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Desde el exilio, la socióloga y feminista nicaragüense María Teresa Blandón dice que en los últimos 16 años, el clima de polarización ha empeorado las cosas en Nicaragua.
“El discurso oficial del régimen Ortega-Murillo intenta dividir a la sociedad nicaragüense, y para ello ocupa distintos ejes discursivos. Uno de ellos tiene que ver con un discurso de descrédito, de acusaciones sin fundamentos dirigidos a todas las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, a las organizaciones feministas”, le comentó Blandón a este diario.
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Ella salió de Nicaragua en julio de este año hacia Chile para una reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y nunca más pudo regresar a su país. “Nos han acusado de querer dividir a la familia, de querer imponer una cultura exógena o de querer acusar a todos los hombres de violencia. También nos han señalado de querer debilitar lo que ellos llaman la segunda etapa de la revolución”, agregó Blandón, que es vocera de la Articulación Feminista de Nicaragua, plataforma en la cual difunde la violación de los derechos humanos en ese país.
En diálogo con El Espectador, Blandón habló sobre la situación de las mujeres bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Durante años, ellos lograron el control de las universidades, de los gobiernos municipales, y de todos los poderes del Estado, pero no lograron silenciar a los organismos de sociedad civil, incluyendo al movimiento feminista, que ha sido uno de los más beligerantes en su denuncia por la violación de derechos humanos”, comentó la socióloga.
Usted ya ha hablado de la división sexual del trabajo en Nicaragua, así como de la maternidad voluntaria, que es un asunto imposible en su país. ¿Ha empeorado el panorama para las mujeres?
La situación de los derechos de las mujeres está en un momento de franco retroceso. La inmensa mayoría de ellas no tienen un empleo fijo, trabajan en el sector informal de la economía, y no tienen acceso a la seguridad social. Sin decir que hay un problema gravísimo con la violencia machista: cada año en Nicaragua entre 1.500 y 1.700 niñas, entre los 10 y 14 años, salen embarazadas y son obligadas a parir, porque en mi país desde el año 2007, momento en el que Ortega regresó al gobierno, el aborto está absolutamente penalizado.
Este régimen aprobó una ley para crear un fondo hace ya diez años, pero les mintió a las mujeres, no les cumplió. Las indígenas y las mujeres rurales, así como las que están en zonas urbanas, tienen altísimos niveles de pobreza, de discriminación, y no existen políticas para propiciar cuidados. De hecho, eso es una cosa que les está tocando a las mujeres exclusivamente; ellas son las que se están haciendo cargo del cuidado de los hogares, de las criaturas, de las personas con discapacidad. Son las que cuidan, y el Estado no tiene una sola política pública para reducir esa enorme carga del trabajo de cuidados.
¿Qué pasa con la educación sexual?
Se han negado rotundamente a llevar la educación sexual a la enseñanza pública. La situación nunca ha sido buena, pero en los últimos 15 años se ha deteriorado aceleradamente. De hecho, la migración, que se ha incrementado exponencialmente durante los últimos cinco años, aunque ya venía siendo severa, está llena de mujeres jóvenes, que ya son madres. Ellas tienen al menos un hijo antes de los 20 años, y la única opción que tienen es migrar para poder mantener a sus criaturas y a su familia.
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Tampoco hay campañas del Estado para promover el uso del condón ni para prevenir las infecciones de transmisión sexual, de tal manera que las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando en ese ámbito y que ahora fueron cerradas por el Estado, hacen una enorme falta frente a esas falencias.
¿Se puede acceder a métodos anticonceptivos en el país?
El régimen de salud de Nicaragua tiene tres dimensiones. Una es la salud pública, de muy mala calidad, muy fragmentada, con poca presencia en las zonas rurales y en la costa caribe, que es donde se concentra la población indígena y afrodescendiente. Tiene otra parte que es del Seguro Social, pero en Nicaragua menos de un millón de nicaragüenses están cubiertos por la Seguridad Social, con una población económicamente activa que es de más de 4 millones de nicaragüenses, de tal manera que es una inmensa minoría la que está en el seguro. Y luego la salud privada que ha sido poco regulada y que efectivamente no está al acceso de la gran mayoría que tiene pocos ingresos.
¿Cómo hacen las mujeres para tener acceso a los métodos anticonceptivos? Tienen que ir al sistema público, y los métodos, en general, no son de última generación, y algunos de ellos son de mala calidad y generan problemas. Las jóvenes, muchas de ellas, no como no tienen información sexual adecuada, y a veces hacen un mal uso de los métodos anticonceptivo, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Y luego hay un montón de adolescentes que salen embarazadas sin quererlo, pero que se ven obligadas a hacerlo y a convertirse en madres porque no tienen alternativa.
¿Hay cifras sobre muertes por abortos clandestinos?
Claro que hay mujeres que han muerto por abortos realizados en condiciones inseguras y claro que hay mujeres que han recurrido a métodos inseguros porque no conocen, por ejemplo, el uso del Misoprostol, o porque tienen miedo, o porque la penalización social tiene peso.
El tema es que el régimen ha ocultado la cifra oficial y no solo los datos oficiales de mortalidad materna y de las muertes por aborto, sino incluso temas tan básicos como las muertes que ocurre en los hospitales por negligencia médica.
Entonces, nos enteramos de ciertos casos de mortalidad materna, porque algunos medios de comunicación eventualmente lo informan, pero en general hay una política de ocultamiento de la información pública. Usted se mete a la página web del Ministerio de Salud y en realidad no va a encontrar datos sobre mortalidad materna; o son cifras muy viejas o son datos falsos.
¿Hay forma de comprar Misoprostol en Nicaragua?
Por el lado de las instituciones de salud pública, no hay ninguna posibilidad de conseguir Misoprostol. De hecho, en los hospitales públicos hay un sistema de vigilancia muy férreo y no se le ofrece a ninguna mujer, aunque tenga un embarazo ectópico, o un embarazo de alto riesgo. Esto es una barbaridad lo que está pasando en Nicaragua.
Para que una mujer acceda al Misoprostol, tiene que buscar un comercio clandestino o, si tiene suerte, encontrarlo en alguna farmacia, aunque cada vez es más difícil porque hay un ambiente fomentado por grupos muy conservadores de, incluso, decirle a los farmacéuticos que no distribuyan el Misoprostol.
Entonces las que tienen que recurrir a estas redes de distribución privada, pues van a tener que pagar un alto costo. Si no tienen ese dinero para pagar el medicamento, pues entonces van a recurrir a métodos más inseguros.
¿Y qué está pasando con la violencia contra las mujeres?
No es por casualidad, es una consecuencia lógica de la impunidad y de la falta de políticas de prevención. En Nicaragua, en los últimos 16 años han aumentado todas las cifras de violencia contra las mujeres y las niñas. Es una tragedia, y no exagero cuando digo que se ha naturalizado el abuso sexual contra niñas y adolescentes. Las casas maternas, que maneja el Ministerio de Salud, están repletas de niñas embarazadas; estamos hablando de niñas de 11, 12, 13, 14 años de edad que llegan a esas casas maternas para que el personal de salud las pueda llevar al hospital a parir. No hay una sola investigación para saber cómo quedaron embarazadas, quiénes son los responsables. Esto afecta de manera particular a las niñas rurales y a las niñas indígenas.
También hay que decir que ha crecido de manera sostenida la violencia física y psicológica en el marco de las relaciones de pareja, y la policía, por órdenes directas de la señora vicepresidenta, ha orientado a que esos casos de violencia que ocurren en el marco de las relaciones de pareja sean llevadas a la mediación. Las mujeres ya no quieren ir a la policía porque son revictimizadas, porque los policías las mandan a negociar con sus agresores.
Y luego también ha crecido el número de femicidios. En algunos casos, los feminicidas que ya estaban presos por otros delitos, fueron beneficiados por el régimen de Ortega con una medida sustitutiva que le llaman casa por cárcel o convivencia familiar. Hemos reportado por lo menos, siete casos de feminicidas que fueron beneficiados por el régimen, pero también dentro de todos los beneficiados, que son más de 25.000 en los últimos seis años, se incluye a abusadores sexuales y a hombres que fueron apresados por ejercer violencia física, psicológica y sexual contra mujeres y niñas.
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