En su intento por acelerar las deportaciones bajo el amparo del Alien Enemies Act (Leyes de Extranjería y Sedición, en español), una ley de tiempos de guerra que permite expulsar a personas señaladas como “terroristas” o “pandilleros”, el gobierno de Donald Trump ha cometido una serie de errores que han derivado en violaciones al debido proceso y demandas judiciales en curso.
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Muchos migrantes, especialmente venezolanos, han alegado haber sido identificados erróneamente como miembros de pandillas violentas.
Algunos casos ya documentados en tribunales exponen errores humanos, el uso indebido de software y el incumplimiento de acuerdos legales por parte del gobierno federal que ponen bajo escrutinio la campaña de Trump contra la población migrante.
Legalmente, estos casos han alimentado demandas colectivas que buscan frenar la política de “tercer país seguro” y exigen mayor control y transparencia en los procesos de deportación. Aunque los tribunales han ordenado en algunos casos el retorno de los afectados, el gobierno ha mostrado resistencia y demoras, agravando la situación.
Políticamente, estos errores generan críticas y presionan al gobierno a revisar sus políticas migratorias y sistemas de control.
A continuación, en qué van los tres casos claves que alimentan las denuncias contra esta política migratoria y qué viene para estos.
El caso de Kilmar Abrego García
Nacionalidad: El Salvador.
Acusación oficial: Supuestos vínculos con pandillas.
Error legal: Fue deportado en violación directa de una orden judicial que reconocía su riesgo de ser blanco de violencia por parte de una pandilla local.
Relevancia: Este es un ejemplo de cómo el gobierno ha priorizado la deportación “a toda marcha, incluso sacrificando el debido proceso”, según el medio Politico.
Kilmar Ábrego García, un trabajador de la construcción que vivía en Maryland, fue deportado pese a una orden judicial que impedía su expulsión inmediata. El gobierno lo acusó de tener vínculos con pandillas, pero la corte había determinado que existía un alto riesgo de que fuera asesinado si regresaba a su país. Aun así, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) procedió con su deportación.
El gobierno de Trump lo envió directamente a CECOT, la prisión de máxima seguridad donde están recluidos los acusados de terrorismo en El Salvador. La decisión, que violó una orden judicial, desató un litigio que hoy se ha convertido en uno de los casos más tensos para la administración.
¿En qué va el caso de Abrego Gacía?
La jueza federal Paula Xinis consideró “inadecuada” la explicación que dio el gobierno para invocar el privilegio de secretos de Estado y así evitar revelar si está haciendo algo para traer de vuelta a Ábrego. La jueza pidió hacer pública la declaración con la que el secretario de Estado, Marco Rubio, se negó a ofrecer detalles.
Según el gobierno, compartir esa información, incluso en privado con la jueza, pondría en riesgo la seguridad nacional, al exponer negociaciones diplomáticas confidenciales. Pero Xinis respondió con escepticismo señalando que “esto es básicamente un ‘toma mi palabra por hecho’”.
Jonathan Guynn, abogado del Departamento de Justicia, defendió la postura oficial diciendo que sí se entregaron datos significativos, aunque sin acceso verificable para la corte. Pero Xinis insistió: “no hay forma de evaluar si el gobierno está cumpliendo su orden sin una mínima revisión independiente”.
¿Por qué importa?
Este caso pone en juego el equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial. El gobierno de Trump intenta usar el privilegio de secretos de Estado, una herramienta legal reservada usualmente para casos militares o de inteligencia, para evitar dar explicaciones en una deportación errónea.
Para los abogados de Ábrego, eso sería un precedente peligroso, pues “el gobierno está demorando por el simple hecho de demorar, a expensas de alguien que fue deportado erróneamente”.
¿Qué puede pasar?
La jueza podría ordenar que se revele el contenido de la declaración de Marco Rubio y exigir evidencia concreta de si se están haciendo esfuerzos para repatriar a Ábrego García. Si el gobierno no coopera, el caso podría escalar a una disputa constitucional más amplia sobre los límites del secreto de Estado y el respeto a las decisiones judiciales.
El caso de Daniel Lozano-Camargo
Nacionalidad: Venezolana.
Error legal: Deportado en marzo a El Salvador antes de que se resolviera su solicitud de asilo, lo cual violó un acuerdo legal firmado por la administración.
Implicaciones: Refuerza la narrativa de deportaciones apresuradas, con procesos legales ignorados o minimizados.
Daniel Lozano-Camargo, un joven venezolano de 20 años, fue deportado por error a El Salvador en marzo de 2025, en violación directa de un acuerdo legal vigente, según reportó Univisión. Fue el segundo caso en resonar en los medios de comunicación.
La deportación de Lozano-Camargo violó un acuerdo judicial alcanzado en noviembre de 2024 que prohibía la remoción de personas que hubieran ingresado como menores no acompañados mientras sus solicitudes de asilo estuvieran pendientes.
Lozano-Camargo había llegado a Estados Unidos en 2022, con 17 años, tras salir de Maracaibo, Venezuela, y pasar un tiempo en Colombia con un tío.
Una vez en EE. UU., el joven fue enviado a un centro para menores inmigrantes y más adelante se asentó en Houston, donde incluso emprendió un pequeño negocio de lavado de autos, promocionado por Facebook.
¿En qué va el caso?
En un fallo reciente, la jueza federal Stephanie Gallagher concluyó que el gobierno violó los términos del acuerdo legal, y por eso ordenó que Lozano-Camargo fuera regresado a Estados Unidos.
¿Por qué este caso importa?
Porque expone la fragilidad de los acuerdos judiciales bajo la administración Trump y las consecuencias humanas de decisiones ejecutivas aceleradas.
También refleja un patrón en este punto. Su expulsión se dio apenas días antes o después de la de Ábrego García, también deportado erróneamente a El Salvador. Ambos fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT.
¿Qué puede pasar?
Si la jueza logra forzar el retorno de Lozano-Camargo, podría ser un precedente legal clave para otros casos similares.
El caso de O.C.G.
Identidad protegida: El demandante aparece con las iniciales “O.C.G.”. Huyó de Guatemala en abril de 2024 por persecución y, según su demanda, fue violado en México por ser gay. Es el caso más reciente en esta ola de acusaciones contra el gobierno Trump.
Error oficial: ICE alegó que O.C.G. no tenía miedo de volver a México, por lo que no había razón para solicitar asilo, pero ahora la agencia admite no tener prueba alguna de que él haya dicho eso.
Causa del error: El gobierno culpa a un sistema informático de ICE llamado ENFORCE Alien Removal Module (EARM) que permitió insertar un comentario sin que hubiera constancia de que un oficial hiciera la pregunta correspondiente a O.C.G.
O.C.G., un joven guatemalteco, fue deportado por error a México por el gobierno de Donald Trump, a pesar de contar con protección judicial que impedía su expulsión. Fue identificado únicamente por sus iniciales en una demanda colectiva que se adelanta en una corte de Massachusetts contra la política de “tercer país seguro”.
El gobierno admitió su error, lo que convierte a este caso en el tercer fallo reconocido. Según documentos judiciales y reportes de NBC News, su deportación se basó en un comentario no verificado dejado por un agente anónimo en la base de datos interna de ICE. Ese comentario sugería que O.C.G. no tenía miedo de ser enviado a México, pero luego el propio gobierno reconoció que nunca se le hizo esa pregunta.
¿Por qué importa?
O.C.G. huyó de Guatemala tras sufrir persecución y tortura. En su travesía por México fue violado y secuestrado en Iztapalapa, y liberado solo después de que su hermana pagó un rescate. Una vez en EE. UU., solicitó asilo, y un juez determinó que no debía ser deportado ni a México ni a Guatemala por su orientación sexual y por el riesgo de represalias. Aun así, fue detenido, no se le permitió contactar a su abogado y fue puesto en un bus con destino a México.
Ante el temor de volver a ser encarcelado sin garantías, optó por ser retornado a Guatemala, a pesar del peligro que corre en su país.
¿En qué va el caso?
Según reportó NBC News, el juez federal Brian Murphy no ordenó de inmediato el retorno de O.C.G. a Estados Unidos, pero sí solicitó una investigación urgente para determinar si se había violado la ley. El resultado fue claro: la deportación había sido un error.
Este hallazgo ha tenido un impacto importante en los tribunales, porque refuerza la acusación de que el gobierno de Trump no estaba cumpliendo con órdenes judiciales ni acuerdos legales al aplicar su política de “tercer país seguro”, la cual permitía enviar migrantes a México o El Salvador sin revisar adecuadamente sus casos de asilo.
Un fallo favorable para la defensa del guatemalteco podría lograr que O.C.G. vuelva a EE. UU. para continuar su proceso de asilo.
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