es cada vez más decisivo en el curso de un conflicto y que, por lo tanto, a los Estados les conviene una revisión sobre el comportamiento de estas empresas y una diversificación sobre los operadores que ofrecen un servicio. Es justamente lo que está tratando de hacer Europa.
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