El artículo 101 de la Carta Política, el mismo que taxativamente señala que los límites del país únicamente pueden ser modificados en virtud de tratados internacionales debidamente aprobados por el Congreso, se convirtió en la principal arma con la que Colombia asumirá su defensa frente al fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que le concedió a Nicaragua 75 mil kilómetros cuadrados de mar contiguos a San Andrés y Providencia.
La importancia de dicha estrategia fue explicada anoche en detalle por el presidente Juan Manuel Santos en una alocución televisada en la que anticipó que el Gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional, con el fin de que se reafirme la tesis de que los límites marítimos del país no pueden ser modificados automáticamente por dicho fallo.
“A mí me eligieron para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento al que no puedo ni voy a faltar”, manifestó Santos.
Asimismo, dijo, la Corte Constitucional ha dicho que estos tratados —es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia— deben ser siempre aprobados por el Congreso. “Por eso mi posición es clara y firme: el fallo de la Corte Internacional no es aplicable (...) y defenderé esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda”, enfatizó.
El segundo punto de la estrategia tiene que ver con la expedición de un decreto por medio del cual se establecen los derechos de jurisdicción y control que le reconoce a Colombia el derecho internacional sobre las áreas marítimas fundamentales: el mar territorial y la zona contigua. “Esas áreas no pueden ser desconocidas, ni vamos a permitir que esto ocurra (...), declaramos la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual unimos las zonas contiguas de todas nuestras islas y cayos en el mar Caribe Occidental. En esta zona vamos a seguir ejerciendo plena jurisdicción y control”, manifestó Santos. En este sentido, explicó que dicha área integral permite que el país siga administrando adecuadamente el archipiélago y sus aguas aledañas, “controlando la seguridad en la zona y protegiendo nuestros recursos y nuestro ambiente”.
“Vamos a ejercer jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración, sanitarias, entre otros aspectos. Esto implica que nuestro país puede estar tranquilo de que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con una presencia activa del Estado en todos sus territorios marítimos”, expresó el jefe de Estado en su declaración a los colombianos.
La tercera decisión sobre el diferendo apunta a la defensa de la Reserva Seaflower, una de las zonas protegidas más biodiversas del Caribe y lugar de algunos de los ecosistemas marinos más exóticos del planeta: “Vamos a acudir a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la Reserva, en la que nuestros pescadores han adelantado labores de pesca desde hace siglos. Somos conscientes del gran valor ecológico para el archipiélago y para el mundo de esta área, declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera”.
El presidente Santos recordó que Nicaragua buscó recientemente que la Unesco le reconociera mayores derechos sobre la Reserva Seaflower, pretensión que le fue negada. Un hecho que lleva a un cuarto frente de acción en la estrategia gubernamental que, según el jefe de Estado, busca frenar los deseos expansionistas de Nicaragua en el Caribe. “Sabemos que ese país piensa pedir a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del archipiélago de San Andrés, tal como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo. Esta pretensión buscaría privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena. Esto es completamente inaceptable y quiero que quede absolutamente claro: no lo vamos a permitir de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia”, advirtió.
En dicha tarea, dijo, Colombia contaría con el respaldo de Panamá, Costa Rica y Jamaica —países que para el mandatario también están siendo afectados por las ambiciones expansionistas de Nicaragua— con los que se suscribirá una carta de protesta que será entregada en el transcurso del presente mes al secretario general de las Naciones Unidas, durante la Asamblea General del organismo a desarrollarse en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General. “Pueden estar seguros de que, como presidente y como colombiano, seguiré protegiendo nuestros derechos. Seguiré protegiendo nuestra soberanía, nuestras islas y nuestros mares —y hasta el último centímetro del territorio nacional— sin desmayar un solo minuto, concluyó.
Por Redacción Internacional
