Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con luces y sombras, el gobierno saliente de Iván Duque deja una política migratoria que fue vista con admiración en el mundo: la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV) trazó la hoja de ruta a 10 años para regularizar a la población venezolana que llegó a Colombia huyendo del hambre y la desesperación. “Hicimos visibles a más de 2,4 millones de venezolanos en nuestro país”, le comentó a este diario Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Colombia.
Lo cierto es que las cifras son importantes. Hasta ahora, según datos de Migración Colombia, 2’448.218 venezolanos ya cuentan con el Registro Único de Migrantes, de los cuales, 1’280.106 tienen el Permiso de Protección Temporal (PPT), el documento de identificación que les permite a los migrantes y refugiados acceder al Sisbén, a los servicios de asistencia médica, educación y trámites bancarios.
Le puede interesar: Ojo, migrantes venezolanos: esta es una de las pandillas más peligrosas en frontera
A la vez, estamos hablando de 1’926.875 migrantes venezolanos que ya cuentan con el registro biométrico, con huellas y fotografía. La plena identificación, como lo mencionó el analista Ronal Rodríguez a este diario en febrero, protege a los migrantes en caso de ser víctimas y facilita su acceso a las rutas de protección. “Lamentablemente, la victimización de la población migrante está creciendo aceleradamente en los últimos años”, comentó el experto.
Y es que la migración es una realidad que no puede esconderse detrás de muros ni cierres fronterizos. En el mundo hay 89,3 millones de personas desplazadas por la fuerza, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados de 2021. Turquía alberga el mayor número de refugiados, con 3,8 millones de personas. Colombia ocupa el segundo lugar.
La estrategia para atender este reto se empezó a esbozar durante el gobierno de Juan Manuel Santos y se puso en marcha durante la administración de Duque. Recordemos el Conpes 3950 de 2018, por ejemplo, que definió la estrategia para una primera atención a la población proveniente de Venezuela; el Estatuto Temporal de Protección. Ahora queda el Conpes 4100, que es la continuación en esa trayectoria y que aún está pendiente. La respuesta dio resultados contundentes: con el ETPMV, la proporción de población en situación irregular pasó de 60 a 12 %, según Migración Colombia.
Con todo y eso, aún quedan asuntos por resolver. “Las cifras de regularización son muy grandes, sin duda es un logro del Gobierno. Sin embargo, por falta de información, de acceso a internet o a tecnología, y dificultades de acceso en zonas rurales, todavía hay un grupo importante de migrantes que no se han regularizado, ¿qué va a pasar con ellos?”, le comentó a este diario Txomin Las Heras Leizaola, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Le puede interesar: La deuda con los derechos de las mujeres migrantes
Por su parte, Ronal Rodríguez comentó en febrero que al próximo presidente le corresponderá la tarea de hacer efectiva la integración, “no solo posicionando el PPT como documento de identidad, sino estableciendo las rutas para la residencia permanente de la población migrante en nuestro país”, sostuvo Rodríguez.
En diálogo con El Espectador, Lucas Gómez habló sobre la política migratoria del gobierno Duque, específicamente del Estatuto, y sobre los asuntos que quedan pendientes en materia migratoria.
En términos generales, además de las cifras, ¿cuál es el balance de la implementación del ETPMV?
Las cifras son extraordinarias porque recordemos que el Estatuto Temporal de Protección fue lanzado el 8 de febrero de 2021, luego oficializado en el decreto 216 del 1.° de marzo de 2021 y la apertura del prerregistro se dio en mayo del año pasado. Es decir, en un año, nosotros logramos algo que es maravilloso; hay muy pocas experiencias internacionales que presentan eso, y es el hecho de haber generado confianza en la población migrante.
¿Qué quedó pendiente en cuanto al Estatuto?
Hay un subregistro porque, finalmente, los tiempos del ETPMV indicaban que, por ejemplo, toda persona que entró de manera irregular al país después del 31 de enero de 2021 no podía acceder al Estatuto. Y sabemos que hay gente que siguió entrando.
Nosotros diseñamos una ruta, que ahora se llama ruta de protección, que sigue asistiendo a personas que tienen vocación de permanencia en Colombia, o que incluso están con vocación de ir a un tercer país, pero que se quedan en el nuestro de manera invisible; eso es algo que tendremos que trabajar y que el nuevo gobierno tendrá que revisar.
Otros retos relacionados con eso, quizás el más importante es que la regularización es un paso, quizás el primero y más importante, pero la integración socioeconómica es la única manera de poder sacar el máximo provecho a la migración. Esa integración tiene muchos elementos, unos son institucionales, pero también hay retos sociales en donde la xenofobia es una realidad, por ejemplo.
Le puede interesar: De atender a integrar: el próximo paso de la política migratoria en Colombia
También hay desafíos en términos del mercado laboral; entender cómo podemos sacar el máximo provecho a las habilidades que tiene la población migrante, algunas diferentes a nuestro mercado laboral colombiano. Hay muchas cosas por hacer, casi que sector por sector, pero estoy convencido de que vamos por el buen camino y que todos los días vemos historias exitosas de integración.
El Estatuto fue estructurado como un mecanismo temporal, ¿se pensó qué sigue tras cumplirse los 10 años de su implementación?
Buscamos que en ese espacio de 10 años estas personas puedan alcanzar los criterios que tiene el régimen ordinario de visas para ser residentes en nuestro país. Es decir, aquí hay un proceso de protección que ofrece unas condiciones especiales para la población venezolana, en el que hay un período de tiempo para adaptarse, volverse productivos y poder, en su momento, acceder al régimen ordinario de visas, que también va a sufrir algunas modificaciones para facilitar el acceso.
Esto es clave, pues acceder a una visa de residente en Colombia puede costar alrededor de un millón de pesos, plata que no tienen los migrantes venezolanos que entran con hambre por nuestras fronteras.
Por otro lado, hay que hablar del nuevo gobierno. Lo que se pretende es que esto sea una política de Estado que trascienda el 7 de agosto, por supuesto, pero que también se entienda que esto no es un tema del Gobierno Nacional, esto es un asunto que necesita de las autoridades locales, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado. En ese sentido, creo que hay mensajes muy contundentes en donde, a pesar de algunos pronunciamientos, un poco desinformados, de algunos voceros del nuevo gobierno, no hay una posición contraria ni una búsqueda de desmontar el Estatuto Temporal de Protección.
¿Qué pasa con los temas que al parecer quedaron pendientes, como la Ley de Fronteras y la de Política de Integración Migratoria?
La Ley de Fronteras es una iniciativa que surgió desde la Cancillería y tiene como objetivo desarrollar y dinamizar mucho más nuestras fronteras. Fue aprobada por el Congreso el año pasado y la Cancillería tenía la tarea de avanzar en su reglamentación; lo que entiendo es que no han hecho unos avances muy considerables y que una de las críticas que se tienen de la ley es que los recursos no están comprometidos para el cumplimiento de los artículos que están presentes.
Le puede interesar: Los proyectos y leyes que han ayudado a la población migrante en Colombia
Frente a la Política Integral Migratoria, se ha hecho un trabajo muy importante liderado por la Gerencia de Fronteras, y particularmente con el capítulo cinco de integración socioeconómica, en donde identificamos las acciones y el Conpes 4100, que va en paralelo y en complemento de esta reglamentación de la Política Integral Migratoria, que ya está incluso el decreto de reglamentación publicado para comentarios.
Nosotros esperamos dejar reglamentado, a través de decreto, ese capítulo específico de integración, en donde, por ejemplo, los ministerios de Trabajo, de Comercio, de Salud y de Educación han jugado un papel muy importante. No queremos tampoco que se perciba como que tenemos que dejar firmado el decreto a última hora, porque ha sido un trabajo arduo, es algo que estamos trabajando con cooperación internacional para que sea un insumo que le permita al nuevo gobierno entender la necesidad de esa reglamentación.
¿Hay cifras sobre la integración económica tras la implementación del ETPV?
Teníamos un subregistro muy grande, y lo más importante es que vimos cómo se triplicó el número de personas que han pasado del régimen subsidiado al contributivo. Esto se da con reportes de la Pila que son trimestrales, por lo que apenas estamos viendo estos efectos. Lo que sí puedo decir es que estamos a casi 200.000 migrantes que están cotizando en salud; son cifras muy importantes, porque envían un mensaje que cambia la percepción de que los migrantes son sinónimo de vulnerabilidad; el migrante también es una mano de obra productiva para el país.
Asimismo, estamos viendo una absorción cada vez más grande de esta población por parte del sector formal. También en la informalidad hemos visto emprendimientos que ya están adquiriendo cámaras de comercio, que están formalizando negocios que venían funcionando, pero que por la imposibilidad de hacer parte de una visión regular de su estatus migratorio, no contaban con estos procesos.
Algunos analistas le comentaron a la Silla Vacía que “el cerco diplomático hizo más peligrosa la frontera”, pues esto dejó sin operatividad los canales regulares y permitió el auge de actores ilegales, un asunto que dejó a los migrantes en una situación vulnerable. ¿Cómo les fue gestionando la seguridad en las fronteras?
El cerco diplomático no afectó en absolutamente nada las condiciones de seguridad en la frontera, y menos para los migrantes, porque nosotros lo que brindamos fue un esquema de protección a todos aquellos que llegaban a nuestro país. Vimos en nuestras carreteras de Norte de Santander, de La Guajira, de Arauca, miles de personas huyendo del régimen y buscando protección en Colombia, por eso justamente sacamos el Estatuto.
Ahora se habla de la reapertura de fronteras, pero nosotros tenemos frontera abierta con Venezuela desde el 2 de junio por una resolución de Migración Colombia del año pasado, en donde lo único que en este momento no funciona en Norte de Santander es el intercambio comercial por razones que están ligadas a temas de infraestructura del puente y por temas de seguridad nacional, en donde recordemos que desde Venezuela se fraguaron varios atentados y uno en particular contra el presidente de la República.
Usted mencionó que entablar relaciones nuevamente con Venezuela no va a cambiar la situación migratoria…
Lo digo con toda la contundencia, es una desfachatez pensar que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas va a frenar la migración y va a resolver el tema de integración socioeconómica de aquellos que tienen vocación de permanencia. Esto es una visión equivocada de lo que es la migración. Por eso no es apropiado hablar de planes de retorno; yo estuve reunido con población migrante en Barranquilla esta semana y me decían que, en caso de que las condiciones cambien en Colombia, el 95 % no ve como una opción retornar a Venezuela, sino ir hacia un tercer país.
Le puede interesar: Cédulas canceladas, una razón para que Colombia reformule su Ley de Retorno
El restablecer relaciones diplomáticas no implica un retorno masivo de población migrante venezolana, eso es un error, y es un error que envía un mensaje muy contradictorio a lo que ha sido una política de Estado.
Tampoco hay que dejar de lado la frontera con Panamá, o la frontera con Apure (Venezuela), pues en ambas se han presentado situaciones peligrosas para la población migrante.
Esto es importante, porque nosotros hemos visto una evolución en temas migratorios. Arauquita nos representó un esquema casi tradicional desde el punto de vista del derecho internacional para los refugiados, en donde más de 6.000 personas tuvieron que huir entre combates entre disidencias de las Farc, las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela y otros actores, pero dimos respuestas desde el punto de vista humanitario y logramos solventar la crisis.
El tema con el Tapón del Darién es una variable de migraciones transnacionales. Lo que estamos disponiendo es toda una infraestructura basada en protección, en esquemas humanitarios, pero también en información. Hay que encontrar una ruta segura entre Colombia y Panamá, y tener una visión regional en donde más que pensar el tema migratorio en las fronteras, hay que hablar de cómo brindar oportunidades en los países de acogida para los migrantes que llegan de forma permanente o de tránsito.
¿Sabe quién lo va a reemplazar en el cargo?
No. Por ahí suena Iván Gaitán, que está trabajando en Bogotá para temas de migrantes. Es desafortunado no saber quién queda y que este tema no sea relevante en la agenda del presidente electo, porque este es un tema del presidente, no de la Cancillería.
