En Perú buscan plan para ubicar a 15.000 desaparecidos
Los miles de desaparecidos se deben al conflicto armado.
AFP
La Iglesia católica, junto a sus pares evangélicos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reclamaron este viernes al gobierno de Perú un plan para esclarecer la situación de decenas de miles de desaparecidos por el conflicto armado contra las guerrillas entre 1980 y 2000.
Las instituciones pidieron que se ponga en marcha un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se estima llegan a 15.000 durante las dos décadas de conflicto.
Es la primera vez que la iglesia católica adopta una posición institucional a favor de investigar el tema de los desaparecidos, un cambio notorio que coincide con la llegada a Roma del Papa Francisco, el jesuita Jorge Bergoglio.
La exigencia fue planteada en conjunto por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arzobispo Salvador Piñeiro; por Enrique Alva, presidente del Concilio Evangélico de Perú; y por Rafael Barrantes, responsable del Programa de Desaparecidos del CICR.
"Pido a las autoridades y a las instituciones que no olvidemos el dolor de nuestros hermanos, que haya signos de solidaridad para ubicar los restos de las personas desaparecidas que están en fosas", dijo en rueda de prensa Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, la región donde la guerrilla maoísta Sendero Luminoso inició sus acciones armadas en mayo de 1980.
El cardenal peruano Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, quien en la década de la guerra contra las guerrillas fue arzobispo en Ayacucho y se le acusó de mirar de costado los excesos de los militares, no asistió a la rueda de prensa.
Alva, del Concilio Evangélico, anotó que la desaparición de las 15.000 personas ha dado lugar al sufrimiento de muchas más personas por lo que "las iglesias no pueden estar al margen; nadie puede ser indolente ante ese dolor".
Ambos religiosos participaron hace una semana en la entrega a familiares de 23 restos de desaparecidos, que fueron exhumados de fosas comunes ubicadas en comunidades andinas de Ayacucho, donde los campesinos se vieron expuestos al fuego cruzado entre guerrilleros y militares.
"Hace falta una política de Estado, una institución que se haga cargo de organizar la búsqueda en general; la desaparición ha afectado duramente a los familiares a nivel emocional con afecciones psiquiátricas, de ansiedad y depresión mucho mayores a quienes no han tenido una pérdida similar", subrayó Barrantes.
"No hay una búsqueda real y necesitamos agilizar las acciones de manera real y efectiva", dijo Dafne Martos, portavoz del CICR. El CICR apoya a la fiscalía peruana desde hace más de una década en el tema de desapariciones.
Informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y del Instituto de Medicina Legal señalan que existen en Perú 15.741 desaparecidos en más de 4.000 fosas comunes, muchas de ellas en Ayacucho, donde en algunos lugares hay un sitio de entierro cada tres kilómetros cuadrados.
El conflicto interno iniciado en 1980 por Sendero Luminoso dejó un balance, al cabo de dos décadas, de 69.000 muertos y desaparecidos, según la CVR.
La mayoría de las víctimas fueron responsabilidad de la guerrilla maoísta, pero las fuerzas armadas también incurrieron en violaciones a los derechos humanos.
Adelina García, presidenta de la Asociación de Personas Detenidas, Secuestradas y Desaparecidas, dijo que durante 30 años han desarrollado una búsqueda incansable de sus familiares que perdieron la vida en el conflicto.
"Yo perdí a mi esposo en 1983 y durante dos o tres años tenía la esperanza de encontrarlo vivo, pero ahora busco incansablemente sus restos para darles sepultura", dijo. El arzobispo Piñeiro, quien fue obispo castrense en 2001, subrayó que actualmente hay esfuerzos de la fiscalía en las labores de búsqueda de las entierros clandestinos, pero que falta un mayor número de fiscales y la asignación de mayor presupuesto.
"El proceso se hace lento, muy engorroso, no hay una política definida en la búsqueda y en las actuales condiciones encontrar a los desaparecidos demoraría 50 años", sostuvo al demandar un esfuerzo mayor de las instituciones del Estado y de la sociedad en general "para curar las heridas de la violencia y sembrar una cultura de paz".
Barrantes, del CICR, detalló que anualmente se logran recuperar alrededor de 500 restos, debido a que se cuenta con más fiscales y forenses. "Pero aun así no son suficientes y los retos son más grandes que los avances", precisó.
La Iglesia católica, junto a sus pares evangélicos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reclamaron este viernes al gobierno de Perú un plan para esclarecer la situación de decenas de miles de desaparecidos por el conflicto armado contra las guerrillas entre 1980 y 2000.
Las instituciones pidieron que se ponga en marcha un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se estima llegan a 15.000 durante las dos décadas de conflicto.
Es la primera vez que la iglesia católica adopta una posición institucional a favor de investigar el tema de los desaparecidos, un cambio notorio que coincide con la llegada a Roma del Papa Francisco, el jesuita Jorge Bergoglio.
La exigencia fue planteada en conjunto por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arzobispo Salvador Piñeiro; por Enrique Alva, presidente del Concilio Evangélico de Perú; y por Rafael Barrantes, responsable del Programa de Desaparecidos del CICR.
"Pido a las autoridades y a las instituciones que no olvidemos el dolor de nuestros hermanos, que haya signos de solidaridad para ubicar los restos de las personas desaparecidas que están en fosas", dijo en rueda de prensa Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, la región donde la guerrilla maoísta Sendero Luminoso inició sus acciones armadas en mayo de 1980.
El cardenal peruano Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, quien en la década de la guerra contra las guerrillas fue arzobispo en Ayacucho y se le acusó de mirar de costado los excesos de los militares, no asistió a la rueda de prensa.
Alva, del Concilio Evangélico, anotó que la desaparición de las 15.000 personas ha dado lugar al sufrimiento de muchas más personas por lo que "las iglesias no pueden estar al margen; nadie puede ser indolente ante ese dolor".
Ambos religiosos participaron hace una semana en la entrega a familiares de 23 restos de desaparecidos, que fueron exhumados de fosas comunes ubicadas en comunidades andinas de Ayacucho, donde los campesinos se vieron expuestos al fuego cruzado entre guerrilleros y militares.
"Hace falta una política de Estado, una institución que se haga cargo de organizar la búsqueda en general; la desaparición ha afectado duramente a los familiares a nivel emocional con afecciones psiquiátricas, de ansiedad y depresión mucho mayores a quienes no han tenido una pérdida similar", subrayó Barrantes.
"No hay una búsqueda real y necesitamos agilizar las acciones de manera real y efectiva", dijo Dafne Martos, portavoz del CICR. El CICR apoya a la fiscalía peruana desde hace más de una década en el tema de desapariciones.
Informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y del Instituto de Medicina Legal señalan que existen en Perú 15.741 desaparecidos en más de 4.000 fosas comunes, muchas de ellas en Ayacucho, donde en algunos lugares hay un sitio de entierro cada tres kilómetros cuadrados.
El conflicto interno iniciado en 1980 por Sendero Luminoso dejó un balance, al cabo de dos décadas, de 69.000 muertos y desaparecidos, según la CVR.
La mayoría de las víctimas fueron responsabilidad de la guerrilla maoísta, pero las fuerzas armadas también incurrieron en violaciones a los derechos humanos.
Adelina García, presidenta de la Asociación de Personas Detenidas, Secuestradas y Desaparecidas, dijo que durante 30 años han desarrollado una búsqueda incansable de sus familiares que perdieron la vida en el conflicto.
"Yo perdí a mi esposo en 1983 y durante dos o tres años tenía la esperanza de encontrarlo vivo, pero ahora busco incansablemente sus restos para darles sepultura", dijo. El arzobispo Piñeiro, quien fue obispo castrense en 2001, subrayó que actualmente hay esfuerzos de la fiscalía en las labores de búsqueda de las entierros clandestinos, pero que falta un mayor número de fiscales y la asignación de mayor presupuesto.
"El proceso se hace lento, muy engorroso, no hay una política definida en la búsqueda y en las actuales condiciones encontrar a los desaparecidos demoraría 50 años", sostuvo al demandar un esfuerzo mayor de las instituciones del Estado y de la sociedad en general "para curar las heridas de la violencia y sembrar una cultura de paz".
Barrantes, del CICR, detalló que anualmente se logran recuperar alrededor de 500 restos, debido a que se cuenta con más fiscales y forenses. "Pero aun así no son suficientes y los retos son más grandes que los avances", precisó.