El alto funcionario destacó que entre ellas había más de 10 mil rifles de asalto lo que, en su opinión, da idea de la magnitud de los decomisos realizados durante el mandato del presidente Felipe Calderón, en el poder desde el 1 de diciembre de 2006.
Al inaugurar el VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales del país en la ciudad norteña de Chihuahua, Medina Mora dijo que “la sociedad y el Estado Mexicano enfrentan una situación crítica por el embate de organizaciones criminales, el lastre que representan la impunidad y la corrupción”.
El jueves, gobernadores de todo el país, el presidente Calderón y representantes de otros poderes suscribieron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que incluye 75 compromisos para combatir la delincuencia organizada.
Según Medina Mora, el pacto representa “un nuevo instrumento que abre posibilidades para llevar a México el estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población”.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que las acciones del Ejecutivo se han basado en “atacar directamente los mecanismos de operación de las bandas criminales, como el trasiego de drogas, el financiamiento, la adquisición de armamento, su capacidad de intimidación y control de autoridades”.
Celebró que ello haya permitido incautar en casi veintiún meses 61 toneladas de cocaína, casi 3.000 de marihuana, y más de 42 toneladas de precursores químicos para fabricar metanfetaminas.
También fueron confiscados 9.377 vehículos terrestres, 283 aeronaves, 277 millones de dólares en efectivo y 103 millones de pesos mexicanos (10 millones de dólares), mientras que se extraditó a 163 delincuentes, “entre ellos 41 notorios narcotraficantes”.
Medina Mora confió en que el acuerdo alcanzado el jueves “con metas específicas y tiempos precisos para su cumplimiento”, permita avanzar en el combate a la inseguridad.
El alto funcionario reclamó que se construya una “mejor ciudadanía”, además de un “Estado más eficiente” y un sistema de justicia más acorde con un Estado democrático de derecho.