Empiezan alegatos entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia
Lo primero que hay que decir es que ni San Andrés, ni Providencia, ni Santa Catalina están en juego en esta nueva etapa del litigio.
Redacción Internacional
El tribunal ya había descartado su competencia para revisar la pertenencia nacional de estas islas, cuya soberanía, a pesar de estar más cerca de territorio nicaragüense, ha sido ejercida por Colombia históricamente y está estipulada en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.
Sin embargo, y a raíz de una demanda impuesta por el gobierno de Nicaragua el 6 de diciembre de 2001, la CIJ aceptó que sí era competente para dirimir el litigio entre ese país y Colombia en dos aspectos: la delimitación marítima y la soberanía sobre los cayos Serrana, Roncador y Quitasueño.
Hoy comienzan las audiencias en las que Nicaragua podrá exponer sus argumentos ante el tribunal, y posteriormente Colombia hará lo propio (ver recuadro). Después de escuchar a las partes, la CIJ se tomará varios meses (más o menos hasta septiembre) para fallar el caso y emitir una sentencia definitiva e inapelable.
La soberanía marítima se extiende 200 millas náuticas más allá del extremo territorial. En este espacio, el país dueño del territorio tiene derecho a explotar el suelo, que en este caso en particular no tiene una diferenciación clara. El punto más al occidente de San Andrés está a 74 millas náuticas del punto más oriental de Nicaragua, en las Islas del Maíz.
Con las fronteras difusamente establecidas, Colombia históricamente ha establecido su frontera marítima con Nicaragua en el meridiano 82 (a 58 millas náuticas de la Islas del Maíz), un límite que Nicaragua rechaza como frontera válida y que implica la soberanía de los cayos en disputa.
“Creo que Colombia puede y probablemente va a perder soberanía sobre el meridiano 82. Esta es una zona rica en recursos naturales, en pesca y petróleo”, asegura la profesora Martha Ardila, de la Universidad Javeriana, quien critica la poca información que ha dado el gobierno colombiano sobre este proceso, actitud que califica como “diplomacia secreta”.
La defensa de Colombia está conformada por los especialistas en litigios internacionales James Crawford, Rodman Bundy y Marcelo Kohen, y por excancilleres y exembajadores colombianos como Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto, entre otros.
El tribunal ya había descartado su competencia para revisar la pertenencia nacional de estas islas, cuya soberanía, a pesar de estar más cerca de territorio nicaragüense, ha sido ejercida por Colombia históricamente y está estipulada en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.
Sin embargo, y a raíz de una demanda impuesta por el gobierno de Nicaragua el 6 de diciembre de 2001, la CIJ aceptó que sí era competente para dirimir el litigio entre ese país y Colombia en dos aspectos: la delimitación marítima y la soberanía sobre los cayos Serrana, Roncador y Quitasueño.
Hoy comienzan las audiencias en las que Nicaragua podrá exponer sus argumentos ante el tribunal, y posteriormente Colombia hará lo propio (ver recuadro). Después de escuchar a las partes, la CIJ se tomará varios meses (más o menos hasta septiembre) para fallar el caso y emitir una sentencia definitiva e inapelable.
La soberanía marítima se extiende 200 millas náuticas más allá del extremo territorial. En este espacio, el país dueño del territorio tiene derecho a explotar el suelo, que en este caso en particular no tiene una diferenciación clara. El punto más al occidente de San Andrés está a 74 millas náuticas del punto más oriental de Nicaragua, en las Islas del Maíz.
Con las fronteras difusamente establecidas, Colombia históricamente ha establecido su frontera marítima con Nicaragua en el meridiano 82 (a 58 millas náuticas de la Islas del Maíz), un límite que Nicaragua rechaza como frontera válida y que implica la soberanía de los cayos en disputa.
“Creo que Colombia puede y probablemente va a perder soberanía sobre el meridiano 82. Esta es una zona rica en recursos naturales, en pesca y petróleo”, asegura la profesora Martha Ardila, de la Universidad Javeriana, quien critica la poca información que ha dado el gobierno colombiano sobre este proceso, actitud que califica como “diplomacia secreta”.
La defensa de Colombia está conformada por los especialistas en litigios internacionales James Crawford, Rodman Bundy y Marcelo Kohen, y por excancilleres y exembajadores colombianos como Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto, entre otros.