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Se cumplen dos años del 11J en Cuba. Durante el verano del 2021, la isla vivió una fuerte ola de manifestaciones antigubernamentales, bajo los lemas de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”, en medio de una fuerte crisis económica y de un largo confinamiento por la pandemia del coronavirus. En respuesta, el régimen emprendió la represión en contra de las voces disidentes y condenó a más de 500 personas, algunas con hasta 25 años de prisión. Según la ONG Justicia 11J, entre los más de 1.500 detenidos por esas marchas, casi 700 siguen en prisión. Por los dos años que se cumplen de estos sucesos, varias organizaciones firmaron una carta en la que le piden a la Unión Europea y a la CELAC “exigirle a las autoridades del país garantizar el derecho a la protesta y liberar a las personas privadas de libertad por exigir sus derechos”.
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Los firmantes, entre los que están Civil Rights Defenders, Jusitica 11J, Democuba: Instituto Democrático para el Desarrollo en Cuba y Red de Líderes y Lideresas de Cuba, entre otros más, definen lo que sucedió el 11 de julio de 2021 como “un grito de libertad en medio de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el país, sumado a la grave crisis sanitaria y económica. La respuesta de las autoridades, durante y después de las manifestaciones, ha sido reprimir a quienes se manifiestan mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de internet, exilio forzado, criminalización, vigilancia física y digital, amenazas, imposición de multas, juicios sumarios y ordinarios sin garantías al debido proceso, etc.”.
Afirman que las prácticas represivas continúan. Por ejemplo, desde 2022, el Gobierno ha aprobado leyes, como el nuevo Código Penal o la Ley de Comunicación Social, “que buscan cerrar aún más el espacio cívico en Cuba y criminalizar a quienes expresan su disconformidad”. Por ello, en un llamado a los Estados miembros de la Unión Europea y de la CELAC, las entidades piden que se ponga en la agenda las violaciones de derechos humanos en la isla, que les exijan a las autoridades cubanas cumplir con las obligaciones de derecho internacional relativas a la observancia y respeto de los derechos humanos, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, le solicitan a los Estados que exijan la pronta liberación de las personas que se encuentran privadas de la libertad de manera arbitraria, con garantías de que no serán exiliados en contra de su voluntad.
Este martes, el Gobierno cubano acusó nuevamente a Estados Unidos de haber orquestado las marchas para derrocarlo. “Desde allá se orientó e incitó a que en Cuba se cometieran actos de violencia y provocaciones contra las autoridades. Se montó una campaña para generar durante semanas la imagen de un país en crisis social”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío. De su lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, urgió en un comunicado a “la comunidad internacional a unirse a nuestra demanda al Gobierno cubano para que libere a cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros injustamente encarcelados”.
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