¿Es Colombia un líder climático?

Hace unas semanas, John Kerry, Enviado Especial del Presidente Biden para el Cambio Climático, mantuvo una llamada con el Presidente Duque, para tratar de la crisis climática. Este evento refleja dos desarrollos relevantes y propone una pregunta.

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En primer lugar, tras los años de negacionismo climático de la administración Trump, el Presidente Biden se reincorporó rápidamente al Acuerdo de París, colocó la crisis climática en el centro de su agenda política y parece dispuesto a convertir el tema en prioritario para sus relaciones con Latinoamericana.

En segundo lugar, Colombia recibió de parte de Kerry el calificativo de líder en acción climática, cimentado en la ambiciosa revisión de su meta de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. En efecto, Colombia anunció en noviembre de 2020 que pretende reducir sus emisiones en un 51% en comparación con las emisiones previstas para 2030 y reducir las emisiones de carbono negro u hollín en un 40% en comparación con 2014. El nuevo objetivo es coherente con el Acuerdo de París y sitúa a Colombia en una senda más prometedora para lograr cero emisiones netas en 2050.

En un mundo de temperaturas en aumento, donde los fenómenos climáticos extremos se aceleran y los compromisos insuficientes para frenar las emisiones abundan, la tentación de etiquetar a algunos países como líderes climáticos es frecuente. Sin embargo, ¿basta con anunciar nuevos objetivos para ser considerado un líder? ¿Es Colombia un líder climático?

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La respuesta es que Colombia podría serlo, pero el camino es arduo y no hay garantías. Aunque el nuevo objetivo está respaldado por el Presidente Duque y sigue a algunos avances en la agenda climática doméstica e internacional del país, la situación económica y política más amplia muestra lo difícil que será alcanzar estos ambiciosos objetivos sin un enfoque más holístico de parte del gobierno y la participación activa del sector privado y la sociedad civil.

Por un lado, aunque la meta de 51% es un avance destacado y en el proceso han participado múltiples actores, el gobierno aún debe aclarar cómo se implementará. En este camino, el sector clave será la agricultura, los bosques y otros usos del suelo, que representan cerca del 60% de las emisiones del país. El control de la deforestación es crucial, y aunque los nuevos objetivos incluyen la meta de llegar a deforestación cero neta para 2030, las perspectivas son complicadas. Durante los tres primeros meses de 2020, la tasa aumentó 58% en comparación con el mismo periodo de 2019, superando las 75.000 hectáreas.

Más aún, la grave situación de seguridad y el asesinato de cientos de líderes sociales ponen de manifiesto los problemas de gobernanza y la limitada capacidad del Estado en vastas zonas en las que abunda la actividad delictiva. Una mejora substancial en este área es determinante para que el país cumpla sus compromisos de París y otros objetivos de seguridad y desarrollo sostenible. Por ejemplo, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de medio ambiente, sostiene que la Fiscalía debería intensificar el arresto y procesamiento de las personas que llevan a cabo y financian la deforestación.

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El sector energético es el segundo ámbito destacado donde la energía eólica y la solar representan actualmente sólo el 0,2% de la capacidad total en Colombia. Y aunque se espera un fuerte crecimiento en los próximos años y la energía hidroeléctrica sigue proporcionando la mayor parte de la electricidad, alrededor del 30% de la capacidad total instalada para la generación de electricidad sigue procediendo de los combustibles fósiles.

Además de la tradicional importancia del sector energético y minero para la economía colombiana, el gobierno parece estar dispuesto a impulsar el fracking para revertir la disminución de la producción de petróleo y gas e impulsar la recuperación económica pos-pandemia. Sin embargo, esto socavaría los esfuerzos por reducir las emisiones, al tiempo que colocaría a al país a contramano de las tendencias mundiales, que transitan hacia las energías limpias. Colombia podría tener dificultades para encontrar mercados para su exportaciones contaminantes a medida que sus principales socios comerciales y de inversión adoptan la descarbonización. La falta de mercados subiré el riesgo que los activos de combustibles fósiles se retiren anticipadamente o se queden varados temprano que llevaría grandes costos.

Por otro lado, de cara a la recuperación de la pandemia, Colombia ha dado señales limitadas de que su paquete de estímulo económico es consistente con sus objetivos climáticos. Si bien el “Nuevo Compromiso con el Futuro de Colombia” pretende acelerar la plantación de 180 millones de árboles e impulsar los proyectos de energías renovables, el paquete en su conjunto no es ecológico, ya que múltiples proyectos, como la construcción de carreteras y el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles, probablemente redundarán en un aumento de las emisiones.

Finalmente, el cambio climático también compite con otras preocupaciones. En las encuestas públicas, las cuestiones cambio climático no suelen ocupar un lugar destacado. La agenda del Congreso Nacional y de los principales candidatos para las elecciones en 2022 también muestra un interés limitado. Este es también un desafío central, ya que para lograr un objetivo de tamaña ambición, será fundamental el apoyo de las élites políticas en particular.

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Durante este año decisivo para el clima y la biodiversidad, el objetivo del 51% es un paso crucial, pero debe integrarse más estrechamente en los procesos de recuperación económica y construcción de paz. Para ayudar, la actualización de la ley climática existente para incluir los objetivos para 2030 y el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050 antes de las elecciones de 2022 podría ayudar a establecer el cambio climático como un tema bipartidista, que los gobiernos futuros deberían respetar. La publicación de la estrategia climática a largo plazo de Colombia para alcanzar emisiones netas cero para 2050 este año también puede estimular un debate sobre cómo evitar quedar atrapado en una vía de desarrollo intensivo en carbono y gestionar una transición justa para los afectados.

Los vecinos de Colombia sirven como advertencia sobre el riesgo de etiquetar prematuramente a países como líderes climáticos: Brasil y México fueron los líderes de la región una década atrás, y hoy el primero está liderado por un negacionista del clima que tutela crecientes niveles de destrucción de la selva Amazónica. Mientras que en México, el gobierno federal favorecen fuertemente los combustibles fósiles. Así, debemos ser cautos a la hora de calificar a los países de líderes climáticos sino median resultados claros en términos de sostenibilidad.

*Guy Edwards es actualmente un consultor independiente que trabaja en la gobernanza climática y la geopolítica en América Latina y el Caribe. Anteriormente fue consultor senior en la División de Cambio Climático del BID y codirector del Laboratorio de Clima y Desarrollo de la Universidad de Brown. Es coautor del libro A Fragmented Continent: Latin America and the global politics of climate change, publicado por MIT Press en 2015.

Matías Franchini es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Fue investigador visitante en la Princeton School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y becario de investigación postdoctoral en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Es autor de Climate Change Politics in Latin America and the Caribbean en el Oxford Research Encyclopedia of Politics (2021).

Hace unas semanas, John Kerry, Enviado Especial del Presidente Biden para el Cambio Climático, mantuvo una llamada con el Presidente Duque, para tratar de la crisis climática. Este evento refleja dos desarrollos relevantes y propone una pregunta.

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En primer lugar, tras los años de negacionismo climático de la administración Trump, el Presidente Biden se reincorporó rápidamente al Acuerdo de París, colocó la crisis climática en el centro de su agenda política y parece dispuesto a convertir el tema en prioritario para sus relaciones con Latinoamericana.

En segundo lugar, Colombia recibió de parte de Kerry el calificativo de líder en acción climática, cimentado en la ambiciosa revisión de su meta de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. En efecto, Colombia anunció en noviembre de 2020 que pretende reducir sus emisiones en un 51% en comparación con las emisiones previstas para 2030 y reducir las emisiones de carbono negro u hollín en un 40% en comparación con 2014. El nuevo objetivo es coherente con el Acuerdo de París y sitúa a Colombia en una senda más prometedora para lograr cero emisiones netas en 2050.

En un mundo de temperaturas en aumento, donde los fenómenos climáticos extremos se aceleran y los compromisos insuficientes para frenar las emisiones abundan, la tentación de etiquetar a algunos países como líderes climáticos es frecuente. Sin embargo, ¿basta con anunciar nuevos objetivos para ser considerado un líder? ¿Es Colombia un líder climático?

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La respuesta es que Colombia podría serlo, pero el camino es arduo y no hay garantías. Aunque el nuevo objetivo está respaldado por el Presidente Duque y sigue a algunos avances en la agenda climática doméstica e internacional del país, la situación económica y política más amplia muestra lo difícil que será alcanzar estos ambiciosos objetivos sin un enfoque más holístico de parte del gobierno y la participación activa del sector privado y la sociedad civil.

Por un lado, aunque la meta de 51% es un avance destacado y en el proceso han participado múltiples actores, el gobierno aún debe aclarar cómo se implementará. En este camino, el sector clave será la agricultura, los bosques y otros usos del suelo, que representan cerca del 60% de las emisiones del país. El control de la deforestación es crucial, y aunque los nuevos objetivos incluyen la meta de llegar a deforestación cero neta para 2030, las perspectivas son complicadas. Durante los tres primeros meses de 2020, la tasa aumentó 58% en comparación con el mismo periodo de 2019, superando las 75.000 hectáreas.

Más aún, la grave situación de seguridad y el asesinato de cientos de líderes sociales ponen de manifiesto los problemas de gobernanza y la limitada capacidad del Estado en vastas zonas en las que abunda la actividad delictiva. Una mejora substancial en este área es determinante para que el país cumpla sus compromisos de París y otros objetivos de seguridad y desarrollo sostenible. Por ejemplo, Manuel Rodríguez Becerra, exministro de medio ambiente, sostiene que la Fiscalía debería intensificar el arresto y procesamiento de las personas que llevan a cabo y financian la deforestación.

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El sector energético es el segundo ámbito destacado donde la energía eólica y la solar representan actualmente sólo el 0,2% de la capacidad total en Colombia. Y aunque se espera un fuerte crecimiento en los próximos años y la energía hidroeléctrica sigue proporcionando la mayor parte de la electricidad, alrededor del 30% de la capacidad total instalada para la generación de electricidad sigue procediendo de los combustibles fósiles.

Además de la tradicional importancia del sector energético y minero para la economía colombiana, el gobierno parece estar dispuesto a impulsar el fracking para revertir la disminución de la producción de petróleo y gas e impulsar la recuperación económica pos-pandemia. Sin embargo, esto socavaría los esfuerzos por reducir las emisiones, al tiempo que colocaría a al país a contramano de las tendencias mundiales, que transitan hacia las energías limpias. Colombia podría tener dificultades para encontrar mercados para su exportaciones contaminantes a medida que sus principales socios comerciales y de inversión adoptan la descarbonización. La falta de mercados subiré el riesgo que los activos de combustibles fósiles se retiren anticipadamente o se queden varados temprano que llevaría grandes costos.

Por otro lado, de cara a la recuperación de la pandemia, Colombia ha dado señales limitadas de que su paquete de estímulo económico es consistente con sus objetivos climáticos. Si bien el “Nuevo Compromiso con el Futuro de Colombia” pretende acelerar la plantación de 180 millones de árboles e impulsar los proyectos de energías renovables, el paquete en su conjunto no es ecológico, ya que múltiples proyectos, como la construcción de carreteras y el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles, probablemente redundarán en un aumento de las emisiones.

Finalmente, el cambio climático también compite con otras preocupaciones. En las encuestas públicas, las cuestiones cambio climático no suelen ocupar un lugar destacado. La agenda del Congreso Nacional y de los principales candidatos para las elecciones en 2022 también muestra un interés limitado. Este es también un desafío central, ya que para lograr un objetivo de tamaña ambición, será fundamental el apoyo de las élites políticas en particular.

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Durante este año decisivo para el clima y la biodiversidad, el objetivo del 51% es un paso crucial, pero debe integrarse más estrechamente en los procesos de recuperación económica y construcción de paz. Para ayudar, la actualización de la ley climática existente para incluir los objetivos para 2030 y el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050 antes de las elecciones de 2022 podría ayudar a establecer el cambio climático como un tema bipartidista, que los gobiernos futuros deberían respetar. La publicación de la estrategia climática a largo plazo de Colombia para alcanzar emisiones netas cero para 2050 este año también puede estimular un debate sobre cómo evitar quedar atrapado en una vía de desarrollo intensivo en carbono y gestionar una transición justa para los afectados.

Los vecinos de Colombia sirven como advertencia sobre el riesgo de etiquetar prematuramente a países como líderes climáticos: Brasil y México fueron los líderes de la región una década atrás, y hoy el primero está liderado por un negacionista del clima que tutela crecientes niveles de destrucción de la selva Amazónica. Mientras que en México, el gobierno federal favorecen fuertemente los combustibles fósiles. Así, debemos ser cautos a la hora de calificar a los países de líderes climáticos sino median resultados claros en términos de sostenibilidad.

*Guy Edwards es actualmente un consultor independiente que trabaja en la gobernanza climática y la geopolítica en América Latina y el Caribe. Anteriormente fue consultor senior en la División de Cambio Climático del BID y codirector del Laboratorio de Clima y Desarrollo de la Universidad de Brown. Es coautor del libro A Fragmented Continent: Latin America and the global politics of climate change, publicado por MIT Press en 2015.

Matías Franchini es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Fue investigador visitante en la Princeton School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y becario de investigación postdoctoral en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Es autor de Climate Change Politics in Latin America and the Caribbean en el Oxford Research Encyclopedia of Politics (2021).