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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, "podría" no asistir a la VII Cumbre de las Américas, que se celebrará del 10 al 11 de abril en Panamá, debido a recientes actos de Estados Unidos contra Latinoamérica, informó este miércoles la Cancillería en un comunicado.
"Hasta el momento, está confirmada la asistencia del presidente", señaló el texto, citando declaraciones del canciller Ricardo Patiño a periodistas. "Sin embargo, (el jefe de la diplomacia ecuatoriana) señaló que después de las últimas actuaciones de Estados Unidos frente a las relaciones con América Latina, podría haber algún cambio de agenda", agregó.
Patiño hizo ese anuncio al tildar de "irrespeto" hacia los países latinoamericanos el pedido que realizó el gobierno estadounidense al Congreso de aprobar 1.990 millones de dólares en ayuda para América Latina para 2016.
Parte del presupuesto será dirigido a programas de promoción de la libertad de prensa y los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, según informó el martes la subsecretaria de Estado norteamericana, Roberta Jacobson.
"Si alguien necesita una lección sobre derechos humanos en el mundo es Estados Unidos", manifestó el canciller. Añadió que "respetar los derechos humanos significa no tener estas propuestas descabelladas, como decir que necesitan recursos para enseñarnos cómo manejar nuestra democracia, libertad de expresión y derechos humanos".
Patiño declaró que Washington debe "dejar de cometer estos errores y deliberadamente debilitar las relaciones con los países de América Latina".
Dijo que para tener una cumbre de las Américas "amigable" hace falta que Estados Unidos "no siga haciendo planteamientos absurdos y ridículos, totalmente contrarios a la realidad".
El ministro enfatizó que a su país "Estados Unidos no tiene absolutamente nada que enseñarle sobre democracia, derechos humanos y libertad de expresión. Nosotros sí tendríamos que enseñarles a ellos".
Ecuador también es un duro crítico de las recientes sanciones que Estados Unidos impuso a siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro amparado en un decreto presidencial, en el que califica la situación de Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual" a su seguridad.
Por AFP
