En Brasil hay que buscar a narcotraficantes para poder abortar

En Brasil es ilegal tener un aborto desde 1890, aunque en 1940 se agregaron excepciones.

Foto: AP - Silvia Izquierdo

En noviembre pasado, Xaiana, estudiante universitaria de 23 años del norte de Brasil, comenzó a intercambiar mensajes de texto con un traficante de drogas del sur del país. Siguiendo las instrucciones del hombre, transfirió 1.500 reales (US$285), que eran sus gastos de manutención para varios meses. Luego esperó tres angustiosas semanas hasta que le llegó por correo un blíster con ocho pastillas blancas sin marcas. Cuando se las tomó, surtieron el efecto que esperaba: tuvo un aborto con medicamentos en casa, con su novio, lo que finalizó un embarazo de ocho semanas.

Pero Xaiana siguió sangrando durante semanas, una complicación inusual pero que no es rara. “Cada vez que me duchaba era como una escena del crimen”, dijo. Tenía miedo de pedir ayuda porque es ilegal que una mujer en Brasil use el fármaco misoprostol para provocar un aborto. Temía que si iba a una clínica, el personal podría descubrir que se había provocado el aborto y denunciarla. La pena por abortar en Brasil es de hasta tres años de cárcel.

“Es la sensación de más soledad que he experimentado en mi vida”, dijo, y pidió solo ser identificada por su nombre porque teme ser procesada.

Después de siete semanas, fue a una clínica de mujeres y admitió haber interrumpido su embarazo. Le hicieron una cauterización simple y nadie la denunció.

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En Estados Unidos, los defensores del derecho al aborto han sugerido que el país, luego de la anulación del fallo de Roe contra Wade, se diferenciará en un aspecto clave de la época anterior a la legalización del aborto en el país. Ahora las mujeres que quieren abortar tienen la opción de una interrupción médica, usando píldoras de hormonas para hacer que el cuerpo expulse al feto, una práctica aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).

Pero la ola de leyes estatales que han comenzado a entrar en vigor después del fallo de la Corte Suprema que anuló la decisión de Roe contra Wade el viernes prohíbe todos los abortos, incluidos los inducidos con medicamentos. Para obtener las pastillas de forma legal, las mujeres tendrán que viajar a los estados donde están permitidas para asistir a una consulta médica, aunque sea por video o teléfono, como exige la FDA.

La historia del acceso a las píldoras abortivas en Brasil ofrece una idea de cómo el aborto con medicamentos puede quedar fuera del alcance y qué puede suceder entonces.

Aunque el procedimiento quirúrgico fue el objetivo original de la prohibición del aborto en Brasil, la proscripción se expandió después de que el aborto con medicamentos se hizo más común, lo que llevó a la situación actual en la que los traficantes de drogas controlan la mayor parte del acceso a las píldoras. Las mujeres que las compran no tienen garantías de la seguridad o autenticidad de lo que están tomando, y si tienen complicaciones, temen buscar ayuda.

Hoy en día, el misoprostol del mercado negro, traído de India, México y Argentina, se vende a un precio de entre US$200 a US$400 por las ocho tabletas recomendadas para un aborto, en comparación con la suma menor a US$15 que cuesta un frasco de 60 píldoras en Estados Unidos. A un reportero de The New York Times le tomó menos de un minuto encontrar a alguien dispuesto a vender ocho pastillas por US$300, en un barrio de Río de Janeiro que es famoso por la venta de productos del mercado negro.

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“Se las compras a un narcotraficante, pero no sabes lo que son. Todo el proceso se vuelve aterrador, es algo secreto, ya no es un medicamento”, dijo Maira Marques, directora de campañas para la defensa del acceso al aborto en la organización Milhas pelas Vidas das Mulheres. “Se supone que esta es la forma más sencilla y menos complicada de abortar, pero ahora es como comprar contrabando”.

En Brasil ha sido ilegal tener un aborto desde 1890, aunque en 1940 se agregaron excepciones para las mujeres que estaban embarazadas como resultado de una violación o incesto y en aquellos casos en los que la vida de una mujer estaba en peligro por el embarazo; más recientemente, también se les otorgó el acceso a las mujeres que tienen un feto con anencefalia (partes faltantes de su cerebro).

Pero a fines de la década de 1980, se corrió la voz de que un medicamento para las úlceras llamado Cytotec podía “provocar un período”. De hecho, fue la experiencia de las mujeres brasileñas con el uso no autorizado del fármaco lo que inició las investigaciones y eventual adopción mundial del aborto con medicamentos como un método menos invasivo y de menor costo para interrumpir los embarazos que podía aumentar el acceso, especialmente en los países en desarrollo.

Cytotec es misoprostol, la mitad de la combinación de hormonas recomendada por la Organización Mundial de la Salud (la otra es mifepristona) para llevar a cabo un aborto con medicamentos. La mifepristona nunca ha sido aprobada para su uso en Brasil, y las mujeres que desconocen ese fármaco no lo buscan en el mercado negro. El misoprostol suele ser suficiente para inducir un aborto seguro; un estudio publicado en The Lancet encontró que el 8 % de las mujeres que usaron misoprostol para interrumpir un embarazo experimentaron complicaciones como sangrado y dolor abdominal que requirieron atención médica.

Hasta 1991, el medicamento se vendía en las farmacias sin necesidad de presentar una receta, y luego se reguló para que solo se comercializara con prescripción médica, pero las reglas eran laxas.

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La disponibilidad de las píldoras redujo drásticamente la cantidad de mujeres que acudían a los hospitales con infecciones potencialmente mortales o hemorragias por abortos que habían tratado de inducir con la raíz de ricino, la lejía o los ganchos de ropa, dijo Ana Teresa Derraik, ginecóloga obstetra que trabaja en Río. “Fue un gran alivio para quienes creíamos que las mujeres no deberían ser castigadas así”.

Pero el misoprostol se estaba convirtiendo en el foco de atención de los activistas contra el aborto en Brasil y más allá. En 1998, Anvisa, agencia reguladora de salud de Brasil, incluyó el misoprostol en la lista de medicamentos controlados, junto con los opiáceos, lo que significó una sentencia de prisión de hasta quince años para cualquiera que fuera sorprendido importándolo o comprándolo. Las compañías farmacéuticas internacionales que fabricaban misoprostol fueron boicoteadas y dejaron de producirlo; una pequeña empresa nacional se hizo cargo de la fabricación de una versión genérica del medicamento para vendérselo únicamente al Ministerio de Salud con fines hospitalarios.

En 2006, la ley que prohíbe la distribución de misoprostol se reforzó para prohibir la venta o publicación de información sobre ese fármaco en internet.

Cuando Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil, en 2018, con el apoyo entusiasta de la comunidad cristiana evangélica, de rápido crecimiento en el país, el acceso se volvió aún más escaso.

Las organizaciones internacionales de derechos reproductivos como Women on Web solían enviar píldoras abortivas a Brasil, y los grupos feministas locales solían obtenerlas y suministrarlas, junto con instrucciones para su uso seguro, dijo Juliana Reis, directora de Milhas. Ahora, eso se ha detenido casi por completo.

“Debido al clima político, es mucho más difícil conseguir productos seguros y tener una asesoría adecuada, porque las redes que solían hacer eso tienen mucho más miedo”, dijo Sonia Corrêa, investigadora de tecnologías de salud reproductiva en Río.

Las nuevas directrices emitidas por el Ministerio de Salud este mes incluyen la afirmación de que “inducir el aborto por telemedicina, usando medicamentos de la lista de control especial, puede causar daños irreversibles a la mujer”.

Helena Paro, ginecóloga de la ciudad de Uberlândia, que introdujo las consultas de telemedicina para pacientes de aborto legal durante la pandemia de covid, calificó la directriz como “completamente ideológica y contraria a la evidencia científica”. La OMS considera que es una práctica segura.

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En respuesta a las preguntas del Times, el Ministerio dijo que las pautas reflejan que “el misoprostol está autorizado solo en establecimientos hospitalarios, que su uso fuera de este entorno no está permitido” por ley y que el uso del medicamento para el aborto a través de la telemedicina significaba que las mujeres no tendrían “acceso oportuno a servicios de salud que puedan manejar las posibles complicaciones clínicas o quirúrgicas derivadas del procedimiento”.

Derraik dice que ha visto una intensificación del escrutinio sobre el uso de misoprostol en los hospitales donde ofrece servicios de aborto a las mujeres que califican, así como un aumento simultáneo en la intensidad de la investigación sobre las mujeres que reportan abortos espontáneos.

Otras mujeres han caído en trampas policiales. En 2012, una socióloga de Río decidió que no podía continuar con su embarazo: ya estaba luchando por criar a un niño de doce años con necesidades especiales intensas. La mujer (que pidió ser identificada por su primera inicial, A, porque su familia no sabe de su aborto) acudió a su ginecólogo.

“Me dijo: ‘Este medicamento existe, Cytotec, pero no te lo puedo dar, tendrás que comprarlo en el mercado negro’”, explicó.

Encontró un sitio web, hizo una orden y pagó el salario de varios meses por el fármaco, pero el paquete nunca llegó: lo estaba rastreando en línea y vio que se detuvo cuando ingresó al país.

A través de un amigo de un amigo, consiguió el contacto de un traficante de drogas y compró un segundo lote, consumió el medicamento en casa y terminó el embarazo sin complicaciones; su único arrepentimiento es que tuvo que estar sola durante un proceso aterrador.

Un año después, le llegó una citación de la Policía. Ella pensó que se trataba de su auto, que le habían robado el año anterior. Pero cuando acudió a las oficinas policiales, un oficial le preguntó: “¿Sabes qué es el Cytotec?”.

Ella dijo que sí. Le preguntó si lo había comprado. Podía ver que él tenía la información de la compra con su tarjeta de crédito en un papel, así que admitió que sí.

Le preguntó si se había hecho el aborto. Ella le respondió: “Por supuesto que no, el medicamento nunca llegó”.

Resultó que la Policía estaba monitoreando el sitio web donde compró misoprostol, por lo que rastrearon el paquete y le dijeron que la acusarían de compra ilegal de una sustancia controlada. Después de varios años de audiencias, ingresó a un programa de sentencia alternativa y tuvo que hacer sesenta horas de servicio comunitario. Sin embargo, todavía tiene que informar de su paradero a la Policía y no puede salir de su estado.

Tampoco hay que olvidar que la dependencia de las mujeres del mercado negro para acceder a los abortos con medicamentos también significa que es posible que no sigan las mejores prácticas médicas. Cuando C, una maestra de 24 años de Recife, le compró misoprostol a un traficante de drogas el año pasado, buscó en Google para saber cómo tomarlo. “Como era ilegal, no había información sobre cómo ingerirlo o qué tomar”, dijo.

En su búsqueda encontró recomendaciones para insertar las tabletas en su vagina, como lo haría un médico si estuviera en una clínica, pero leyó que podrían quedar rastros y eso la delataría si tenía que ir a un hospital; en cambio, las disolvió debajo de la lengua, un método que también funciona, pero es menos rápido.

C, quien pidió ser identificada solo con la inicial de su segundo nombre por temor a ser procesada, sangró durante semanas y quería pedirle consejos a su madre, una ginecóloga. Pero su madre es una activista contra el aborto. Finalmente, C dijo que pensó que había tenido un aborto espontáneo y su madre la llevó a ver a un colega que le realizó una dilatación y legrado bajo anestesia.

“Cuando me hacían el legrado, tenía que decirme una y otra vez: ‘No digas nada, no puedes decir nada’, era una tortura”, dijo. “Aunque estaba totalmente segura de que quería un aborto y no tenía dudas, todavía sientes que has hecho algo mal porque no puedes hablar de eso”.

La restricción del misoprostol ha complicado la atención obstétrica habitual, que utiliza el fármaco para la inducción del parto, dijo Derraik. En la maternidad pública de Río donde es directora médica, un médico debe llenar una solicitud por triplicado del medicamento, hacer que lo firme Derraik, y llevarlo a la farmacia donde el supervisor también debe firmar antes de sacarlo de un gabinete cerrado con llave. Luego el médico debe administrar el fármaco con un testigo, para asegurarse de que no se desvíe para la venta en el mercado negro.

“Todos esos pasos no son obligatorios oficialmente”, dijo Derraik. “Pero los hospitales los implementaron debido a la intensa paranoia en torno a ese medicamento”.

Stephanie Nolen cubre la salud global. Ha escrito sobre salud pública, desarrollo económico y crisis humanitarias en más de 80 países de todo el mundo. @snolen • Facebook